Gerardo Jesús Cruz Marquez
Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Gerardo Jesús Cruz Marquez
- Maria Patricia Marquez de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad vinculada emitió la resolución fiscal número AGJ/1079/2021, la cual ordenó notificar personalmente en el domicilio de la parte quejosa, sin que hubiese remitió la constancia de notificación respectiva. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certifica certificada de la notificación practicada a la parte quejosa, respecto de la mencionada resolución AGJ/1079/2021, por la cual ordenó la desincorporación de los preceptos declarados inconstitucionales. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó la notificación personal a la parte quejosa, respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable, sin que la misma se hubiese realizado. Regularización y notificación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este juzgado revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar las irregularidades advertidas; en ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, el auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita a este juzgado de distrito, acuse recibo del oficio 2931/2021-SA, por el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María Patricia Márquez de León y Gerardo Jesús Cruz Márquez, registrada ante dicho tribunal con el expediente de juicio de amparo directo 504/2021. Se acusa. En ese sentido, comuníquese al tribunal de alzada que mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio de referencia, y este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Escrito. Téngase por recibido el escrito de María Patricia Márquez de León y Gerardo Jesús Cruz Márquez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno. Aclaración. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa por aclarando su escrito de demanda. Se desecha de plano. Una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo; lo anterior por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [. . .]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debió promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa reclama la cancelación de pensión alimenticia decretada en resolución incidental de fecha veinticuatro de febrero del año en curso; sin embargo en su escrito aclaratorio de demanda refiere, bajo protesta de decir verdad, que el once de marzo del mismo año, promovió recurso de apelación en contra de dicha resolución, asimismo manifiesta que por medio de auto de diecinueve de marzo del presente año, la autoridad responsable no aceptó dicho recurso, acompañando copia del mencionado proveído. Dicha afirmación de la parte promovente del amparo, en cuanto a la fecha en que promovió el recurso contra la resolución incidental, manifiesta haber conocido del acto reclamado, constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Tiene aplicación al presente asunto, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J. 27/96, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en la página 57, del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200094, del rubro y texto (subrayado añadido): "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Cabe señalar que dicho criterio es aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que se ostenta sabedora del acto reclamado, esto es, dicho plazo inició el día doce de marzo de dos mil veintiuno y concluyó el siete de abril de dos mil veintiuno (sin tomar en consideración los días quince y treinta y uno de marzo, uno y dos de abril del año en curso, por resultar inhábiles, así como los sábados y domingos que mediaron entre dicho plazo, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el caso, del sello obrante en la demanda de amparo, se desprende que la misma fue presentada ante la autoridad responsable, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, siendo recibida por este juzgado de distrito el treinta de ese mismo mes y año. Ahora bien, debe tenerse en consideración que aun cuando los efectos del acto reclamado en la demanda en estudio se prolongan en el tiempo y que pudiera tener la connotación de actos de tracto sucesivo, lo cierto es que el término para combatirlo en el juicio de amparo tramitado en la vía indirecta, es de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, aun cuando el acto que reclama sea de naturaleza penal, puesto que el acto de autoridad empieza a ocasionar perjuicio al quejoso desde el primer momento en que se agotó, independientemente de que dicho acto siga teniendo efectos día tras día; por tal motivo, es el acto inicial del que tuvo conocimiento la quejosa, el que la legitima para promover la demanda de amparo y, si no lo impugna dentro del plazo legal, computado a partir del día en que tuvo conocimiento de él, es evidente que obró el consentimiento tácito en su ejecución. En consecuencia, es incuestionable que el juicio de amparo fue instaurado extemporáneamente, pues la parte quejosa tenía hasta el siete de abril de dos mil veintiuno, para presentar su demanda de amparo, y no obstante, la presentó el cuatro de junio de dos mil veintiuno, por lo que sin duda, transcurrió con exceso el término de quince días con que se contaba para la presentación de la demanda relativa, a partir de que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. Sustenta lo anterior, por ilustrativa, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Página 5, registro 163172, aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Consecuentemente, lo procedente desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que la causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA ". Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Vía para la rendición de promociones. A pesar de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notificación personal. Para ese efecto la actuaría deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con las partes, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando el equipamiento proporcionado para ello, inclusive dispensándose que las partes estampen su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore de que habló con ellos y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluido, desde luego, el correo electrónico, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada de ello, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del citado virus. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Escrito. Por recibido el escrito signado por el licenciado Juan Zavala Vázquez, autorizada de la parte quejosa, mediante el pretende desahogar el requerimiento realizado por este juzgado federal en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno. Acuerdo. En atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tener por desahogada la vista del proveído en mención, toda vez que el autorizado no está facultado para aclarar la demanda. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª. 9, ubicable en la página 295, tomo III, primera parte del semanario Judicial de la Federación, Octava época, materia común, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material". Al igual que la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, localizable en la página 210, libro 9, tomo I, agosto de 2014, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". En tales condiciones, no ha lugar a tenerle por desahogando la vista realizada y, por ello, subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de treinta de junio del año en curso, en la inteligencia de que dicho término se interrumpe con la presentación del escrito de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Notifíquese personalmente.
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