Gerardo Javier Gonzalez Anaya

Expediente 124/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
124/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
20/12/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Javier Gonzalez Anaya
  • Claudia Gabriela Sandoval Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa GERARDO JAVIER GONZALEZ ANAYA, el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio de amparo 124/2016, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, ambos de la Ley de Amparo

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que en cinco de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia constitucional que se dictó en el presente juicio, por tanto, requiérase al Director de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, como superior jerárquico de la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, conmine a su inferior a que dé cumplimiento al fallo protector, en el entendido de que deberá realizar los trámites administrativos necesarios para informar el cumplimiento dado en la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado las constancias que acrediten lo anterior; en la inteligencia de que el amparo se concedió para el efecto de que: "En consecuencia, ante las violaciones a los derechos fundamentales que se destacan, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad Comisión de Honor y de Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad: a) Deje sin efectos el acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciséis, relativo al inicio del procedimiento de separación de cargo en el expediente CHJ/PSC/01/2016, seguido contra el quejoso, así como las ulteriores actuaciones en dicho expediente. b) Con plenitud de jurisdicción emita acuerdo en el mismo o diverso sentido, es decir, determine si procede citar o no al servidor público a la audiencia dentro del procedimiento administrativo CHJ/PSC/01/2016. c) Para el caso de que se cite al servidor público a la audiencia, en el acuerdo de inicio se deberá precisar qué requisito o requisitos de permanencia presuntamente habían sido incumplidos por la parte quejosa, por no aprobar el proceso evaluación de control de confianza, así como que exámenes se le practicaron, cuál o cuáles de ellos no fueron aprobados, y las razones de dicho resultado, conforme a los lineamientos establecidos en el la presente resolución". Con el apercibimiento que de no cumplir en el plazo antedicho, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintisiete de enero de dos mil dieciséis, equivalente a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte que en el presente juicio obra un sobre cerrado que dice contener el expediente de la evaluación de control y confianza del quejoso Gerardo Javier González Anaya, que remitió la autoridad responsable Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; sin embargo resulta innecesario conservar dicho sobre; por tanto, mediante oficio con transcripción devuélvase a la autoridad en cita. Finalmente, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en párrafos supra. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Emmanuel Cuellar Balderas, Juez Quinto de Distrito en el Estado, ante Antonio Bio Jiménez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo y las partes no recurrieron la sentencia constitucional que se dictó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, causa ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo; en la inteligencia de que el amparo se concedió para el efecto de que: "En consecuencia, ante las violaciones a los derechos fundamentales que se destacan, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad Comisión de Honor y de Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad: a) Deje sin efectos el acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciséis, relativo al inicio del procedimiento de separación de cargo en el expediente CHJ/PSC/01/2016, seguido contra el quejoso, así como las ulteriores actuaciones en dicho expediente. b) Con plenitud de jurisdicción emita acuerdo en el mismo o diverso sentido, es decir, determine si procede citar o no al servidor público a la audiencia dentro del procedimiento administrativo CHJ/PSC/01/2016. c) Para el caso de que se cite al servidor público a la audiencia, en el acuerdo de inicio se deberá precisar qué requisito o requisitos de permanencia presuntamente habían sido incumplidos por la parte quejosa, por no aprobar el proceso evaluación de control de confianza, así como que exámenes se le practicaron, cuál o cuáles de ellos no fueron aprobados, y las razones de dicho resultado, conforme a los lineamientos establecidos en el la presente resolución". Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 19, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que asciende a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 m.n.), conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinada desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. De igual forma, se informa a la autoridad que en caso que demuestre fehacientemente que se encuentra en vías de cumplimiento y justifica la causa de su retraso se podrá ampliar por una sola ocasión el plazo que se le otorga en el presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por último, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, como superior jerárquico de la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, conmine a sus inferiores a que den cumplimiento al fallo protector, en el entendido de que deberá realizar los trámites administrativos necesarios para informar el cumplimiento dado en la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado las constancias que acrediten lo anterior; con el apercibimiento que de no cumplir en el plazo antedicho, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintisiete de enero de dos mil dieciséis, equivalente a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Emmanuel Cuellar Balderas, Juez Quinto de Distrito en el Estado, ante Antonio Bio Jiménez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    ...se confirma la sentencia interlocutoria...se concede la suspension definitiva...

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