Gerardo Javier Balderas Zavala

Expediente 1087/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1087/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Javier Balderas Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obran las constancias de notificación del proveído por el que se tuvo por interpuesto los recursos de queja en contra de los acuerdos de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio, como se advierte: AUTO 08/06/2023 22840/2023 JEFA DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 575 22841/2023 CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL (AUTORIDAD RESPONSABLE) 576 22842/2023 SECRETARIO DE OBRAS PUEBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEXMELUCAN PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 577 PARTE QUEJOSA 571 Por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, incisos a) y e), y 101 de la Ley de Amparo, ríndanse los informes respectivos a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, en el sentido que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, para ello se remite por separado los dos escrito de queja, así los escritos originales de expresión de agravios y una copia simple de los mismos para el fiscal ejecutivo asistente adscrito al tribunal revisor que corresponda conocer de los recursos de queja que nos ocupa y copia certificada del presente juicio, a fin de que sirvan sustanciarlos y a efecto de garantizar a los justiciables el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, se ordena girar oficios a los Tribunales Colegiados en turno, que corresponda conocer de los citados recursos, para hacer de su conocimiento el presente auto. Comuníquese a la Superioridad que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el diario oficial de la federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, las constancias quedarán a su disposición de manera electrónica para resolver el presente asunto. Para ello, instrúyase a la oficial judicial "A" adscrita a este Juzgado Federal, a efecto de que proceda INMEDIATAMENTE a vincular en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el presente expediente para pueda consultar las constancias que lo integran; asimismo, se REQUIERE a los actuarios para una vez que se tenga la papeleta de la Oficialía de Partes Común en la que se advierta a qué tribunal colegiado correspondió conocer se REMITA a la oficial judicial "A" a efectos de que corrobore en esa misma fecha, el lugar a que fue vinculado el asunto. Finalmente, se señala el cuatro de septiembre de la presente anualidad, para verificar si el Tribunal se pronunció respecto a los medios de impugnación en comento.

  2. Principal

    "San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que la sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la sentencia de amparo, consistentes en: En tales condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a Ricardo Rodríguez Barrientos, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su presidente, requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social el cumplimiento de las obligaciones a las que fue condenado en el laudo de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 1567/2015, pudiendo auxiliarse para ello de los medios de apremio que considere necesarios para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; o en su caso dicte resolución que corresponda respecto si existe algún impedimento para lograr la ejecución. Sin que la concesión de amparo tenga alcances sobre las subsecuentes omisiones o dilaciones en que pudiera incurrir la responsable, dado que la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 2ª./J.36/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515, Libro IV, Tomo IV, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, se señala el ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

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