Gerardo Iván Ramírez Loya

Expediente 782/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
782/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
23/10/2017

Partes del expediente

  • Gerardo Iván Ramírez Loya
  • Vanessa Juárez García
  • Gerardo Iván Ramírez Loya y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran si existía alguna inconformidad contra la resolución de veintidós de septiembre del año actual, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 782/2016-I, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201, fracción I, de la citada ley; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29, FRACCIONES I, II, III y IV, DE LA LEY DE AMPARO: Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrieron los plazos de tres días concedidos al quejoso en proveídos de cinco y seis de septiembre actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa, acorde a las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es necesario mencionar que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante Gerardo Iván Ramírez Loya, en los siguientes términos: "SEXTO (.) Por tanto, al carecer la solicitud de la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo indirecto, del requisito formal referente a la presunción razonable de demora o dificultad de la comparecencia del imputado, ahora quejoso Gerardo Iván Ramírez Loya, la orden de aprehensión así librada contraviene los principios de presunción de inocencia e imparcialidad que rigen en el nuevo sistema de justicia penal y por ende, resulta violatoria de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 de la constitución federal, razón por la cual lo procedente es, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, conceder el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión solicitados, de manera lisa y llana; es decir, para que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, haga lo siguiente: Deje sin efectos la orden de aprehensión emitida el ocho de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 335/2016, en contra del aquí quejoso Gerardo Iván Ramírez Loya. En atención al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/92, visible en la página 14, Gaceta 56, Agosto de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes. "ORDEN DE APREHENSION INFUNDADA E INMOTIVADA. LA PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto jurídico de la sentencia que otorgue el amparo al quejoso o agraviado, es el de restituirlo en el uso o goce de la garantía individual que le fue violada o transgredida, es decir, volver la situación al estado que tenía antes de la violación cometida por la responsable, lo que significa que esa sentencia nulifica el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; en consecuencia, la concesión del amparo respecto de una orden de aprehensión que contenga violaciones formales debe ser lisa y llana y no para efectos". Lo anterior, sin perjuicio de que el agente del Ministerio Público, de ser el caso, pueda formular nuevamente su petición al Juez de Garantías en términos de ley. Efecto de la concesión del amparo que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no haberse reclamado por vicios propios. Tiene aplicación al respecto, la tesis XXI. 1o. 96 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Tomo XIV, septiembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, página 272, disco óptico IUS 2007, misma que comparte y hace suya este cuerpo colegiado, que a continuación se transcribe: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (.)". Posteriormente, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto último, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en esta ciudad, en la que se confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable el Juez de Control del Distrito judicial Bravos, con asiento en esta ciudad. Por lo tanto, mediante los autos de cinco y seis de septiembre que transcurre, respectivamente, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el referido juzgador, a través de los cuales informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el uno de septiembre de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada en contra de Gerardo Iván Ramírez Loya, dentro de la causa penal 335/2016, por el delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 123, en relación con el 124, ambos del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de Héctor Roberto Dueñez Rayos y Saúl de la Cruz González, en hechos sucedidos el treinta de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en el domicilio ubicado en la calle Rivera Bahía, número 260, del fraccionamiento Riveras del Bravos, Etapa I, de esta ciudad; así como por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Martín Antonio de la Cruz González; asimismo, remitió copia certificada de los oficios enviados al agente del Ministerio Público y al Coordinador Especial B de la Policía Estatal Única, Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada de Ordenes de Aprehensión, a los cuales trascribió el mandato de referencia. En atención a lo expuesto en el párrafo que antecede, se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su interés conviniera dentro del plazo de tres días, sin que a la fecha haya manifestado nada al respecto, no obstante que se encuentra legalmente notificado para ello. Precisado lo anterior, este órgano judicial procede a analizar si el fallo protector está cumplido o no lo está, si el juez responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. De acuerdo a los efectos de la sentencia de amparo que fueron precisados y a lo informado por la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; en virtud de que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida el ocho de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 335/2016, en contra del aquí quejoso Gerardo Iván Ramírez Loya; aspectos a que se constriñó el fallo protector. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Cuauhtémoc Pineda García, secretario que autoriza lo actuado y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Agréguese el oficio firmado por la licenciada Carmen Leticia Prieto Ruíz, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con asiento en esta ciudad, mediante el cual en alcance al diverso 1232 de uno de los actuales, recibido en la oficialía de partes de este juzgado en esa misma fecha, remite copia certificada de los comunicados dirigidos al agente del Ministerio Público y al Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada de Ordenes de aprehensión, en los que les informa que se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en contra de Gerardo Iván Ramírez Loya. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector de garantías; apercibida que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable. En apego a lo dispuesto por la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible a foja 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)".

  4. Principal

    Agréguese el oficio firmado por la licenciada Carmen Leticia Prieto Ruíz, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con asiento en esta ciudad, mediante el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se deja sin efectos la orden de aprehensión dictada en contra de Gerardo Iván Ramírez Loya, dentro de la causa penal 335/2016, por el delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 123, en relación con el 124, ambos del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de Héctor Roberto Dueñez Rayos y Saúl de la Cruz González, en hechos sucedidos el treinta de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en el domicilio ubicado en la calle Rivera Bahía, número 260, del fraccionamiento Riveras del Bravos, Etapa I, de esta ciudad; así como por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Martín Antonio de la Cruz González. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector de garantías; apercibida que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable. En apego a lo dispuesto por la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible a foja 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente.

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