Gerardo Ivan Gutierrez Dominguez

Expediente 1806/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1806/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Ivan Gutierrez Dominguez
  • Mauricio Ruben Gutierrez Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y atento a la razón levantada el veintidós de noviembre actual, por la actuaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que no fue posible emplazar a los terceros interesados********************y********************, dado que en el domicilio proporcionado no viven ni conocen a los buscados. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que surta efectos la notificación que se le realice de este proveído, proporcione el domicilio cierto y actual donde puedan ser notificados de este juicio los aludidos terceros interesados. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que se le otorga, se procederá conforme lo establecido en la primera parte del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, esto es, el emplazamiento de mérito se ordenará hacer por edictos a su costa, una vez agotados los medios de investigación pertinentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1806/2023-IV-A, promovido por ********************y********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, ********************y********************, por su propio derecho, solicitaron la suspensión definitiva del acto que reclamaron de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en: La resolución de once de octubre de dos mil veintitrés, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos, en el toca penal 20/2023, por su probable participación en la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. SEGUNDA. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad, con residencia en la ciudad; toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo [registro 17920]. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa respecto del acto reclamado, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos; y por ende es sobre los efectos y consecuencias del acto de la autoridad, que procede hacer el análisis sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. En este sentido, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Ahora bien, al analizar los requisitos señalados en relación con la suspensión, se obtiene lo siguiente: I. Que la solicite la quejosa, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. Aspecto que se encuentra colmado en la especie, ya que se observa de la demanda de amparo que la parte quejosa expresamente solicitó la suspensión del acto reclamado, además, cuentan con el interés suspensional suficiente en la medida que el acto de vinculación a proceso por el delito de falsificación de documentos recayó en sus personas. II. Asimismo, se encuentra acreditado en autos el segundo de los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; ya que el acto reclamado incide sólo sobre intereses de los quejosos. En este orden, con apoyo en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión definitiva que se solicita, para el efecto de que los amparistas queden a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlos, para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva el juicio en lo principal. Sin que obste a ello, que la autoridad juzgadora pueda decretar alguna medida cautelar, que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para los aquí quejosos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad podrá continuar el procedimiento hasta el cierre de la etapa intermedia, donde deberá suspenderlo en tanto se resuelva el juicio de amparo principal. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva a ********************y********************, en contra del acto que reclamaron de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de estos autos incidentales y la cuenta que antecede, se agrega el informe previo rendido por la Magistrada de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónense al celebrarse la audiencia incidental. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio que se le giró en estos autos remitiéndole el anexo correspondiente al presente juicio. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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