Gerardo Ivan Dominguez Miller

Expediente 803/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
803/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Ivan Dominguez Miller

Actuaciones

  1. Principal

    V- Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que transcribe el auto de 13 de octubre de 2022, dictado en autos del juicio de amparo 1031/2022-ll de su índice, donde se advierte que en atención al planteamiento realizado por este órgano jurisdiccional en proveído de 5 de octubre de 2022, aceptó la competencia planteada en el presente asunto y que se avocó para conocer del juicio de amparo 803/2022-V-B del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Gerardo Iván Domínguez Miller. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno correspondiente, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos conducentes de expediente impreso y del electrónico En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo; y, que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes Por último, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    V.- Agréguese la boleta de turno con el número de registro: 20220926034500350, enviada a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, de la que se advierte que en relación a lo acordado el 5 de octubre de esta anualidad, en donde este Juzgado se declaró incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto 803/2022-V-B, se turnó la demanda de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con residencia en la citada ciudad. Al respecto, se reserva acordar lo conducente una vez que el citado juzgado federal informe lo proveído en la competencia declinada. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    V.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de cinco de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "Recepción de demanda Agréguese el escrito de cuenta firmado por Gerardo Iván Domínguez Miller, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Cancún, Quintana Roo y otra autoridad. Radicación Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 803/2022-V-B, fórmese el expediente físico así como el electrónico y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Precisión de los actos reclamados Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa atribuyó a las autoridades responsables, los siguientes actos reclamados: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A. omisión de la autoridad responsable de emitir sentencia en la causa penal 263/2013. B. Dilación por parte de la autoridad responsable en la causa penal 263/2013. C. Privación arbitraria de mi libertad." De lo anterior destaca que el quejoso Gerardo Iván Domínguez Miller señala de manera destacada tres actos; sin embargo, de la lectura integra de la demanda, es posible establecer que lo reclamado como privación arbitraria de la libertad, no es autónomo de la dilación por parte de la autoridad responsable en dictar sentencia en la causa penal 263/2013 pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y de los conceptos de violación, se concentra en establecer que ha estado en prisión preventiva oficiosa por más de 9 años, sin que el juzgador de primera instancia haya dictado sentencia definitiva. En consecuencia, para efectos de integrar la litis en el presente juicio de amparo, se precisa como acto reclamado destacado la omisión de dictar sentencia en la causa penal 263/2013. Pronunciamiento respecto a la suspensión de plano Respecto de tal solicitud, la cual se hizo en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo1, debe precisarse que, en párrafos que anteceden se tuvo que lo que efectivamente se reclama en esta instancia constitucional, es la omisión de dictar sentencia por parte de la responsable ordenadora juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Cancún, Quintana Roo, en la causa penal 263/2013; por tanto, no es factible el pronunciamiento sobre la suspensión de plano del citado acto reclamado, pues no se advierte que la reclamación que dio origen a este asunto constituya ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, pues como se advierte, en contra del aquí quejoso se encuentra radicada la causa penal 263/2013, del índice de la responsable. Por tanto, el acto que esta vía constitucional se reclama no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 15 de la Ley de Amparo, relativa a que, el juicio de amparo podrá hacerlo cualquiera persona en nombre del directo quejoso, cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo. Incompetencia por razón de territorio. En necesario destacar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa atribuyó a las autoridades responsables, los siguientes actos reclamados: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A. omisión de la autoridad responsable de emitir sentencia en la causa penal 263/2013. B. Dilación por parte de la autoridad responsable en la causa penal 263/2013. C. Privación arbitraria de mi libertad." En ese contexto, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso concreto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama fundamentalmente el hecho de que no se ha dictado sentencia en el proceso penal que le es instruido por un juez penal con sede en Cancún, Quintana Roo, respecto del cual cabe decir, guarda prisión preventiva oficiosa, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Al respecto, es de precisar que actualmente existe criterio judicial establecido que sostiene que el no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. En efecto, de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, al reclamarse dicha omisión en el juicio de amparo, y la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia - por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Por lo que, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, esto es, donde se lleva a cabo su proceso penal, es decir en Cancún, Quintana Roo, como se desprende de las manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en su escrito de demanda y en el apartado del acto reclamado. Lo anterior, sin que obste destacar que en el supuesto de referencia, la omisión de pronunciar sentencia es susceptible de incidir de manera indirecta en la libertad personal del procesado, la cual se concretiza en el lugar donde se encuentra recluido. Sin embargo, dicha circunstancia es insuficiente para afirmar la competencia de las autoridades residentes en su lugar de internamiento, fundamentalmente porque el procesado se encuentra sometido a la potestad del Juez de la causa, cuya jurisdicción no necesariamente coincide con aquella en la que se ejecuta la prisión preventiva. Incluso la Primera Sala, en la contradicción de tesis 187/2011, ha considerado que "apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión permitiría la generación de cierta discordancia entre las resoluciones que dictarán los Jueces de amparo". Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Registro digital: 2023548 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 24/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873 Tipo: Jurisprudencia." Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien por razón de territorio ejerce jurisdicción en esa ciudad en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo y en lo previsto en el punto Cuarto fracción XXVII del ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a través de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún se solicita al juzgado que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo Guzmán Escandón, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el ocurso que se provee. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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