Gerardo Humberto Onofrena Garzon

Expediente 1175/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1175/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Humberto Onofrena Garzon

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Causa Estado. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ... El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita. ... Finalmente, de autos se advierten diversos documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito de demanda (acuse de trece de julio de dos mil veintitrés y un memoria USB extraíble), por ende, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo del acuerdo citado, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos, ello previa constancia que se deje en autos para constancia legal de su entrega y recibo, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida aparentemente por G..., contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 1175/2023-IV. Desechamiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de mérito, por las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, al existir otros en los referidos ordenamientos. A lo anterior, por analogía y al interpretar un precepto de similar contenido, sirve de apoyo la tesis LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Ahora bien, el artículo 6 de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En esa tesitura, es importante destacar que la firma del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, pues en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante aquélla o, si no la sabe hacer, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego. Lo anterior, en atención a lo siguiente: La firma es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo. Denota la voluntad de ejercicio del derecho que en propio escrito se consagra. Es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para darle autenticidad. Asimismo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra firma, como: "nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido." El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." En el caso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México se recibió un escrito de amparo promovido aparentemente por Gerardo Humberto Onofrena Garzón, el cual fue turnado a este órgano jurisdiccional, tal como se puede observar del sello checador de este órgano de control de la constitucionalidad, escrito de demanda en el que se advierte la falta de firma autógrafa por parte del promovente. En consecuencia, toda vez que el escrito de solicitud de protección de amparo carece de la firma autógrafa del promovente, para quien esto determina, no existe certeza respecto de que éste pretenda la acción de amparo, por lo que la demanda de que se trata al no estar avalado su contenido por el ya mencionado, no puede ser considerada en virtud de que no incorpora expresión de voluntad alguna por parte de él. En suma, la firma es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo, pues ésta, denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, además revela la voluntad de ejercicio del derecho que en el propio escrito se consagra y es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para darle autenticidad. Aunado a lo expuesto, la firma es una formalidad esencial para promover el juicio de amparo, ya que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual, en el presente asunto acontece y ante la falta de la firma autógrafa, no se demuestra. Máxime que en el escrito de demanda se presentó físicamente a través del Buzón Judicial, por lo que tampoco se ubica en la hipótesis del artículo 109 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se promueva amparo en términos del artículo 15 del ordenamiento legal de la materia, no se requerirá la firma electrónica. Es aplicable la tesis publicada en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1988, Tomo I, Segunda Parte-1, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Así también es de invocarse la tesis publicada en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1992, Tomo X, Octava Época, sustentada por el extinto Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Finalmente, la tesis visible en la página 508 del Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1990, Tomo VI, Segunda Parte-2, Materia Común, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." En virtud de lo anterior, se desecha de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida aparentemente por Gerardo Humberto Onofrena Garzón. No se soslaya que en cuanto al derecho humano relativo al acceso a la justicia y efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció que el derecho de que se habla no se agota con la simple existencia de tribunales así como de procedimientos ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que dichos recursos judiciales tengan efectividad, esto es, brinden a los justiciables la posibilidad real de interponerlos. Empero, tampoco pasa inadvertido para este Juzgado que inclusive la Corte Interamericana estableció que la existencia y aplicación de presupuestos de admisibilidad de los recursos, resultaba compatible con la propia Convención Americana y que sólo al satisfacerse dichos requisitos, entonces el órgano jurisdiccional ya se encontraba obligado a evaluar las pretensiones hechas valer. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el derecho a un recurso efectivo, no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. Sustenta lo aducido, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, página 890, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis VII.2o.C.14 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que es compartida por este órgano jurisdiccional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3, página 1495, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales." Y también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que también se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1241, que señala: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." De lo anterior se colige que, la existencia de causales de admisibilidad en algún recurso o medio ordinario de defensa, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo a que aluden los preceptos 17 constitucional y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos presupuestos permiten generar seguridad jurídica a los gobernados y una vez satisfechos, el órgano competente está obligado a abordar el análisis de sus pretensiones y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo sus derechos humanos y remediando su violación en caso de que así se demostrara. Sin que tampoco la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo, aunado a que se expuso cuáles son los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sobre el particular se invoca en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, número de registro 2006338, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO." Señalamiento de domicilio y Autorizados. Por los motivos expuestos, no ha lugar a tener como domicilio y autorizados a las personas que designa el aparente el promovente en el escrito de cuenta, pues el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo lo que amerita el "desechamiento" de la demanda (por la falta de firma del promovente), es evidente que tampoco puede atenderse a esos señalamientos si no hay la certeza de la existencia de voluntad para designarlos. Por tanto, acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones, aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se publica en la página web del Consejo de la Judicatura Federal para consulta de las partes. Habilitación de Días y Horas Inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese por medio de lista en términos del presente proveído.de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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