Gerardo Hernández Madera.
Expediente 1103/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gerardo Hernández Madera.
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADOEl secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de queja ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Doy fe. El secretario En la misma fecha, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con el estado de autos, en específico con el acuerdo dictado el catorce de octubre de la anualidad que transcurre, a través del cual se desechó la demanda de amparo y con la certificación que antecede. Conste.Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.En consecuencia, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido.En esa línea, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito; se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse.En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución.Notifíquese.Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe.*María del Carmen*
- Principal
El catorce de octubre de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la juez con la demanda de amparo promovida por GERARDO HERNÁNDEZ MADERA, registrada con el folio 17284, con cuatro copias que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda promovida por GERARDO HERNÁNDEZ MADERA, contra actos de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guadalupe, Zacatecas; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1103/2016-6, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Cabe precisar, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se reclama en sede constitucional la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral número 582/2016, del índice de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Guadalupe, Zacatecas; mediante el cual desechó las pruebas ofertadas por el ahora quejoso y que fueran marcadas con los numerales 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Determinación contra la cual, a criterio de este órgano jurisdiccional, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que no es un acto de imposible reparación que en este momento procesal pueda combatirse en la vía constitucional, a través del juicio de amparo indirecto. A fin de evidenciar la causa de inejercitabilidad del juicio, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:..( ). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como puede apreciarse el arábigo transcrito en primer término (61, fracción XXIII), señala que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción.". Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción V), prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación y ocurran dentro de juicio. Por éstos debe entenderse aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos. Esta delimitación permite distinguirlos de otros en que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales, es decir, sin dejar huella en su esfera jurídica, esa es la nota distintiva que se toma en cuenta para orientar el criterio del juzgador para denotar qué actos dentro de juicio son de imposible reparación y ameritan la pronta intervención del juez federal para remediar el agravio padecido. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre ese tenor, los altos tribunales de la nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación, en principio debe tratarse de actos judiciales, luego, éstos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa, se advierte lo siguiente: Que ante la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se tramita el juicio laboral número 582/2016, entablado contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta referida dictó un acuerdo en el que desechó las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, identificadas con los números 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Dicha determinación fue señalada como acto reclamado en el presente sumario. Afirmaciones que constituyen confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, pues perjudica a quien la emite por tratarse de un hecho propio que es materia del conflicto. Analizados los antecedentes, este órgano jurisdiccional estima que la resolución impugnada en sede constitucional no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino que tan sólo tiene que ver con las posiciones que las partes van obteniendo en la integración del proceso que pueden o no serles adversos y que de ocurrir esto último será al momento de resolverse en definitiva el juicio en lo principal, siempre y cuando llegase a influir en el resultado del fallo definitivo, cuando es que se verá afectado su interés. Cierto, la parte promovente acude al juicio de amparo a impugnar el acuerdo mediante el cual se desecharon las pruebas ofertadas; sin embargo, tal decisión no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental ya que a través de ella no deriva la infracción de derechos sustantivos, sino que, por el contrario, implicaría la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, en virtud de que se insiste sólo tiene que ver con las posiciones que las partes van obteniendo en la integración del proceso que pueden o no serles adversos. En otras palabras, los efectos perjudiciales de dicho acto se actualizan hasta el dictado de la resolución final del juicio, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de éste se vulneraron las defensas del afectado; y, por esa razón, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por tanto, es evidente que, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad; existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Como lo solicita el promovente, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia Anuar Joseff Roberto Trejo Domínguez, quien sí tiene registrada su cédula profesional número 6139621, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle del Carmen # 13 interior 2, Colonia Lomas del Consuelo, en Guadalupe, Zacatecas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, secretaria que autoriza y da fe. *María del Carmen*
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "El catorce de octubre de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la juez con la demanda de amparo promovida por GERARDO HERNÁNDEZ MADERA, registrada con el folio 17284, con cuatro copias que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda promovida por GERARDO HERNÁNDEZ MADERA, contra actos de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guadalupe, Zacatecas; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1103/2016-6, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Cabe precisar, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se reclama en sede constitucional la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral número 582/2016, del índice de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Guadalupe, Zacatecas; mediante el cual desechó las pruebas ofertadas por el ahora quejoso y que fueran marcadas con los numerales 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Determinación contra la cual, a criterio de este órgano jurisdiccional, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que no es un acto de imposible reparación que en este momento procesal pueda combatirse en la vía constitucional, a través del juicio de amparo indirecto. A fin de evidenciar la causa de inejercitabilidad del juicio, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61 fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede:..( ). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como puede apreciarse el arábigo transcrito en primer término (61, fracción XXIII), señala que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción.". Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción V), prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación y ocurran dentro de juicio. Por éstos debe entenderse aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos. Esta delimitación permite distinguirlos de otros en que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales, es decir, sin dejar huella en su esfera jurídica, esa es la nota distintiva que se toma en cuenta para orientar el criterio del juzgador para denotar qué actos dentro de juicio son de imposible reparación y ameritan la pronta intervención del juez federal para remediar el agravio padecido. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre ese tenor, los altos tribunales de la nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación, en principio debe tratarse de actos judiciales, luego, éstos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa, se advierte lo siguiente: Que ante la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se tramita el juicio laboral número 582/2016, entablado contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta referida dictó un acuerdo en el que desechó las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, identificadas con los números 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Dicha determinación fue señalada como acto reclamado en el presente sumario. Afirmaciones que constituyen confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, pues perjudica a quien la emite por tratarse de un hecho propio que es materia del conflicto. Analizados los antecedentes, este órgano jurisdiccional estima que la resolución impugnada en sede constitucional no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino que tan sólo tiene que ver con las posiciones que las partes van obteniendo en la integración del proceso que pueden o no serles adversos y que de ocurrir esto último será al momento de resolverse en definitiva el juicio en lo principal, siempre y cuando llegase a influir en el resultado del fallo definitivo, cuando es que se verá afectado su interés. Cierto, la parte promovente acude al juicio de amparo a impugnar el acuerdo mediante el cual se desecharon las pruebas ofertadas; sin embargo, tal decisión no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental ya que a través de ella no deriva la infracción de derechos sustantivos, sino que, por el contrario, implicaría la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, en virtud de que se insiste sólo tiene que ver con las posiciones que las partes van obteniendo en la integración del proceso que pueden o no serles adversos. En otras palabras, los efectos perjudiciales de dicho acto se actualizan hasta el dictado de la resolución final del juicio, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de éste se vulneraron las defensas del afectado; y, por esa razón, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por tanto, es evidente que, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad; existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Como lo solicita el promovente, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia Anuar Joseff Roberto Trejo Domínguez, quien sí tiene registrada su cédula profesional número 6139621, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle del Carmen # 13 interior 2, Colonia Lomas del Consuelo, en Guadalupe, Zacatecas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, secretaria que autoriza y da fe. *María del Carmen"
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