Gerardo Hernández Bátiz

Expediente 744/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
744/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Hernández Bátiz

Actuaciones

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintitrés de octubre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental.

  2. Principal

    Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por el Magistrado Propietario y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que señala no son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las documentales que remite, las cuales por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el asunto en que se actúa se reclama la omisión de la autoridad responsable de admitir la demanda y emplazar a las demandadas y terceros interesadas en el expediente 1378/2018. Por su parte, la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, remitió constancias del expediente 1378/2018, del que se desprende que mediante proveído de siete de septiembre de la presente anualidad, se admitió el escrito de demanda presentado por el quejoso, en tanto que el cuatro de los actuales emplazó y corrió traslado con la demanda a las autoridades demandadas y terceros interesadas; en consecuencia, se estima que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veintiocho de septiembre del año que transcurre, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre del año en curso. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede de la cual se desprende que en el presente juicio de amparo, se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se encuentra en autos el informe justificado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, no obstante estar debidamente notificada (foja 24) desde el veinticinco de septiembre del año en curso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad antes mencionada para que dentro del término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copias certificadas completas y legibles de las constancias que integran el juicio de nulidad 178/2018/4; toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio de amparo, o bien manifieste su imposibilidad jurídica o material para hacerlo. Se le apercibe que de no hacerlo, se le aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo Por último, se instruye al secretario encargado del trámite a fin que transcurrido el plazo concedido a la referida autoridad de cuenta para proveer lo conducente. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de emplazar a las autoridades demandadas, por lo que pudiera tener participación el actuario adscrito a la Sala Regional en cita. Dicho lo anterior, respecto a la citada omisión, se desprende que le reviste el carácter de autoridad responsable al Actuario de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, se requiere a la quejosa para que en el término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise si es su deseo reclamar tal acto a la citada autoridad, apercibida que de no hacerlo se continuará con el trámite de este juicio en la forma planteada en el escrito inicial de demanda de amparo. En el entendido que en caso de manifestar su conformidad con lo anterior, dicha ampliación de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de Amparo, para el trámite correspondiente. En virtud de lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CUARENTA MINUTOS DE CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración.

  4. Principal

    Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. Se fijan las nueve horas treinta minutos de dieciséis de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Se reserva a proveer sobre los terceros interesados hasta que se cuente con las constancias que en apoyo a su informe rinda la autoridad responsable. Por otra parte del escrito de demanda se advierte le puede revestir el carácter de autoridad responsable al Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en el término de quince días, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y en caso afirmativo indique los actos que le reclama, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, se continuará con el trámite de este juicio en la forma planteada en el escrito inicial de demanda de amparo. En el entendido que, en caso de manifestar su conformidad con lo anterior, dicha ampliación de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de Amparo, para el trámite correspondiente.

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