Gerardo Hernández Amero

Expediente 750/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
750/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Hernández Amero

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido vía electrónica con evidencia criptográfica del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravo, por el que hace saber que se admite el recurso de queja hecho valer en el presente juicio de amparo, al que le correspondió el recurso de queja civil 195/2023, por lo que este órgano jurisdiccional queda enterado de lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de ..., en su carácter de autorizado del quejoso ..., por el que interpone recurso de queja en contra del auto de diecisiete de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, expresa los agravios que en su concepto le causa esa determinación; por tanto, con sustento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la legislación de la materia, adhiérase al expediente una copia del ocurso que se provee, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad en el numeral 101 de la precisada norma, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el ocurso a través del cual se interpone el aludido medio de impugnación; de igual manera, ríndase informe con justificación, en el sentido de que es cierto el auto recurrido, en virtud de que este órgano jurisdiccional emitió el proveído de diecisiete de julio del año en curso, en el juicio de amparo 750/2023... Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista; la demanda de amparo que promueve Gerardo Hernández Amero, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 750/2023, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al Oficial Judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Consideraciones previas. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Acto reclamado: En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: El acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en donde se ordena el lanzamiento y/o desposesión del bien inmueble relativo a la casa identificada con el número dos del condominio Royal del Conjunto Condominal Puente del Mar, ubicado en el Polígono Uno Norte de la Zona Turística, conocida como "Acapulco Diamante, Carretera a Barra Vieja, número mil, en Acapulco, Guerrero, dictado en el juicio especial hipotecario 231/2020. Fundamentos para desechar la demanda. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, al sostener que previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad, atento a los argumentos de derecho que se exponen a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto en cita estatuye que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Es de notarse que la causal en estudio, dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera, tratándose de tribunales judiciales (los del Poder Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). Esta causa, a diferencia de las diversas similares que restringen el acceso al amparo en acatamiento del principio de definitividad, es específica en cuanto a que los actos impugnados emanen de una autoridad que actúe en funciones jurisdiccionales, sean judiciales, administrativos o del trabajo, mientras que los otros supuestos refieren que el acto controvertido lo produzcan autoridades administrativas, como es el caso la hipótesis contenida en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De tal forma, quien promueva un amparo, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, ha de agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que en virtud de éstas, no se haya revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el auto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer sea substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Orienta el tema el criterio I.6o.C. J/37, sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tomo VIII, octubre de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 187016, página 1100, que a la letra establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otro lado, tenemos que la presente causal contempla dos hipótesis de excepción al principio base de esta causal, la primera, consiste en la posibilidad de los terceros extraños a juicio de donde deriva el acto reclamado, puedan solicitar el amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, misma que sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de tercero extraño a juicio o bien que se ostente tercero extraño por equiparación, que aplica por razones lógico jurídicas pues al no ser parte o siéndolo no fue notificado (cuando tal es el acto que acusa) no sería factible obligarlo a interponer recursos en un procedimiento de que no tiene conocimiento. Lo que no sucede en la especie. La segunda de ellas, atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, situaciones en la que tampoco se ubica el caso a estudio, pues las constancias de autos, ponen de manifiesto que la conducta combatida tiene su génesis en un juicio de índole civil, específicamente sobre el acuerdo en que se ordenó el lanzamiento o desposesión de un bien inmueble. Es aplicable al respecto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Registro digital: 175624, página 1816, que a la letra dispone: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Principio de definitividad que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Argumentos con sustento en la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Registro digital: 2017117, página 8, que a la letra impone: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo resulta aplicable la Jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 67, julio de 1993, Materia(s): Común, Registro digital: 215770, página 51, que a la letra establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Precisado lo anterior, se estima que la solicitante de la tutela constitucional no cumplió con el principio de definitividad a que estaba obligada en términos de los argumentos expuestos, en razón a que el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, que contiene la actuación reclamada, debió ser impugnado a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo que establece el artículo 381, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues las únicas condiciones que dicho precepto impone para que el citado medio de defensa proceda, son las siguientes: 1) Que no se trate de una sentencia; Que el auto o decreto no sea apelable y, La ley no disponga expresamente que no es recurrible. En efecto, el artículo 381 y el 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que rige en el caso, a la letra disponen: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible." Por su parte, los artículos 386 fracción II, y 399 del ordenamiento legal invocado, en lo conducente establecen: "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (.) II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y" "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de la apelación; y III. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los juzgadores procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." De los artículos transcritos, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el recurso de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto de los cuales no proceda la apelación, que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquellos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Esto es, la procedencia del recurso de reconsideración está supeditado a la actualización de los siguientes requisitos: a) Que sea un auto o decreto; b) Que no sea apelable por disposición expresa de la ley; c) Que expresamente el legislador no disponga que sea irrecurrible. Luego, se obtiene que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el Juzgador que los dicte, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles. Así, el acuerdo reclamado que emitió la orden relativa comparte la naturaleza jurídica de los autos, por tratarse de una determinación que no puede ser recurrida mediante los recursos de apelación y queja a los que remite el artículo 224 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dado que no se trata de una resolución que niegue los alimentos provisionales o bien los conceda; ni mucho menos puede ser considerada dentro de aquellas que indica el diverso 386, de la misma codificación, por no encontrarse expresamente contemplada para que pueda controvertirse mediante el recurso de apelación (de hecho, el propio quejoso refiere en su demanda que la autoridad responsable desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del auto reclamado); y respecto al diverso de queja, no es una resolución en que niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento, tampoco se trata de un auto que niegue el recurso de apelación; luego, por exclusión en contra de la determinación controvertida procede el recurso de reconsideración establecido en el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, cuya procedencia se encuentra prevista para los autos y decretos que sean impugnables y que la ley no los señale expresamente como irrecurribles. Por tanto, este Juzgador estima que el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial hipotecario 231/2020, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, es susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Juez responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente su determinación. Argumentos con apoyo en el criterio XXI.2o.C.T.7 C (10a.), emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Registro digital 2002888, Página 1499, que a la letra establece: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DICTADOS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN O ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que, además, sean eficaces para repararlo en un plazo razonable. Luego, si los artículos 381 y 382 en relación con los diversos 140 y 143, fracción II, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establecen que el recurso de reconsideración procede contra los decretos y los autos que no fueren apelables, y mediante el mismo el Juez común puede analizar si en la resolución impugnada se violó algún derecho y, en su caso, modificarla, revocarla o anularla dentro del plazo de tres días, es inconcuso que tratándose de actos de imposible reparación dictados en controversias que afecten al estado civil, al orden o estabilidad de la familia o a menores o incapaces, debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de garantías, pues los únicos casos de excepción son los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, la referida Primera Sala ha establecido que es inaplicable al amparo indirecto la excepción al principio de definitividad que opera en materia de amparo directo en las controversias citadas." Por lo expuesto es que no se colman los supuestos de excepción abordados en dicho criterio jurisprudencial En consecuencia, por los argumentos expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Autorizados y domicilio procesal de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Valverde Carranza y Víctor Higo Sánchez Armenta; respecto de la diversa persona que señala, únicamente se le autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la el criterio I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que llegasen a solicitar durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario que la soliciten por escrito ni que sea necesario emitir acuerdo posterior; la que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante la secretaria encargada del asunto. Transparencia y datos personales. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Las partes pueden consultar el expediente electrónico. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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