Gerardo Heinrichs Unger

Expediente 1802/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1802/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Heinrichs Unger
  • Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO Y ARCHIVO.

  2. Principal

    Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio B00.906.00.1.-6629 y sus anexos, enviado por la Delegada del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, atento lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De las constancias que integran al presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: ******* Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad ejecutora en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, toda vez que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del mismo, informara a este juzgado si recibió la resolución ****** de seis de marzo de dos mil veinte, emitida por el Director Local en Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, la cual le fue remitida vía correo electrónico; sin que el solicitante del amparo haya efectuado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio ***** recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de octubre de dos mil veinte, y anexo, para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, exprese lo que a sus intereses convenga. En el entendido de que, transcurrido dicho plazo, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia dictada en este juicio de Amparo, está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirse.

  4. Principal

    Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el oficio B00.906.00.1.-6629 y sus anexos, enviado por la Delegada del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, atento lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De las constancias que integran al presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: La parte quejosa, reclamó: La omisión de dar respuesta a su solicitud de cuatro de noviembre de dos mil trece, relativa al trámite de Autorización para la transmisión de Títulos y su registro, al cual se asignó el número de expediente CHI-L-1897-04-11-13. En sentencia pronunciada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable el Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad: " En los términos y plazos que establece la Ley de la materia substancie el procedimiento, relativo a la solicitud de autorización para la transmisión de títulos y su registro, de cuatro de noviembre de dos mil trece, relativa al expediente número CHI-L-1897-04-11-13, hasta su conclusión, para lo cual una vez debidamente integrado deberá remitirlo de inmediato a la Autoridad Registral correspondiente para que esta provea respecto de su inscripción, y una vez que le sea devuelto al Director Local, este deberá notificar personalmente a la aquí quejosa la resolución que recaiga, con lo cual se tendrá por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo. " En proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio B00.906.00.1.-6629, recibido en este Juzgado el veintinueve de octubre pasado, el Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con domicilio en esta ciudad, informó sobre dicho cumplimiento y anexó copia certificada de las constancias justificativas correspondientes. Bajo ese contexto, en el caso que se analiza, la citada responsable adjuntó al oficio de referencia copia certificada de la resolución pronunciada el seis de marzo de dos mil veinte, en la que se declaró procedente la solicitud formulada por la parte quejosa, relativa al expediente administrativo CHI-L-1897-04-11-13; trámite que quedó inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua, el doce de marzo de dos mil veinte; de igual forma, remitió la constancia de notificación efectuada en el correo electrónico señalado por la parte quejosa para tal efecto. Con el contenido del citado oficio y anexos, se dio vista a la parte quejosa en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, del cual quedó notificada el treinta de noviembre del año en cita; constancia de notificación que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. Ahora, acorde con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para resolver sobre el acatamiento de un fallo protector, el órgano competente debe resolver allegándose de los elementos que estime convenientes, lo cual implica que el pronunciamiento que emita al respecto no debe limitarse a los argumentos esgrimidos por la parte inconforme sino que, al ser el cumplimiento de las sentencias una cuestión de orden público, se encuentra obligado a suplir la queja deficiente y analizar si se cumplió o no con la sentencia, incluso cuando la parte quejosa haya omitido expresar argumentos en ese sentido. De igual manera, se destaca que, por ejecución de sentencia, debe entenderse la obligación constitucional del juzgador que haya dictado el fallo protector de hacer que este se cumpla, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia respectiva, al tratarse las ejecutorias de amparo de una cuestión de orden público que exige que las decisiones y acciones tomadas en la materia no propicien la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por ende, este órgano de control constitucional se encuentra en aptitud de tomar las medidas necesarias para que a la parte quejosa se le restituya en sus derechos vulnerados por los cuales acudió a esta instancia judicial, a promover el juicio de amparo, y al ser de orden público el cumplimiento de ejecutorias, obliga al juez a tener por cumplida la ejecutoria hasta que está probada tal circunstancia. Además, es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados en forma indefinida, ya que ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose el espíritu del artículo 17 constitucional, el cual establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, del rubro y texto literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. (Localizable en del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 2000, Tomo XI, página 243). Por tanto, si la autoridad responsable realiza las notificaciones relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante la cuenta de correo proporcionada para ese efecto, requiérase también a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la práctica de las expresadas notificaciones, comunique a este Juzgado de Distrito su recepción; en la inteligencia que de no hacerlo, previo cercioramiento de la remisión de la notificación por correo electrónico, se entenderá que la notificación enviada por los medios electrónicos ha sido recibida. En consecuencia, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, que la EJECUTORIA DE AMPARO NO ESTÁ CUMPLIDA, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad ejecutora en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos.

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