Gerardo Guzmán Hernández
Expediente 750/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- GERARDO GUZMÁN HERNÁNDEZ y Otros.
- Gerardo Guzmán Hernández
Actuaciones
- Principal
...Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de cinco de agosto de dos mil veintiuno; por ende, causó estado Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carecen de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Abelardo Jiménez Gámez, quien se ostenta como defensor particular de Gerardo Guzmán Hernández, fórmese el expediente y regístrese con el número 750/2021. DESECHAMIENTO DEMANDA Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla el auto de vinculación a proceso de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 475//2021, de su índice. Conforme a lo relatado, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1. Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Supuestos que en la especie no se actualizan al reclamarse el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 475/2021, cuyos efectos si bien traen como consecuencia la privación de la libertad del impetrante, dicha privación no es fuera de procedimiento, pues el mismo se dictó en un proceso penal. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1, Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3. Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el punto 1 anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de garantías que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se expuso, el promovente reclama del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla, el auto de vinculación a proceso, dictado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 475/2021. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, tal acto le fue notificado ese mismo día, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (cuatro de agosto de dos mil veintiuno) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si el quejoso Gerardo Guzmán Hernández, fue notificado en la propia audiencia el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el plazo referido empezó a correr el veintiocho de junio feneciendo el dieciséis de julio de este año, sin contar los días tres, cuatro diez y once todos del mes de julio de la presente anualidad, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; lo anterior conforme a lo dispuesto en de los artículos 56, 62, 63 y 82 fracción I inciso a), último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso Gerardo Guzmán Hernández, consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante haber sido notificado de la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada en su contra, desde esa misma data, promovió este juicio hasta el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, según la data que obra en la papeleta de turno de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así, al tener certeza de que el quejoso conoció la existencia del acto reclamado, atento al cómputo antes realizado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, invocado, se desecha de plano la demanda, con fundamento en los diversos 17, 18, 22 y 113, todos de la Ley de Amparo. Lo cual se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)]." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. La Ley de Amparo, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de vinculación y prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado. Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca someter la impugnación de la vinculación, prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal a un término prudente en aras de la celeridad del proceso acusatorio. En el aspecto indicado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Amparo, contempla que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverlo el afectado, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permite, sin que ello desnaturalice el principio de agravio personal y directo, en la medida que el quejoso no deja de ser el titular de la acción de amparo, siendo quien puede promover el amparo aun por conducto de su defensor, y como tal es el inculpado o sentenciado quien promueve la demanda de amparo por conducto de su defensor. Finalmente, la circunstancia de que el promovente Abelardo Jiménez Gámez, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Gerardo Guzmán Hernández, manifestara que el veintinueve de junio de dos mil veintinueve presentó un escrito a través del cual se le nombra con tal carácter y que hasta el veintisiete de julio del mismo año compareció a aceptar y protestar el cargo de defensor particular del quejoso Gerardo Guzmán Hernández, de manera que de esta forma pudo tener acceso a la carpeta judicial y le fueron entregadas las copias de la misma. Sin embargo, esta circunstancia no es obstáculo para desechar la demanda de amparo, en tanto que los plazos para la promoción del juicio de amparo están claramente especificados en la ley de la materia, resultando evidente que lo que el quejoso pretende con esa manifestación es generarse un nuevo plazo -segunda oportunidad- para la promoción de este medio de defensa, situación que este juzgado no puede soslayar, pues ello equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso el plazo para presentar la demanda de amparo. Por tanto, ningún beneficio genera al quejoso el criterio que invoca, pues contrario a lo que ahí se sostiene, en la especie sí existe notificación del acto reclamado, pues, como se explicó, la legislación que lo rige establece la presencia necesaria del quejoso al emitir una determinación de vinculación a proceso y de lo narrado por el promovente no existe algún indicio de que no haya acontecido lo anterior, pues únicamente se pretende justificar la extemporaneidad en la promoción del juicio de amparo en la aceptación tardía del cargo de quien se ostenta como defensor y en la entrega de las constancias que indica en la fecha que relató, lo cual, por ende, no lo eximía de instar oportunamente este medio de defensa extraordinario. DOMICILIO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como por autorizados para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que cita en su demanda, mediante los cuales podrá entablarse comunicaciones no procesales, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Toda vez que el quejoso Gerardo Guzmán Hernández, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla, en razón de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlo en estado de indefensión, se ordena pasar los autos al Actuario Judicial adscrito a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que indicó en su demanda para tal efecto.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Abelardo Jiménez Gámez, quien se ostenta como defensor particular de Gerardo Guzmán Hernández, fórmese el expediente y regístrese con el número 750/2021. DESECHAMIENTO DEMANDA Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla el auto de vinculación a proceso de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 475//2021, de su índice. Conforme a lo relatado, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se trate de: 1. Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Supuestos que en la especie no se actualizan al reclamarse el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 475/2021, cuyos efectos si bien traen como consecuencia la privación de la libertad del impetrante, dicha privación no es fuera de procedimiento, pues el mismo se dictó en un proceso penal. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1, Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3. Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base la hipótesis indicada en el punto 1 anterior y dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de garantías que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Como se expuso, el promovente reclama del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla, el auto de vinculación a proceso, dictado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 475/2021. Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, tal acto le fue notificado ese mismo día, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (cuatro de agosto de dos mil veintiuno) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si el quejoso Gerardo Guzmán Hernández, fue notificado en la propia audiencia el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el plazo referido empezó a correr el veintiocho de junio feneciendo el dieciséis de julio de este año, sin contar los días tres, cuatro diez y once todos del mes de julio de la presente anualidad, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; lo anterior conforme a lo dispuesto en de los artículos 56, 62, 63 y 82 fracción I inciso a), último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso Gerardo Guzmán Hernández, consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante haber sido notificado de la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada en su contra, desde esa misma data, promovió este juicio hasta el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, según la data que obra en la papeleta de turno de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así, al tener certeza de que el quejoso conoció la existencia del acto reclamado, atento al cómputo antes realizado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, invocado, se desecha de plano la demanda, con fundamento en los diversos 17, 18, 22 y 113, todos de la Ley de Amparo. Lo cual se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)]." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. La Ley de Amparo, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de vinculación y prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado. Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca someter la impugnación de la vinculación, prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal a un término prudente en aras de la celeridad del proceso acusatorio. En el aspecto indicado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Amparo, contempla que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverlo el afectado, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permite, sin que ello desnaturalice el principio de agravio personal y directo, en la medida que el quejoso no deja de ser el titular de la acción de amparo, siendo quien puede promover el amparo aun por conducto de su defensor, y como tal es el inculpado o sentenciado quien promueve la demanda de amparo por conducto de su defensor. Finalmente, la circunstancia de que el promovente Abelardo Jiménez Gámez, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Gerardo Guzmán Hernández, manifestara que el veintinueve de junio de dos mil veintinueve presentó un escrito a través del cual se le nombra con tal carácter y que hasta el veintisiete de julio del mismo año compareció a aceptar y protestar el cargo de defensor particular del quejoso Gerardo Guzmán Hernández, de manera que de esta forma pudo tener acceso a la carpeta judicial y le fueron entregadas las copias de la misma. Sin embargo, esta circunstancia no es obstáculo para desechar la demanda de amparo, en tanto que los plazos para la promoción del juicio de amparo están claramente especificados en la ley de la materia, resultando evidente que lo que el quejoso pretende con esa manifestación es generarse un nuevo plazo -segunda oportunidad- para la promoción de este medio de defensa, situación que este juzgado no puede soslayar, pues ello equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso el plazo para presentar la demanda de amparo. Por tanto, ningún beneficio genera al quejoso el criterio que invoca, pues contrario a lo que ahí se sostiene, en la especie sí existe notificación del acto reclamado, pues, como se explicó, la legislación que lo rige establece la presencia necesaria del quejoso al emitir una determinación de vinculación a proceso y de lo narrado por el promovente no existe algún indicio de que no haya acontecido lo anterior, pues únicamente se pretende justificar la extemporaneidad en la promoción del juicio de amparo en la aceptación tardía del cargo de quien se ostenta como defensor y en la entrega de las constancias que indica en la fecha que relató, lo cual, por ende, no lo eximía de instar oportunamente este medio de defensa extraordinario. DOMICILIO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como por autorizados para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que cita en su demanda, mediante los cuales podrá entablarse comunicaciones no procesales, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Toda vez que el quejoso Gerardo Guzmán Hernández, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla, en razón de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlo en estado de indefensión, se ordena pasar los autos al Actuario Judicial adscrito a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que indicó en su demanda para tal efecto.
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