Gerardo Gutiérrez Cordero
Expediente 1861/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1861/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gerardo Gutiérrez Cordero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Se ordena el archivo de los cuadernos incidentales.
- Principal
La sentencia CAUSA EJECUTORIA y se ordena el archivo del expediente como totalmente concluido.
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, Espiry Javier Correa Guízar, Secretario Encargado del Despacho, adscrito al Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1861/2016, promovido por GERARDO GUTIÉRREZ CORDERO, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Encargado del Despacho acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: en esta etapa, el (la) Secretario(a) hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción, por lo que se concluye la misma. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: mismos que formuló la fiscal federal adscrita a este órgano jurisdiccional en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, no habiendo más que relacionar, se cierra esta fase. En las relatadas condiciones y con pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, GERARDO GUTIÉRREZ CORDERO, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1861/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de aprehensión decretada contra el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. La totalidad de las autoridades señaladas como responsables con excepción del Juez Segundo Penal de Colima, negaron el acto que se les imputa, de suerte no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. La falta de informe justificado del Juez Segundo de lo Penal de Colima, surte en la especie la presunción de ser cierto el acto que se le reclama, conforme lo dispone el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. QUINTO.- Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe abordarse el estudio de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, que señala: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, luego de haber analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de inviabilidad de la acción de amparo, de suerte que procede el estudio de fondo del asunto. SEXTO.- Por las razones que a continuación se expresarán, no es posible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la citada autoridad responsable. En efecto, en el juicio de amparo que nos ocupa se reclama la posible orden de aprehensión, girada en contra del impetrante del amparo y su ejecución. En relación a lo cual, debe decirse que si bien se tuvo como cierto el acto atribuido a la autoridad responsable relacionada en este considerando; sin embargo, también lo es que, este órgano federal no está en aptitud de examinar su constitucionalidad, toda vez que ante la omisión de la autoridad responsable de remitir las constancias que pudieran justificar su informe, correspondía al quejoso la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, considerando que el acto reclamado no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad en todo caso dependería de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Cabe mencionar que para llegar a la anterior conclusión, se tomó en consideración el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley." En tal virtud, no es dable conceder la protección de la Justicia Federal al quejoso GERARDO GUTIERREZ CORDERO, ante la indemostración de la inconstitucionalidad alegada; por el contrario, lo procedente es negar a la citada quejosa la protección de la Justicia Federal respecto del acto que reclamó a la autoridad responsable mencionada en este considerando, con fundamento en lo dispuesto por el invocado numeral 117, párrafo tercero, de la propia ley. Es aplicable al respecto, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Enero de 1994, página 248, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada para ese efecto, de ninguna manera puede determinarse que los actos reclamados sean inconstitucionales, pues la falta de informe justificado solamente presume cierto el cargo que se reclama, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por GERARDO GUTIÉRREZ CORDERO, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero que antecede. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a GERARDO GUTIÉRREZ CORDERO, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con la Secretaria Berónica Farías Contreraz, que autoriza y da fe
- Incidental
En la ciudad de Colima, Estado de Colima, a las diez horas con cinco minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procedió a celebrar la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1861/2016-I-M, sin asistencia de las partes. En este momento se da cuenta con el oficio suscrito por el Director General de la Policía Estatal Preventiva, recibido con el número 36684. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente: copia del escrito de demanda; auto de radicación del incidente y minuta, informes previos y autos que los tuvieron por recibidos. Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Director General de la Policía Estatal Preventiva, mediante el cual, manifiesta que la autoridad denominada en la demanda como "Policía Municipal", no existe; por tanto, se le tiene como inexistente en atención a lo señalado en proveído de veintiocho de noviembre actual, sin perjuicio de que el quejoso indique la denominación correcta de la misma, hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. Consecuentemente, se seguirá y resolverá en relación con las autoridades restantes, así como también, en lo sucesivo se ordena hacer la adecuación a la minuta correspondiente. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que ninguna de las partes las ofreció; por lo que concluye dicho período. Acto continuo se abre el diverso de alegatos, téngase por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos vierte la Representación Social, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de la Materia. En los términos que antecede, concluye la audiencia y quedan los autos para el dictado de la resolución. V I S T O, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 1861/2016-I-M; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- GERARDO GUTIÉRREZ CORDERO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. SEGUNDO.- Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el presente incidente; se resolvió lo conducente acerca de la suspensión provisional misma que se concedió, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos los trámites de ley, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. La totalidad de autoridades responsables negaron el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa con elemento de prueba alguno; por tanto, procede negar la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a dichas autoridades, por falta de materia sobre la cual decretarla. Es aplicable a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 286, que dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por otro lado, no se desconoce que cuando la autoridad responsable niega el acto que se le reprocha, aún tiene la parte quejosa a través de los medios ordinarios reconocidos por la ley, específicamente por el artículo 143 de la Ley de Amparo, o incluso, advertido lo contrario el juzgador, de las constancias que integran la incidencia en que se actúa, está en aptitud de desvirtuar la negativa. No obstante lo anterior, como ya se dijo, la parte quejosa no aportó prueba alguna al presente incidente de suspensión. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos que se reclaman a las responsables referidas, lo que procede es negar la suspensión definitiva peticionada, por carecer de materia. Procede invocar el criterio que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen de la siguiente manera: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE POR NEGAR LA AUTORIDAD EL ACTO RECLAMADO.- Si la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado y no se rinde prueba alguna en contrario, debe negarse la suspensión, ya que es imposible conceder ésta, sobre un acto cuya existencia no se demuestra". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se niega a GERARDO GUTIÉRREZ CORDERO, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando único de esta resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.omav
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