Gerardo González Hernández
Expediente 36/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo González Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Agréguese a los autos, el escrito firmado por el quejoso *********; en atención a su contenido, comuníquese que el veintiséis de los actuales, se le notificó el proveído de dieciséis de enero pasado, mediante lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, expídasele las copias que solicita; para lo cual se autoriza su entrega por conducto de la persona que indica, previa satisfacción de las formalidades legales. Finalmente, en relación con su manifestación en el sentido de que ".una de mis hijas se presentó e ingresó un escrito, mismo que en copia simple anexo a este escrito."; infórmesele que de la revisión de los registros respectivos, no se advierte que se hubiese presentado alguna promoción dirigida a este juicio que se encuentre pendiente de acordar, aunado a que al ocurso que se atiende no se acompañó documento alguno como se desprende del sello de recepción de este órgano jurisdiccional.
- Principal
MESA VI.- Vista la demanda de amparo promovida por *** contra los actos de la Responsable de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coordinación Territorial del Ministerio Público MAC - 1, de la Alcaldía Magdalena Contreras de esta ciudad y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 36/2023. DESECHAMIENTO... Por tanto, al actualizarse la referida causal de improcedencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia... DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. De igual manera, se tiene el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales...
- Principal
MESA VI. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos de la Responsable de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coordinación Territorial del Ministerio Público MAC - 1, de la Alcaldía Magdalena Contreras de esta ciudad y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 36/2023. DESECHAMIENTO En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La actuación de integrar, resolver y/o judicializar la carpeta de investigación ***. ? La solicitud, autorización y programación de la audiencia inicial. La orden de citación a audiencia inicial para el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a las once horas, en la carpeta judicial ***. Sin embargo, en torno a dichos actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Por su parte, los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]". De esos preceptos, se desprende que el juicio puede promoverse por la persona a quien afecte el acto reclamado, es decir, el acto debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, de manera directa, lo cual se conoce como interés jurídico, que existe cuando una norma (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, derivado de esa disposición tiene protección frente a cualquier persona o autoridad. Lo anterior, conduce a aseverar que la parte quejosa debe ser titular del derecho público subjetivo que estime vulnerado, de lo contrario, su esfera jurídica no se vería afectada con el acto de autoridad contra el cual se inconforma, lo que originaría su falta de legitimación para entablar el juicio constitucional de amparo. De ahí que, la parte quejosa deba acreditar, en primer término, que la ley o el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que, si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Las consideraciones expuestas llevan a determinar que el ejercicio de la acción constitucional, contra actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a demandar el cese de esa violación. En esas condiciones, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho. b) Que ese derecho sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El primer elemento, se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquella prerrogativa que, derivada de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho subjetivo, es decir, el menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. Bajo ese esquema, se puntualiza que el acto reclamado consistente en la actuación de integrar, resolver y/o judicializar la carpeta de investigación CIFIMG/UAT-MC-1/UI-3S/D/00438/05-2021, que en esta vía pretende reclamar la parte quejosa no afecta su esfera jurídica, en virtud de que la integración de una carpeta de investigación que se hubiese iniciado en su contra, no le causa perjuicio alguno. Consecuentemente, en virtud que la función persecutoria del Ministerio Público no constituye un derecho privado, es decir, que no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos posiblemente constitutivos de ilícitos; es válido decir que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar actos como el que ahora nos ocupa, no se surte el interés jurídico del mismo para combatirlo mediante el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el artículo 21 constitucional impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da en la integración de la investigación y en su caso en el ejercicio de la acción penal; por lo que, es indudable que el acto antes referido no irroga perjuicio a la impetrante. Por ende, la integración de una indagatoria, aun cuando fuere indebida, no puede constituir violación de derechos fundamentales, pues sostener lo contrario implicaría aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo como investigaciones hiciere la representación social en carpetas de investigación, en uso de la facultad constitucional otorgada al Ministerio Público, lo que jurídicamente es inadmisible. Por ello, la integración de la carpeta de investigación no es un acto que le irrogue perjuicio; de ahí que dicho acto no es impugnable a través del juicio de amparo. Al caso, resulta aplicable la tesis de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUELLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual estableció que conforme a la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos que otorga el artículo 21 constitucional al agente del Ministerio Público, es indudable que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la integración de la averiguación previa, al no irrogarle perjuicio alguno al inculpado, pues éste se materializa hasta que la autoridad judicial de la causa penal determina si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, estimar lo contrario significaría anteponer el interés particular sobre el de la sociedad. Asimismo, los actos reclamados consistentes en la solicitud, autorización y programación de la audiencia inicial, así como la citación a audiencia inicial para el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, a las once horas, en la carpeta judicial ***, no afectan su esfera jurídica, pues la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se le sigue y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que de conformidad con el artículo 1411 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de no asistir sin justificación alguna, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no acuda, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado a la audiencia inicial. Por tanto, al actualizarse la referida causal de improcedencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. (...)
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