Gerardo González García
Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gerardo González García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiese hecho. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada determinación ha causado estado; por ende, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto el estado que guardan estos autos y como de la certificación de cuenta se advierte que el tercero interesado *******, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días concedido en auto de veintinueve de septiembre de este año; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto; y, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquesele el proveído de veintiocho de octubre actual y subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el informe justificado de cuenta que rinde la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, por el que manifiesta que es cierto el acto reclamado. Del contenido del informe de la Junta responsable, así como del emitido por el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, que obra en autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. De la demanda de amparo y de los informes agregados a estos autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama la omisión por parte de la Junta responsable de realizar las gestiones y medidas necesarias para rendir el avaluó respecto del inmueble ubicado en *******, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y del Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, la omisión de emitir el avalúo encomendado por oficio 0202/JLCA/EJEC/2020, dentro el juicio laboral 9654/2017/9, Contenido del informe. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rindió informe en el que manifestó que es cierto el acto que se le reclama, en virtud de que refiere que el trece de enero de dos mil veinte, giró oficio 0202/JLCA/EJEC/20 al Director de Catastro del Estado, para que en auxilio de las labores de la Junta, proporcionara un perito valuador con el objeto de que emita avalúo del bien inmueble ubicado en ******* en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, embargado en el expediente ordinario laboral 09654/2017/9. Por su parte el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado en su informe justificado negó el acto reclamado. Sin embargo, para los efectos de la presente determinación debe tenerse por cierto, ya que manifestó que la perito valuador Ingeniera María Francisca Chávez García emitió el avaluó encomendado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, mediante oficio IRC/DC/DT/413/2020 de trece de octubre del año en curso, mismo que fue recepcionado en dicha Junta el quince del mismo mes y año, como se advierte de la copia certificada del referido oficio que se acompaña al informe del Instituto Registral responsable. Esto es, al día de la presentación de la demanda -veinticinco de septiembre de dos mil veinte-, si bien es cierto, el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado no había emitido el avalúo solicitado por la Junta responsable, también lo es que el trece de octubre de este año, la perito María Francisca Chávez García mediante oficio IRC/DC/DT/413/2020, formuló dicho avaluó, mismo que se recibió en la oficialía de partes de la Junta responsable el quince del mismo mes y año. Documentos que tienen valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, ya que de su contenido se desprende que a la fecha de la interposición de la presente demanda de amparo -veinticinco de septiembre del año en curso-, no se había emitido el avalúo encargado dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, como lo refiere el quejoso. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Marco jurídico. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. Como se indicó, si del informe del Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado se desprende que el trece de octubre de este año, la perito María Francisca Chávez García mediante oficio IRC/DC/DT/413/2020, formuló avaluó solicitado por la Junta responsable dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, mismo que se recibió en la oficialía de partes de dicha Junta el quince del mismo mes y año, como se desprende de la copia certificada que anexó a su respectivo informe. Es inconcuso que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del avalúo, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No obsta, el hecho de que la responsable no exhibió la constancia de notificación a la parte quejosa del oficio IRC/DC/DT/413/2020, por el cual la perito María Francisca Chávez García de la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, emitió el avaluó solicitado por la Junta responsable dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, pues como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita, debe decirse que con el dictado de dicha resolución se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida. Adicionalmente, el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. En atención a lo que antecede, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el informe justificado de cuenta que rinde la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, por el que manifiesta que es cierto el acto reclamado. Del contenido del informe de la Junta responsable, así como del emitido por el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, que obra en autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. De la demanda de amparo y de los informes agregados a estos autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama la omisión por parte de la Junta responsable de realizar las gestiones y medidas necesarias para rendir el avaluó respecto del inmueble ubicado en *******, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y del Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, la omisión de emitir el avalúo encomendado por oficio 0202/JLCA/EJEC/2020, dentro el juicio laboral 9654/2017/9, Contenido del informe. La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rindió informe en el que manifestó que es cierto el acto que se le reclama, en virtud de que refiere que el trece de enero de dos mil veinte, giró oficio 0202/JLCA/EJEC/20 al Director de Catastro del Estado, para que en auxilio de las labores de la Junta, proporcionara un perito valuador con el objeto de que emita avalúo del bien inmueble ubicado en ******* en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, embargado en el expediente ordinario laboral 09654/2017/9. Por su parte el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado en su informe justificado negó el acto reclamado. Sin embargo, para los efectos de la presente determinación debe tenerse por cierto, ya que manifestó que la perito valuador Ingeniera María Francisca Chávez García emitió el avaluó encomendado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, mediante oficio IRC/DC/DT/413/2020 de trece de octubre del año en curso, mismo que fue recepcionado en dicha Junta el quince del mismo mes y año, como se advierte de la copia certificada del referido oficio que se acompaña al informe del Instituto Registral responsable. Esto es, al día de la presentación de la demanda -veinticinco de septiembre de dos mil veinte-, si bien es cierto, el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado no había emitido el avalúo solicitado por la Junta responsable, también lo es que el trece de octubre de este año, la perito María Francisca Chávez García mediante oficio IRC/DC/DT/413/2020, formuló dicho avaluó, mismo que se recibió en la oficialía de partes de la Junta responsable el quince del mismo mes y año. Documentos que tienen valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, ya que de su contenido se desprende que a la fecha de la interposición de la presente demanda de amparo -veinticinco de septiembre del año en curso-, no se había emitido el avalúo encargado dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, como lo refiere el quejoso. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Marco jurídico. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. Como se indicó, si del informe del Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado se desprende que el trece de octubre de este año, la perito María Francisca Chávez García mediante oficio IRC/DC/DT/413/2020, formuló avaluó solicitado por la Junta responsable dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, mismo que se recibió en la oficialía de partes de dicha Junta el quince del mismo mes y año, como se desprende de la copia certificada que anexó a su respectivo informe. Es inconcuso que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del avalúo, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No obsta, el hecho de que la responsable no exhibió la constancia de notificación a la parte quejosa del oficio IRC/DC/DT/413/2020, por el cual la perito María Francisca Chávez García de la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado, emitió el avaluó solicitado por la Junta responsable dentro del juicio ordinario laboral 09654/2017/9, pues como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita, debe decirse que con el dictado de dicha resolución se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida. Adicionalmente, el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. En atención a lo que antecede, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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