Gerardo Gomez Escalona

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 56 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
56
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Gomez Escalona
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. RAZÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese la razón mediante la cual el Actuario Judicial hace constar la imposibilidad para entregar el oficio 42321/2022, que contiene el auto de veintitrés de diciembre de la presente anualidad, dirigido a la autoridad denominada por el quejoso como "Agentes del Ministerio Público adscritos al Grupo Táctico Operativo Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por conducto de la Subdirección de Amparos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México", por los motivos que expone. REENVIAR A CORRECTA DENOMINACIÓN. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíense el oficio referido con la denominación correcta de la autoridad, que es "Agentes del Ministerio Público Investigador (Lic. ********************y Lic. ********************), adscritos a la Fiscalía Regional de Toluca, Fiscalía General de Justicia en el Estado de México", a fin de que tenga conocimiento del proveído citado en el párrafo que antecede. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente asunto (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción pues se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado (artículo 20, fracción I y II, incisos a, del Acuerdo en mención). 3. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto a su escrito inicial de demanda; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente; lo anterior, en el entendido, de que deberá seguir el procedimiento de citas para su recepción a través de autorizado, de conformidad con el capítulo tercero del Acuerdo General del 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En atención a lo anterior devuélvase a la autoridad las constancias que remitió en el presente juicio, solicitándole el acuse de recibo de las mismas Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. VALORACIÓN FALLO. Visto la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Gerardo Gómez Escalona, por propio derecho, contra *La orden de cateo y aseguramiento del inmueble ubicado en calle J. Mariano Abasolo y/o calle de Privada 21 de Marzo, sin número, colonia Capultitlán, Municipio de Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta NUC: TOL/TOL/CET/107/183793/18/08. Ahora, mediante sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerardo González Escalona, contra los actos y las autoridades señalados en los considerandos cuarto y quinto de este fallo, por los razonamientos expresados en éste. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gerardo González Escalona contra los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y sexto, por las razones y motivos expuestos en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo González Escalona contra los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y sexto, para los efectos expuestos en el considerando décimo primero de este fallo" Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Célula lI, del Equipo de Investigación y Litigación 2 en Toluca, Estado de México, responsable: "Deje sin efectos el citado oficio dictado en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL0005134/2018 y con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo, pero purgando los vicios de fundamentación y motivación destacados. Inconforme con dicha resolución, el impetrante de amparo, interpuso recurso de revisión, de la cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual desechó por extemporáneo, por lo que mediante proveído de siete de octubre de la presente anualidad, se requirió a la autoridad responsable; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Célula lI, del Equipo de Investigación y Litigación 2 en Toluca, Estado de México, para que diera cumplimiento a la sentencia, quien mediante oficio TOL-C1-II-TOL-0115/2022, recibido en este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veintidós, remitió las constancias que acreditaban el cumplimiento al fallo protector, de las que se cita lo siguiente: En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, sin duda, se atendieron los efectos del fallo protector, pues la responsable dejó sin efectos el oficio sin número de treinta de marzo de dos mil veintidós en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL0005134/2018 y emitió uno nuevo fundado y motivado. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por las responsables en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VI. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL QUE SE DETERMINÓToluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. VALORACIÓN FALLO. Visto la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Gerardo Gómez Escalona, por propio derecho, contra *La orden de cateo y aseguramiento del inmueble ubicado en calle J. Mariano Abasolo y/o calle de Privada 21 de Marzo, sin número, colonia Capultitlán, Municipio de Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta NUC: TOL/TOL/CET/107/183793/18/08. Ahora, mediante sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerardo González Escalona, contra los actos y las autoridades señalados en los considerandos cuarto y quinto de este fallo, por los razonamientos expresados en éste. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gerardo González Escalona contra los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y sexto, por las razones y motivos expuestos en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo González Escalona contra los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y sexto, para los efectos expuestos en el considerando décimo primero de este fallo" Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Célula lI, del Equipo de Investigación y Litigación 2 en Toluca, Estado de México, responsable: "Deje sin efectos el citado oficio dictado en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL0005134/2018 y con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo, pero purgando los vicios de fundamentación y motivación destacados. Inconforme con dicha resolución, el impetrante de amparo, interpuso recurso de revisión, de la cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual desechó por extemporáneo, por lo que mediante proveído de siete de octubre de la presente anualidad, se requirió a la autoridad responsable; el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Célula lI, del Equipo de Investigación y Litigación 2 en Toluca, Estado de México, para que diera cumplimiento a la sentencia, quien mediante oficio TOL-C1-II-TOL-0115/2022, recibido en este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veintidós, remitió las constancias que acreditaban el cumplimiento al fallo protector, de las que se cita lo siguiente: En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, sin duda, se atendieron los efectos del fallo protector, pues la responsable dejó sin efectos el oficio sin número de treinta de marzo de dos mil veintidós en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL0005134/2018 y emitió uno nuevo fundado y motivado. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por las responsables en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese. |

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