Gerardo Garibay Espinoza
Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Gerardo Garibay Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. Se recibe el oficio que remite la Administradora Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa que entregó a la parte quejosa, el cheque relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos correspondientes. Escrito. Asimismo, se agrega para que obre como corresponda el escrito que remite el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual informa que recibió el cheque mencionado. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Entrega de cheque. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, Durango, informó que el cheque expedido a favor de la parte quejosa, en cumplimiento la ejecutoria de amparo, se encuentra a su disposición de las instalaciones que ocupa dicha autoridad responsable. Requerimiento. En tales condiciones, se requiere a la autoridad responsable Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, Durango, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional si ya fue entregado a la parte quejosa el mencionado título de crédito, o en su defecto comunique las gestiones que realiza para informar a la parte quejosa que el mismo se encuentra a su disposición en sus instalaciones, en el entendido que de ser omiso sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no informar la causa legal o material que se lo impida, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad que en caso de no cumplir con este mandato, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Oficio. Finalmente, se tiene por recibido el oficio que remite la autoridad Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, y en atención a su contenido, agréguese a los autos únicamente para efectos de control, toda vez que dicha autoridad no se encuentra señalada como responsable en el presente sumario constitucional, e infórmese lo anterior, mediante oficio con transcripción de éste proveído. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que le transcurrió al licenciado Héctor J********************, asesor jurídico del quejoso, la vista otorgada en proveído de doce de julio del presente año, se trae a la vista la constancia de notificación de seis de julio de dos mil veintitrés, hecha a la parte quejosa ********************, en la cual manifiesta que el acto que reclama, consistente en las omisiones dentro de la causa penal ********************, las atribuye a la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Incompetencia legal. En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal de este Juzgado de Distrito para conocer de la presente demanda de amparo. El artículo 48 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Atento a ello, es obligación de los Jueces de Distrito remitir las actuaciones al juzgador que estimen competente, al advertir que carecen de competencia legal para conocer del asunto que se les plantea en el momento procesal en que ello ocurra, de manera previa a pronunciarse sobre las cuestiones que atañen al fondo del problema que se formula. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.2o.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En un caso análogo, nuestro alto tribunal consideró que cuando el quejoso promueve amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal, atendiendo a que los efectos de éste se trasladan directamente al proceso, lo anterior, obedeciendo a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial. Lo anterior, en atención a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior surgen las hipótesis de competencia siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: el lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Consideración previa. Del análisis de la demanda de amparo y de los autos del juicio, se advierte que el quejoso reclama del juez responsable, el dejar de hacer lo conducente para la celeridad de la tramitación o culminación del procedimientos respectivo y, por ende, la demora en para el dictado de la sentencia en la causa penal ********************, del índice del Juzgado Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, lo que ocasiona un perjuicio, al seguir sujeto a prisión preventiva. Bien, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, de la continuación de su procedimiento requiere de ejecución material, pues sus efectos se traducen en que el procesado permanezca con su libertad restringida y a disposición del juez de instancia, por lo que es claro que sus efectos se traducen al procedimiento y se materializan en el lugar donde éste se tramita. Así, a fin de establecer con precisión el principio de ejecución que se atribuye a los actos reclamados, conviene precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los efectos de un auto de formal prisión (análogo al presente caso) tienen ejecución material, de ahí que algunos implican: 1) Dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva. 2) Dejar al ahora procesado a disposición del juez de primera instancia. Luego, tales efectos necesariamente se trasladan de manera directa al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, ello aun cuando el quejoso se encuentre privado de la libertad en otra jurisdicción, por lo que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido en contra de un acto que incide en el procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Consideraciones sustentadas en jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), con número de registro 160608, localizable en la página dos mil ciento ochenta y tres, libro III, Diciembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Sin que sea obstáculo para atribuir el principio de ejecución a los actos reclamados, el que no se reclame en la demanda de amparo en estudio, el auto de formal prisión, en tanto que la suspensión e inactividad de la causa penal que se instruye en su contra, se traducen en la permanencia del quejoso en el Centro de Reinserción Social número 14 "CPS-Durango, el que se encuentra recluido y por ende, es un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; pues tales actos son con motivo o derivan de la ejecución material del auto de bien preso dictado en el proceso penal de origen, del índice del juez responsable. Lo anterior es así, aunque el quejoso se encuentre privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, puesto que, si bien, se podría argumentar que regularmente una dilación o inactividad del procedimiento carecen de ejecución material, lo cierto es que sí tienen un principio de ejecución, como se precisó, ya que tienen entre sus efectos que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez de la causa; de ahí que repercuten directamente en el procedimiento que se le instruye, en interrelación con los efectos precisamente en la causa penal. Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que en el caso, debe privilegiarse la justicia expedita que se logra si la competencia del juicio de amparo recae en el juzgador de amparo con sede en el mismo lugar donde se substancia el procedimiento de donde derivan los actos, porque esa cercanía favorece la pronta solución del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por primer párrafo del referido artículo 37, y 48, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al Número a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, y declina la misma en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, jurisdicción en que se instruye el proceso penal contra el quejoso. Se remiten autos del juicio de amparo. En tal virtud, remítanse los autos que integran el expediente de amparo número ********************, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a fin que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador; para tal efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Anotaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Requerimiento. En consecuencia, y a fin de resolver el presente juicio con base a la verdad jurídica objetiva, así como contar con pruebas relacionadas con la procedencia o improcedencia del juicio en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, remita a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente laboral 425/2007 de su extinta homóloga número 27, a partir del laudo dictado en el juicio de origen el cuatro de julio de dos mil doce. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Solicitud de constancias. Por otro lado, solicítese de la manera más atenta y comedida al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad capital del mismo nombre, que de no tener inconveniente legal alguno, remitan copia certificada de las constancias que integran los juicios de amparo 702/2022 y su acumulado 859/2022, de igual manera, informe el estado procesal que guarda el incidente de repetición de acto reclamado promovido dentro del citado expediente, a fin de estar en condiciones de resolver en forma congruente, completa e imparcial sobre la constitucionalidad o no del acto materia de reclamo en este expediente. Escrito. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Soledad Coronel Olivas, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. Acuerdo. Atento a su contenido, dígase al compareciente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
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