Gerardo García Vázquez
Expediente 1253/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gerardo García Vázquez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se advierte que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio número 17873 de la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 86/2016-VI y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión número 324/2016, por la que se confirma la sentencia sujeta a revisión en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, agregándose los cuadernos incidentales respectivos. Devuélvase a la Sala responsable las copias certificadas deducidas del proceso 323/2015 y del toca penal 545/2015-2; mismas que adjuntó al rendir su informe justificado, desglosándose los autos de las fojas 42 a la 375, dejándose en su lugar la certificación correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por GERARDO GARCÍA VÁZQUEZ, contra actos de la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1253/2016 Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al intepretar la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, determinó que aunque en esa disposición el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dicha fracción no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza; asimismo, precisó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicha fracción y precepto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado; y, que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Criterio el anterior, que se encuentra plasmado en la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". (Época: Décima Época, Registro: 2009721, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Página: 5). Bajo esa perspectiva, cabe decir que el acto reclamado en la especie, atendiendo a sus efectos, no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el acto aquí reclamado consiste en el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 102/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en donde la citada autoridad se declara incompetente para conocer del asunto y ordena remitir los autos al Juez en Turno del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del indicado distrito judicial, para que se avoque a su conocimiento. Esto es, la decisión reclamada no constituye una determinación definitiva, dado que está sujeta a que el órgano jurisdiccional a favor del cual se declina la competencia, a saber, el Juez en Turno del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la acepte. Lo anterior, tomando en cuenta que la resolución reclamada fue emitida por el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el cual se trata de un órgano especializado con autonomía y plena jurisdicción quien resuelve los conflictos en materia penal. En ese orden de ideas, el Juez en Turno del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, no se encuentra obligado a acatar el acuerdo reclamado, por no estar sujeto a la jurisdicción del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por tanto sólo la resolución que aquél emita aceptando la competencia, será en todo caso la que pudiera causar agravio al quejoso, y que podría ser impugnada a través del medio ordinario que la ley establezca en su caso, o del juicio de amparo que resulte procedente. En consecuencia es evidente, que el auto reclamado en donde la autoridad responsable declina la competencia al Juez en Turno del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, para conocer y resolver el asunto no es una determinación definitiva y no le causa agravio al impetrante de garantías, pues tiene como única consecuencia que se remitan los autos del juicio penal 102/2016 al Juez Turno del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral, quien dictará providencia en la que, en su caso, acepte tal competencia, y es entonces cuando, de ser así, se materializaría jurídicamente alguna transgresión. De ahí que, en el caso, el auto reclamado no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por no tratarse de una decisión definitiva. Ello, acorde a que, como se anotó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta. Es aplicable exactamente al caso, la jurisprudencia siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". (Época: Novena Época, Registro: 179888, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Laboral, Tesis: IX.2o. J/9, Página: 1190). Luego, es claro que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto, lo que procede es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Téngasele por señalado el domicilio que indica la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al letrado Gustavo Linares Alonso, mas no así a Javier Linares Alonso, en razón de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que se le tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos. Notifíquese personalmente.***
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