Gerardo García García
Expediente 1270/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Gerardo García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la quejosa, por el término de tres días para que realizara manifestaciones respecto a que en el presente asunto existen elementos para considerar que se podría actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIll, de la Ley de Amparo; ahora bien, de autos se desprende que dicho plazo transcurrió del trece al quince de noviembre de dos mil veintitrés, sin que se haya realizado alguna manifestación, por ende, devuélvase este expediente a la ponencia del suscrito Magistrado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en sesión de siete de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno de este órgano jurisdiccional determinó devolver los autos a la Secretaría de Acuerdos a efecto de dar vista a la parte quejosa, con la causa de improcedencia que este Tribunal advirtió de oficio se actualizaría, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en virtud de que se advierte. "(.) QUINTO. Causal de Improcedencia. Es innecesario relatar los antecedentes del acto reclamado, así como analizar los conceptos de violación que formuló el actor ********************, ahora peticionario del amparo, toda vez que en el presente caso se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, con apoyo en lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de amparo resulta inejercitable cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, porque ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Dichos artículos señalan: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" El motivo de improcedencia invocado, responde a un principio de seguridad jurídica, orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio constitucional para desconocer los efectos de la conducta que, ella misma, haya exteriorizado de manera libre y espontánea. En ese sentido, el consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de los actos reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2010, estableció los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido expresamente un acto de autoridad; siendo éstos: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce. b) Que cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, ninguna relevancia tendría la promoción del amparo. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. De la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 55/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, p. 830, Registro Ius 164615, de rubro y contenido siguiente: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.", sostuvo que si el quejoso presenta demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, tal proceder no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que establece la contribución, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Ahora bien, la circunstancia de que algunas leyes fiscales ofrezcan a sus destinatarios alguna reducción en las cantidades a enterar por su pago anticipado, esto es, por cubrirlas con anterioridad a la fecha ordinariamente programada para su recaudación, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acepta cumplir oportunamente sus cargas fiscales, y esa observancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio de garantías, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que este actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, si el juicio de amparo se promueve en tiempo y forma legales, contra el pago anticipado del impuesto predial que el contribuyente se autoliquide, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Concluyendo, que un acto de autoridad se consiente expresamente, cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea, a través de la cual se somete a los efectos del acto de autoridad que reclama. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues impide que los particulares ejerzan intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, a través del sometimiento a su contenido, y otro, que lo cuestiona mediante la promoción del juicio de amparo, lo que resulta jurídicamente inadmisible. Bajo este panorama jurídico, recordemos que en el caso particular, ********************, reclama la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós en el expediente ********************. La existencia de la sentencia, como se indicó en el considerando segundo de esta ejecutoria, quedó acreditada con el informe justificado rendido por el Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz y con las constancias digitales del juicio laboral ******************** de su índice, que adjuntó como complemento, de las que se aprecia la sentencia referida; por ende, se satisface el requisito exigido en el inciso a). De la lectura integral del acto reclamado, se observa que se absolvió al demandado al pago de diversas prestaciones que estimó procedentes; por lo que es contraria a los intereses de la quejosa y, por tanto, le causa un agravio; entonces, también se cumple con el inciso b). A efecto de verificar si se satisfizo el requisito exigido en el inciso c), cabe precisar que el pasado diecinueve de septiembre del año en curso, el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, remitió a este Tribunal Colegiado de Circuito, copia certificada de la audiencia de convenio en la modalidad de cumplimiento de sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés entre ******************** y ********************, contenidas en un disco. Acuerdo de voluntades, en el que el demandado se comprometió a pagar al actor el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés la cantidad de ******************** ante el órgano jurisdiccional que remite las actuaciones. Convenio que fue ratificado por las partes y aprobado por el Juez responsable en la propia diligencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés; tal como se advierte de la transcripción siguiente: "Segundo. Se tienen por hechas las manifestaciones de los comparecientes bajo protesta de decir verdad. Se tiene al actor dando por terminada la relación de trabajo con ******************** y manifestando su deseo de no ser reinstalado en su empleo, en términos de la fracción I, del artículo 53, de la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Se tiene a los comparecientes denunciando el convenio antes descrito a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, el cual se aprueba por este Tribunal al no contener renuncia de derechos de la parte trabajadora, cláusula contraria a derecho, a la moral o a las buenas costumbres, obligándose las partes a estar y pasar por el en todo momento como si se tratase de una sentencia debidamente ejecutoriada y elevada a la categoría de cosa juzgada, en términos de lo dispuesto por los artículo 33, 685, 774 Bis y 987 de la Ley Federal del Trabajo. Cuarto. Se tiene por señalada la fecha y hora de cumplimiento del presente convenio en términos de la cláusula Segunda, así como a la pena convencional a razón de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) diarios para el caso que la demandada incumpla con el pago de la cantidad a que se ha hecho referencia. Quinto. Se ordena, previa razón que de su recibo conste en autos, la devolución a las partes de los documentos originales que exhibieron, en virtud de que obran en el expediente electrónico. Sexto. Una vez la demandada dé cumplimiento al presente, se acordará lo conducente respecto al archivo del expediente, no obstante lo anterior, gírese oficio con copia certificada del presente convenio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito a efecto de que tenga conocimiento del mismo." En ese contexto, este Tribunal Colegiado considera que con las constancias que fueron remitidas por Tribunal Laboral, se acredita que el quejoso ********************, consintió de manera tácita la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************; la cual, constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que aun cuando en un primer momento, la peticionaria no estuvo de acuerdo con dicha resolución; lo cierto es que, al haber suscrito un acuerdo conciliatorio con su contraparte, exteriorizó de manera libre y espontánea, su voluntad de someterse a los efectos de la sentencia que aquí se combate. Ello se afirma, pues con la suscripción del convenio, el amparista manifestó su voluntad de pagar por concepto de lo condenado en la sentencia, la cantidad que se comprometió a exhibir y dar por concluido el juicio laboral ********************; lo que debe entenderse para todos los efectos legales y, por ende, implica la aceptación de la condena. De ahí que, no pueda analizarse válidamente si fueron correctas o no, las consideraciones de la sentencia impugnada, que le causaban un perjuicio al operario; en razón que, al suscribir un convenio en modalidad de pago con su contraparte, para dar por terminada la controversia laboral, exteriorizó su conformidad con el contenido del acto reclamado. Lo que significa, que este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo, toda vez que el análisis de la procedencia del juicio constitucional, es una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta tal determinación, la jurisprudencia II.3o. J/58, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, p. 57, Registro Ius 214593 de contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Consecuentemente, al materializarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo directo. Es importante resaltar que, conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo; se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, en virtud de advertirse una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior." Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 64 de dicho ordenamiento legal dese vista a la quejosa por el plazo de tres días computado a partir de que se le notifique este proveído a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez que transcurra dicho plazo, con o sin desahogo de la vista, devuélvanse los autos a la ponencia respectiva.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el contenido de los oficios SEADS/1192/2022, SEADS/524/2023 y SEADS/1271/2023 provenientes de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, fechados el quince de diciembre de dos mil veintidós, uno de febrero y veintiséis de abril de dos mil veintitrés, respectivamente, mediante los cuales se informa: - La adscripción del Magistrado Raúl Valerio Ramírez a este órgano colegiado en sustitución del Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez, con efecto a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. -La adscripción del Magistrado Casimiro Barrón Torres en sustitución de la Magistrada María Soledad Rodríguez González, con efecto a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. - La comisión temporal del Magistrado Rodolfo Castro León, en sustitución del Magistrado Raúl Valerio Ramírez, con efectos a partir del uno de junio de la actual anualidad y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. En consecuencia, hágase del conocimiento a las partes que este tribunal queda integrado de la siguiente manera Magistrado Presidente Casimiro Barrón Torres, Magistrado Enrique Munguía Padilla y Magistrado Rodolfo Castro León. En mérito de lo anterior, RETÚRNESE el presente expediente al Magistrado Casimiro Barrón Torres y hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído para los efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ***, no ratificó su desistimiento en este asunto, por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento realizado por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés y se continúa con el procedimiento en el presente asunto.
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