Gerardo Gallegos Espinosa

Expediente 601/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
601/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Gallegos Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja .... se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, ...se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental,...En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo..... En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. ...Notifíquese.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa GERARDO GALLEGOS ESPINOSA o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el veintidós de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Gallegos Espinosa, contra actos que atribuye al Magistrado de la Novena Sala Civil del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 601*2019. Del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hizo consistir los actos reclamados en: *ACTOS RECLAMADOS. * Bajo protesta de decir verdad manifiesto a usted, que los actos reclamados son los siguientes: A).* El acuerdo de fecha 7 de Noviembre dictada por el Ciudadano Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado dentro del Toca de Apelación I*397*2019 que se formó con motivo del recurso de Apelación hecho valer frente al acuerdo de fecha 13 de Septiembre del año 2019 dictado por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial en Uruapan, Michoacán, del Juicio de Tercería Excluyente de Dominio número 497*2018. B).* El acuerdo de fecha 7 de Noviembre dictada por el Ciudadano Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado dentro del Toca de Apelación I*396*2019 que se formó con motivo del recurso de Apelación hecho valer frente al acuerdo de fecha 13 de Septiembre del año 2019 dictado por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito judicial en Uruapan, Michoacán, del Juicio de Tercería Excluyente de Dominio número 497*2018.* Es decir, la parte quejosa reclama, los actos siguientes: El auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Morelia, dentro del Toca de Apelación I*397*2019, en el que se determinó inadmisible el recurso de apelación hecho valer en contra del acuerdo de fecha trece de septiembre del año en curso *en el que el Juez determinó que las manifestaciones del aquí quejoso, serían tomadas en cuenta al momento de resolver en definitiva el asunto* derivado de la Tercería Excluyente de Dominio número 497*2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial en Uruapan, Michoacán. El auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Morelia, dentro del Toca de Apelación I*396*2019, en el que se determinó inadmisible el recurso de apelación hecho valer en contra del acuerdo de fecha trece de septiembre del año en curso, *en el que se abrió el juicio a prueba* derivado de la Tercería Excluyente de Dominio número 497*2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial en Uruapan, Michoacán. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P.*J.40*2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: *DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.* DESECHAMIENTO. Ahora, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13*.A. J*6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: *DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO *MANIFIESTO* DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4*95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos *manifiesto* e *indudable* a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e *indudable* significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.* Ahora, es necesario precisar que *manifiesto* debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por *indudable*, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J*19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: *DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN *MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA*. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos *manifiesto*, significa claro, evidente y el *indudable*, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.* Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia(Común) *IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.*. Ahora bien, de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: *Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. * Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J*37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) *AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.* Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en los autos de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictados por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Morelia, dentro de los cuadernos de Toca de Apelación I*396*2019 y I*397*2019, en los que se determinó inadmisibles los recursos de apelación hechos valer en contra de los acuerdos de trece de septiembre del año en curso, derivados de la Tercería Excluyente de Dominio número 497*2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial en Uruapan, Michoacán, ya que, en materia mercantil, contra autos y decretos de los Tribunales Superiores procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 1334, del Código de Comercio. Tienen sustento a lo anterior los criterios siguientes: Tesis: 1a.*J. 45*2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 178152 1 de 1 Primera Sala Tomo XXI, Junio de 2005 Pag. 106 Jurisprudencia(Civil) REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Tesis: IX.1o.63 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 186145 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVI, Agosto de 2002 Pag. 1371 Tesis Aislada(Civil) REPOSICIÓN, RECURSO DE. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. El acuerdo que pronuncie un tribunal superior, declarando inadmisible el recurso de apelación interpuesto en un juicio ejecutivo mercantil y firme la sentencia de primer grado, es impugnable a través del recurso ordinario de reposición a que se refieren los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. Entonces, es preciso concluir que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues la legislación mercantil prevé el recurso de reposición en contra del auto del tribunal de alzada que declara inadmisible una apelación, resulta inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que de la diversa demanda de amparo promovida ante este Juzgado de Distrito por el propio quejoso Gerardo Gallegos Espinosa, registrada con el número 514*2018, la cual se invoca como hecho notorio, se advierte que la cuantía materia del juicio de origen *Juicio Ejecutivo Mercantil 1381*2010*, asciende a la cantidad de *1,382,030.00 (un millón trescientos ochenta y dos mil treinta pesos 00*100 M.N.), por concepto de suerte principal, es decir, excede de la cuantía a que se refiere el artículo 1340 del Código de Comercio. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.* Así como el diverso criterio que a la letra dice: Tesis: I.6o.C.32 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010791 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV Pag. 3418 Tesis Aislada(Común, Civil) RECURSO DE REPOSICIÓN. PROCEDE SI SE RECLAMA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, QUE REVOCA LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN HECHA POR EL JUEZ Y DECLARA INADMISIBLE EL MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El primer caso de excepción al principio de definitividad, previsto en el artículo citado, consiste en que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional, lo cual implica que si la norma que determina la existencia y procedencia de un recurso, conforme al cual, es factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, admite más de una interpretación, entonces el justiciable, ante esa indefinición, puede optar entre agotarlo o concurrir directamente al juicio de amparo y, en ese supuesto, no le será reprochable su falta de interposición. Sin embargo, esta excepción debe estimarse inaplicable cuando se reclama el auto dictado por el tribunal de alzada, mediante el cual revoca la admisión de la apelación hecha por el Juez y se declara inadmisible ese recurso interpuesto contra la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios, porque indudablemente es impugnable a través del recurso de reposición previsto en el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone, en forma genérica, que puede pedirse contra los decretos y autos emitidos por el tribunal de alzada, aun aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, sin distinguir entre autos provisionales, preparatorios y definitivos, ni sobre la trascendencia del proveído apelado, ni las consecuencias que pueda tener sobre el justiciable. De esa manera, ante la interpretación categórica que define en forma positiva la procedencia del recurso contra actos reclamados de ese tipo, desaparece la incertidumbre e indefinición que podría tener la norma que lo establece, por lo que debe promoverse el recurso de reposición porque, de no hacerlo, incumpliría con el principio de definitividad y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio de amparo. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de causales de improcedencia del juicio de amparo que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo son las previstas en las fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de cuenta y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Martin Bucio Ayala, Francisco Javier Torres García, Daniel Pompa Anguiano, Blanca Esthela Martínez Almaraz y Juan Manuel Valerio Ruiz, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Ángel Zambrano Vázquez, Cecilia Gabriela Aguilar Zambrano y Juan Carlos Cuevas Prado, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3* de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8* de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6* del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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