Gerardo Galindo Duran
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- GERARDO GALINDO DURAN y Otros.
- Gerardo Galindo Duran
- Maricruz Perez Suarez
- MARICRUZ PEREZ SUAREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1994/2022/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por 1. Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, a través del cual, acusa recibo de la misiva 762/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que este órgano jurisdiccional le notificó la determinación dictada en esa fecha y le remitió lo siguiente: ( Tres discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el catorce de abril de dos mil veinte, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó a la parte quejosa por lista el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos al siguiente día, es decir, el veintiséis de mayo de la presente anualidad y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintisiete de mayo al dieciséis de junio de la presente anualidad, previo descuento de los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro, cinco, once y doce de junio, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, en complemento a su informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Tres discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el catorce de abril de dos mil veinte, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las documentales que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar las certificaciones de desglose correspondientes en las fojas en donde obran la mica o sobre que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger los siguientes documentos: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTIN; y, ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTIN. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; por lista al tercero interesado Edgar Guerrero Alvarado, en representación del occiso José Martín Guerrero Alvarado -víctima del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables (a la penitenciaria, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó a la parte quejosa por lista el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos al siguiente día, es decir, el veintiséis de mayo de la presente anualidad y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintisiete de mayo al dieciséis de junio de la presente anualidad, previo descuento de los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro, cinco, once y doce de junio, todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, en complemento a su informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Tres discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el catorce de abril de dos mil veinte, el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las documentales que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar las certificaciones de desglose correspondientes en las fojas en donde obran la mica o sobre que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger los siguientes documentos: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTIN; y, ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTIN. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; por lista al tercero interesado Edgar Guerrero Alvarado, en representación del occiso José Martín Guerrero Alvarado -víctima del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables (a la penitenciaria, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de tres de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte negó a los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán el amparo y la protección de la Justicia Federal y, por otra, lo concedió, respecto a la determinación de vincularlos a proceso, dictada en audiencia oral de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN; por las razones expuestas en el considerando octavo, apartado A, de la sentencia y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Inconformes con dicha determinación, la autoridad tercera interesada Alexei Parrilla Efimenkova, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-297/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el uno de abril de dos mil veintidós confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida en lo que fue materia del recurso. En ese tenor, por acuerdo emitido el veintidós de abril del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de tres de mayo pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo un oficio por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco versátil digital en el que obra la audiencia de dos de mayo de dos mil veintidós, llevada a cabo en la causa penal 75/2020/SANMARTÍN. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se consideró constitucional que 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, en audiencia celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, haya impuesto a los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN y, por ende, se les negó el amparo y la protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto combatido. Negativa que se hizo extensiva por lo que respecta a los actos de ejecución de la citada medida cautelar, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Por otro lado, se estimó que la resolución mediante la cual, la citada jueza de control vinculó a proceso a los ahora quejosos, dentro de la citada causa penal, era inconstitucional por violar la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 Constitucional, al no fundar ni motivar debidamente su decisión de no excluir diversos datos de prueba que derivaron, indirectamente, de la intromisión al domicilio de los quejosos, declarada inconstitucional dentro del amparo en revisión 140/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo una justificación hipotética sin sustento objetivo alguno: un descubrimiento inevitable de diversos datos de prueba, a pesar de que se obtuvieron de un acto ilegal, si el fiscal investigador hubiera actuado conforme al artículo 285 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la ilegal intromisión del domicilio. Por tanto, se les concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Se arribó a tales conclusiones, con base en -medularmente- lo siguiente: A. Que, con base en la institución jurídica de la preclusión, en este juicio no podían ser materia de estudio aquellas violaciones procesales que no se hicieron valer por la parte promovente, así como las que se no se invocaron de oficio en el juicio de amparo 469/2020 del índice de este juzgado, sino solamente aquellas violaciones de forma y de fondo que, en su caso, se cometieron al momento del dictado de la resolución de vinculación a proceso reclamado. B. Que, der igual forma, no serían materia de estudio, por ser inoperantes, aquellos motivos de disenso en los que se argumentó que la jueza responsable no cumplió totalmente con la ejecutoria de amparo derivada del amparo en revisión 140/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al no excluir -afirman- todos los datos de prueba que derivaron de la inconstitucional intromisión a su domicilio; ello, porque, si a pesar de la concesión del amparo, los quejosos hubieren estimado que la responsable no cumplió con la ejecutoria o que lo hizo de forma defectuosa y/o con excesos, tenían a su alcance el recurso de inconformidad que procede contra la determinación que declara por cumplida la ejecutoria, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, con el objeto de que el Tribunal de Alzada, de resultar fundados sus motivos de disenso, precisara que la responsable no acató cabalmente con el fallo protector y, por ende, requiriera su cabal cumplimiento. C. Que la jueza de control no fundó ni motivó debidamente el "descubrimiento inevitable" del cuerpo del occiso y de los indicios aparentemente ubicados en el domicilio de los quejosos, pues contrario a lo que afirmó, no se podía considerar como una línea de investigación abierta y distinta de la que generó la obtención ilícita de la evidencia, el hipotético caso, y sin sustento objetivo ni fáctico, en el que en lugar de que el agente investigador Pedro Fierros Ramírez hubiera ingresado ilegalmente al domicilio de los quejosos, el Ministerio Público hubiera ordenado, en términos del artículo 285 del Código Nacional de Procedimientos Penales y previo a que un juez competente dictara una orden de cateo, las medidas de vigilancia o cualquiera otra que no requiriera control judicial, que estimara convenientes para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyeran el objeto de un cateo. Y, luego, una vez que se contara con la orden correspondiente, los agentes pudieran ingresar legalmente al domicilio para, luego, descubrir los indicios y detener a los quejosos en similares circunstancias a las narradas por la fiscalía en audiencia. D. Que, lo anterior, porque ello equivaldría a retrotraer las cosas justo al momento previo en que se vulneró el derecho a la intimidad de los quejosos con la intromisión a su domicilio -a partir de circunstancias subjetivas, como lo determinó el Tribunal de Alzada dentro del amparo en revisión 140/2020: la existencia de un olor fétido, la puerta de la entrada abierta y la noticia de que un vecino no sabía del paradero de los quejosos desde hace cuatro o cinco días-; ello, sólo para justificar que si se hubiera actuado de una manera determinada y diferente, por no decir legal, hubiera sido inevitable el descubrimiento probatorio. E. Que, más bien, lo que se debía entender por el descubrimiento inevitable de los elementos incriminatorios que se obtuvieron a través de un acto ilegal, es el hecho real de que el fiscal contara con una o varias líneas de investigación abiertas y diversas para descubrir indicios del hecho delictivo; por ejemplo, que en el en caso concreto, hubiera existido una denuncia por la desaparición de la víctima y, por ende, actos de investigación tendentes para dar con su paradero, de los que se hubieren obtenido testimonios de personas que la hubieran visto en el domicilio de los quejosos momentos previos a su deceso, videos del fraccionamiento que hubieran ubicado a la víctima en ese lugar y tiempo, etcétera; mismos que al final hubieran sido útiles para encontrar el cuerpo de la víctima y el resto de los indicios al margen del acto declarado ilegal. F. Que, en efecto, en el descubrimiento inevitable se permitía valorar un dato probatorio que había sido obtenido ilícitamente, si se acreditaba de forma suficiente que aquél hubiera sido "inevitablemente" descubierto por medios legales independientes, al margen de la actuación inconstitucional que dio lugar a su obtención. G. Que, por tanto, si resultaban incorrectas las consideraciones que la jueza de control utilizó para justificar el descubrimiento "inevitable" del cuerpo de la víctima y el resto de los indicios en el domicilio de los quejosos, el auto de vinculación a proceso resultaba violatorio del principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 Constitucional. H. Que se encuentra convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos por los cuales se vinculó a proceso a los quejosos. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que quedara firme la sentencia y se requiriera su cumplimiento, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal de origen; en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en contra de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán en audiencia celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla. 2. Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de catorce de abril de dos mil veinte. 3. Reiterar la determinación relativa a que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos, con base las consideraciones y efectos de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 140/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, así como aquella en la que, con la plenitud de jurisdicción concedida por el citado Tribunal Colegiado, excluyó únicamente el dato de prueba que consistió en la entrevista recabada al agente de investigación Pedro Fierros Ramírez de diez de abril de dos mil veinte. 4. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia y con libertad de jurisdicción, realizar la exclusión de los datos de prueba que derivaron de la ilegal intromisión del domicilio de los quejosos, para lo cual debía prescindir de las consideraciones que utilizó para justificar el descubrimiento "inevitable" del cuerpo de la víctima y el resto de los indicios en el domicilio de los quejosos. 5. Luego, con la misma plenitud de jurisdicción, resolver la situación jurídica de los quejosos, con base en el ejercicio de contradicción y en las teorías del caso propuestas en audiencia inicial de catorce de abril de dos mil veinte, pero sin tomar en consideración los datos de prueba que hayan sido excluidos. 6. Decidir la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, siempre y cuando, en la nueva resolución que emita sobre la situación jurídica de los quejosos, los haya vinculado a proceso nuevamente por el delito de homicidio calificado; de lo contrario, si con la libertad de decisión concedida decide recalificar el hecho con apariencia de delito o no vincular a proceso, se encuentra en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en audiencia oral celebrada el dos de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, resolvió -esencialmente y en lo que interesa- lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso reclamada. 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de la audiencia de catorce de abril de dos mil veinte. 3. Reiteró la determinación relativa a que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos, con base las consideraciones y efectos de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 140/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, así como aquella en la que, con la plenitud de jurisdicción concedida por el citado Tribunal Colegiado, excluyó únicamente el dato de prueba que consistió en la entrevista recabada al agente de investigación Pedro Fierros Ramírez de diez de abril de dos mil veinte. 4. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en el considerando octavo de la sentencia y con libertad de jurisdicción, excluyó los datos de prueba que derivaron de la ilegal intromisión del domicilio de los quejosos; esto es: i) el informe pericial número 158/2020 de once de abril de dos mil veinte, emitido por Abigail Rojas Cruz, perito criminalista de campo adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla; ii) el acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver de nueve de abril de dos mil veinte, realizada y signada por Pedro Fierro Ramírez, agente Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia de Huejotzingo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; iii) el dictamen médico legal de necropsia número 488 de diez de abril de dos mil veinte, emitido por Fátima Ivonne Armas Valdivia, médico legista y forense adscrita a la Dirección de la Institución Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla; así como, iv) el registro de la llamada telefónica realizada a las diecisiete horas con cincuenta minutos del nueve de abril de dos mil veinte. Prescindiendo, para ello, de las consideraciones que utilizó, en el auto de término constitucional impugnado, para justificar el descubrimiento "inevitable" del cuerpo de la víctima y el resto de los indicios en el domicilio de los quejosos. 5. Luego, con la misma plenitud de jurisdicción, resolvió la situación jurídica de los quejosos, con base en el ejercicio de contradicción y en las teorías del caso propuestas en audiencia inicial de catorce de abril de dos mil veinte, dictando auto de no vinculación a proceso en su favor, ante la insuficiencia de los datos de prueba sobrantes para justificar el hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, así como su probable responsabilidad; es decir, la insuficiencia de los datos de prueba siguientes: el registro de la llamada telefónica realizada a las dieciséis horas con cincuenta minutos del nueve de abril de dos mil veinte, así como las entrevistas recabadas a los testigos José Eloy Pérez Torres, Job Flores Ramírez y Jorge Chávez Flores. 6. Ante el nuevo auto de término constitucional dictado, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos como medida cautelar dentro del procedimiento. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación reclamado de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal de origen; ii) con la libertad de jurisdicción concedida, excluyó todos los datos de prueba que derivaron de la ilegal intromisión del domicilio de los quejosos, prescindiendo de las consideraciones que utilizó para justificar el descubrimiento "inevitable" del cuerpo de la víctima y el resto de los indicios en el domicilio de los quejosos; iii) con esa plenitud de jurisdicción, dictó en su favor auto de no vinculación a proceso, ante la exclusión efectuada y ante la insuficiencia de los datos de prueba sobrantes para justificar el hecho con apariencia del delito imputado y su probable responsabilidad; y, iv) por ende, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta como medida cautelar dentro del procedimiento. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; por lista al tercero interesado Edgar Guerrero Alvarado, en representación del occiso José Martín Guerrero Alvarado -víctima del delito-, en cumplimiento al auto de quince de octubre de dos mil veintiuno; y, por oficio a las autoridades responsables (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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