Gerardo Fragoso Morales

Expediente 646/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
646/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Fragoso Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por Gerardo Fragoso Morales, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gerardo Fragoso Morales, por el cual desahoga la prevención formulada en autos y al efecto relata bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado. En consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa y se procede a acordar lo conducente respecto de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito inicial de demanda, así como de los escritos de desahogo de prevención, se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: La determinación emitida en audiencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 391/2020, mediante la cual se declaró infundada la solicitud de nulidad de la prueba de reconocimiento de personas de veintiséis de febrero de dos mil veinte, llevada a cabo sobre el quejoso, durante la etapa de investigación inicial. Así pues, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.", "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" Ahora, tal como se desprende de los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, lo primero que se desprende es que el acto aquí reclamado constituye un acto dictado dentro del procedimiento judicial, ya que se trata de una solicitud de nulidad de prueba dentro de la etapa intermedia de un procedimiento penal; en el cual aún se encuentra pendiente el dictado del auto de apertura a juicio oral, así como toda la fase de juicio y la emisión de la sentencia definitiva. Sentado lo anterior, también es necesario referir que la determinación de declarar improcedente la solicitud de declarar nula una prueba practicada durante la etapa de investigación, no resulta ser un acto de imposible reparación para el quejoso, como se verá a continuación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tanto el incido b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional, como la fracción V, del artículo 105 de la Ley de Amparo, estableciendo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no podrían destruirse con la resolución del asunto. Es decir, para considerar un acto como de imposible reparación, se requiere que sus efectos no pueden ser remediados fácticamente con el sólo hecho de que quien sufre la violación procesal obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no trastocan tales valores, sino que únicamente provocan una alteración en la posición que las partes van adoptando durante la tramitación del procedimiento judicial. Así, los actos reparables o de posible reparación, son aquellos que únicamente afectan los denominados derechos adjetivos o procesales, porque sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, incidiendo en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; en esa línea, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias de tales actos (que en su momento pudieron haber sido adversos para el quejoso) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Además es importante resaltar que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En esos términos, se advierte que el acto reclamado (negativa de declarar la nulidad de una prueba) no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, que transgreda materialmente en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional, ya que no afecta materialmente de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos establecidos en la Carta Magna. La resolución reclamada resultaría, en su caso, únicamente una violación de carácter adjetivo, en la medida de que su consecuencia es que se continúe con la etapa intermedia sin haber excluido una prueba que a consideración de la parte quejosa, es ilícita. Sin embargo, ello no implica alguna transgresión directa a un derecho sustantivo, pues la ilicitud de la prueba se vuelve a analizar al momento de celebrarse la audiencia intermedia, en que las partes pueden volver a pedir que se excluyan las pruebas recabadas con violación a derechos fundamentales; e incluso durante la etapa de juicio oral, ya que durante su desahogo el tribunal de enjuiciamiento puede volver a valorar la legalidad de la prueba, caso en el cual podría declarar su nulidad en esa etapa y dejar de ser tomada en consideración. En otras palabras, la resolución que desestima una solicitud o incluso incidente de nulidad de pruebas (en la etapa intermedia), en principio, únicamente produce el efecto de que se continúe con la audiencia correspondiente, y en su momento, que el juicio pueda avanzar a la etapa de juicio oral, cuestiones que no implican violaciones a ningún derecho sustantivo del quejoso, como su privacidad, su honor, vida, libertad o a algún otro derecho sustantivo. Es decir, el efecto de esa resolución es únicamente de carácter procesal: que se continúe el procedimiento penal de origen. Lo cual, como se vio, no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que ello no implica algún pronunciamiento que pueda causar una afectación material a los derechos sustantivos del aquí quejoso como podrían ser la vida, la libertad, la posesión o la propiedad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." Sobre esas bases, debe decirse que, aun cuando la resolución reclamada pudiera ser adversa a los intereses del quejoso, lo cierto es que por el momento, el acto sólo ocasiona que el procedimiento continúe sin ninguna reposición, que se celebre la audiencia intermedia -acto en el que se pueden excluir las pruebas ilícitas- y se dicte el auto de apertura a juicio oral, y posiblemente que el juicio avance a la etapa de juicio oral, donde se podrán valorar las pruebas que ahí se desahoguen, y en su caso, determinar si el reconocimiento de persona efectuado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, se efectuó en contravención a los derechos fundamentales del quejoso. Por otro lado, aún si la sentencia definitiva resultare contraria a sus intereses, entonces el quejoso se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente y una nueva demanda de amparo directo, en el cual se podrán impugnar precisamente los aspectos de valoración de las pruebas ilícitas, que pudieran haber trascendido al resultado del fallo. Siendo así, es claro que las consecuencias de la posible irregularidad del acto reclamado, son susceptibles de extinguirse sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo dicho acto no resulta irreparable, ya que sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Al respecto es aplicable por analogía a la Nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 394305, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 234, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. Así como la diversa tesis II.1o.C.T.53 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Agosto de 1997, página 660, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirmó el acto mediante el cual el Juez declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través del incidente sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el impetrante obtiene sentencia favorable, máxime que la improcedencia del incidente no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del solicitante de garantías." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Gerardo Fragoso Morales, por propio derecho, con fundamento en los artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ---------, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, y al efecto realiza diversas manifestaciones. Ahora bien atendiendo a lo exteriorizado por el quejoso, no ha lugar a tener por desahogada a la prevención en relación al inciso 1), la cual se realizó para que bajo protesta de decir verdad realizara lo siguiente: "1) Bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en relación a la carpeta administrativa 391/2020, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Lo anterior es así, toda vez que de la demanda de amparo no se advierten con claridad cuáles son los antecedentes del acto reclamado, lo cual obstaculiza que se pueda fijar de manera adecuada la litis, por ejemplo; hace referencia a una detención realizada por elementos policiacos de la Ciudad de México el veinticinco de febrero de dos mil veinte, y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Iztapalapa, por el delito de narcomenudeo, instalaciones ministeriales en las cuales el día veintiséis de febrero de dos mil veinte, se practican -en dicho del quejoso- diligencias de reconocimiento sobre su persona, para posteriormente ser presentado ante el Juez de Control de la Ciudad de México, autoridad judicial que decreta su libertad, por el delito en comento. También refiere, que el veintiocho (sic) se llevó a cabo la audiencia inicial y le dictan auto de vinculación en la carpeta administrativa 391/2020, del índice del Juzgado de Control de Tlalnepantla, Estado de México. Posteriormente, aduce que solcito la nulidad de prueba, relativa a la confronta que fue practicada en su persona, sin que se aprecie cuando lo solicitó. En ese sentido, también deberá proporcionar el estado procesal que guarda la carpeta administrativa 391/2020, del índice del Juzgado de Control de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que este Juzgado Federal, este en posibilidad de advertir la etapa procesal del proceso penal que se le instruye y analizar la procedencia del presente sumario." Lo anterior, pues del escrito de cuenta se advierte que hace una relación de los antecedentes del acto reclamado, manifestando ". 6.- EL VIRTUD DE QUE MI DEFENSOR, nombrado en la diligencia de reconocimiento y que mi defensor que nombre en la audiencia inicial NO HABÍA COMBATIDO LOS VICIOS DEL RECONOCIMIENTO, ES MOTIVO POR LO QUE solicite la NULIDAD DE LA PRUEBA, se señala fecha la cual no se lleva, y se señala nueva fecha, la cual si se lleva en la cual SE DECLARA INFUNDADA DICHA SOLICITUD Y ES EL MOTIVO POR LO QUE INICIE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA DICHA DETERMINACIÓN"; sin embargo, no atiende cabalmente al inciso 1) de la prevención aludida, esto es, no manifiesta cuando solicitó la nulidad de prueba, relativa a la confronta que le fue practicada en su persona, esto es, si fue antes, o después de la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en la que fue vinculado a proceso. De ahí, que no se tenga por desahogada la prevención formulada ya que el promovente no desahogó cabalmente el inciso 1) por las razones expuestas. En tales condiciones, dígase a la parte quejosa que tomando en consideración que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se le concedieron cinco días para dar cumplimiento a la prevención, el cual fue notificado personalmente el doce de julio del año que transcurre, y en atención a que el escrito de cuenta se presentó el tercer día del plazo, permanecen intocados dos días para acatar la prevención, subsistiendo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, es decir, aun cuenta con dos días que contará a partir de que surta efectos la notificación que se realice del presente acuerdo, para desahogar el punto de prevención faltante. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII (Noviembre 2003), Novena Época cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 646/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. PREVENCIÓN Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que, dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta, no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2. Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: ARTÍCULO 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, 65 contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, 66 deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, 67 se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 3. Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 5. Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110, 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Gerardo Fragoso Morales, para que, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en relación a la carpeta administrativa 391/2020, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Lo anterior es así, toda vez que de la demanda de amparo no se advierten con claridad cuáles son los antecedentes del acto reclamado, lo cual obstaculiza que se pueda fijar de manera adecuada la litis, por ejemplo; hace referencia a una detención realizada por elementos policiacos de la Ciudad de México el veinticinco de febrero de dos mil veinte, y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Iztapalapa, por el delito de narcomenudeo, instalaciones ministeriales en las cuales el día veintiséis de febrero de dos mil veinte, se practican -en dicho del quejoso- diligencias de reconocimiento sobre su persona, para posteriormente ser presentado ante el Juez de Control de la Ciudad de México, autoridad judicial que decreta su libertad, por el delito en comento. También refiere, que el veintiocho (sic) se llevó a cabo la audiencia inicial y le dictan auto de vinculación en la carpeta administrativa 391/2020, del índice del Juzgado de Control de Tlalnepantla, Estado de México. Posteriormente, aduce que solcito la nulidad de prueba, relativa a la confronta que fue practicada en su persona, sin que se aprecie cuando lo solicitó. En ese sentido, también deberá proporcionar el estado procesal que guardan la carpeta administrativa 391/2020, del índice del Juzgado de Control de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que este Juzgado Federal, este en posibilidad de advertir la etapa procesal del proceso penal que se le instruye y analizar la procedencia del presente sumario. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento con el requerimiento inserto en este proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda. De igual forma, se hace del conocimiento al promovente que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, en su caso, procederá a dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, lugar en donde se encuentra recluido. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. En el entendido de que el fedatario adscrito no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, signada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de amparo a Juan Sánchez Jiménez, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a la diversa persona que autoriza se le tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, por así haberlo solicitado. También, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de medios electrónicos digitales. EXHORTO A CONTIUNAR EN JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN PARA LAS PARTES Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber: 5553870500, extensión 1392, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.

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