GERARDO ESTRADA ROMERO y Otros.

Expediente 567/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
567/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • GERARDO ESTRADA ROMERO y Otros.
  • Gerardo Estrada Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; veintidós de julio de dos mil diecinueve. I. Desahoga prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por Gerardo y Rogelio Estrada Romero, mediante el cual desahogan la prevención que le fue formulada en auto de ocho de julio de dos mil diecinueve (f. 12-14); téngase por cumplido el requerimiento de que se trata para los efectos legales procedentes. II. Desechamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Analizada la demanda, el ocurso atinente al desahogo de prevención, así como los anexos acompañados a éstos, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: La resolución dictada el doce de junio de dos mil diecinueve en los autos del juicio ejecutivo mercantil M012/2018, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de San Felipe, Guanajuato, mediante el cual tuvo por inadmitido el recuro de apelación hecho valer contra el auto de veinticuatro de mayo del año en curso, por el que determinó no tener por exhibido el dictamen en materia de valuación de inmuebles presentado por el perito de la parte demandada, dado que no existía cargo alguno encomendado a favor de dicho experto. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos emanados del procedimiento de remate, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento, siendo ésta aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el precepto referido, emitió la jurisprudencia número 1a./J. 13/2016 (10a.), cuyo contenido es: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". En la contradicción de tesis 74/2015 que dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal como se observa de la siguiente transcripción: ".Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: i. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o ii. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o iii. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial (.) Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Ahora, el legislador dispuso que tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento, disposición que es la que provoca la contradicción de criterios denunciada, pues se dispuso la conjunción "y" lo que por un lado permite suponer que es hasta que se emitan ambas órdenes que se actualiza la última resolución del remate, y por otro lado también se tiene la posibilidad jurídica de concluir que toda vez que la orden de escrituración y la orden de entrega son efectos connaturales del acto de adjudicación, entonces es indistinto se emita una u otra para tener actualizada la última resolución del remate, máxime que como razonó el tribunal denunciado la entrega material es una consecuencia de la escrituración. De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Se llega a la conclusión anterior, porque de considerar lo contrario, se trastocaría el sistema del juicio de amparo, de acuerdo a como está regulado en la Ley de Amparo vigente, pues se advierte que, incluso, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo, el artículo 151 de la mencionada ley, dispone que la suspensión del acto reclamado derivado de remates de inmuebles, ésta permitirá el curso del procedimiento, hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de los bienes al adjudicatario,(18) lo que corrobora lo que hasta aquí se ha sostenido, en el sentido que para que se actualice la última resolución del remate susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, basta que se ordene la escrituración del bien inmueble adjudicado, ya que la entrega de éste al adjudicatario, también consiste en un efecto connatural al acto de adjudicación. Sin ser óbice, que ambas órdenes, esto es, la de escrituración y entrega, puedan dictarse en el mismo proveído del tribunal o Juez, pues como se adelantó, en ese caso también se estaría frente a la última resolución del remate de bienes inmuebles en la fase de ejecución de sentencia, pues no se advierte regulación que exija que la orden de entrega del bien adjudicado, conste en el mismo proveído donde se ordena la escrituración del inmueble. De acuerdo a lo razonado, esta Primera Sala concluye que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, debe leerse en el sentido de que la última resolución del remate, constituye aquella que ordena la escrituración o bien la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Conclusión que se estima correcta al ser coherente con la razonabilidad que subyace al requisito impuesto por el legislador, el cual pretende resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues de considerar que es necesario emitir ambas órdenes -escrituración y entrega- para actualizar la última resolución del remate, puede suceder un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la responsable omita emitir la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial; y a su vez, imposibilitaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, obstaculizando el acceso a la justicia constitucional, por tanto el criterio jurídico interpretativo que debe prevalecer para la procedencia del juicio de amparo en actos derivados del procedimiento de remate, de acuerdo a la presente contradicción, es que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución del remate, entendida ésta como la que de forma indistinta ordene la escrituración o entrega del bien inmueble adjudicado, ya sea en el mismo proveído o en uno distinto, pues al ser ambas consecuencias connaturales del acto de adjudicación es que materializan todos sus efectos y, por ende, ponen fin a la fase del remate.". Como se desprende de la transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: a) Actos emitidos en ejecución de sentencia y, b) Actos emanados de procedimiento de remate. De modo que respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia; en estos casos, cualquiera de las partes puede reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución al momento de impugnar la última resolución, en tanto que guardan vinculación con esa resolución y transcienden a la misma. En el segundo supuesto relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, como en el caso que nos ocupa, el amparo indirecto procede, contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. El propósito de estas reglas de procedencia en ambos supuestos (etapa de ejecución genérica y procedimiento de remate), es evitar el abuso de la tramitación del juicio de amparo, aunado al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales. En el caso, se destacan los siguientes antecedentes narrados en la demanda de amparo y escrito de desahogo a la prevención: Se tramitó el juicio ejecutivo mercantil seguido por Pedro Villegas Cahue endosatario en procuración de Ciprián Quintanilla Tijerina (parte actora), contra Gerardo y Rogelio Estrada Romero (parte demandada y ahora quejosa), en el Juzgado Único de Partido Civil de San Felipe, Guanajuato, con el número de expediente M12/2018. Una vez llevadas a cabo cada una de las etapas procesales, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva condenatoria, resolución que fue confirmada el diez de enero de dos mil diecinueve, por la Novena Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Posteriormente se inició el procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que el nueve de mayo del año en curso el juez responsable dictó un acuerdo en el que tuvo por exhibido el avalúo de la parte actora y se le concedió a la demandada un término de diez días para que aportara el peritaje de su intensión. Luego, el quince de mayo de dos mil diecinueve, la parte demandada nombró perito de su parte y el diecisiete siguiente el juez responsable no tuvo por nombrado a su experto porque no existía requerimiento en ese sentido, auto que fue regularizado únicamente para que fuera notificado por medio de lista. El veintidós de mayo del año en curso, el perito de la parte demandada aquí quejosa presentó el peritaje en materia de valuación, por lo que el veinticuatro de mayo siguiente, el Juez responsable determinó no tener por exhibido el mismo, dado que no cargo alguno encomendado a favor del experto de la parte demandada. Inconformes con esa determinación, la parte demandada presentó recurso de apelación, mismo que el doce de junio del año en curso, no fue tramitado por que el auto que pretendía combatir resultaba inapelable. Ésta última determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. El ocho de julio de dos mil diecinueve, no se llevó a cabo la primera almoneda de remate, por no existir posturas legales. Ahora, de lo anteriormente narrado se obtiene que la autoridad responsable mediante el auto reclamado tuvo por inadmitido el recuro de apelación hecho valer contra el auto de veinticuatro de mayo del año en curso, por el que determinó no tener por exhibido el dictamen en materia de valuación de inmuebles presentado por el perito de la parte demandada, dado que no existía cargo alguno encomendado a favor de dicho experto, no es la última en etapa de remate por los motivos que enseguida se expresarán. En efecto, debe señalarse que el acto reclamado, no encuadra en los supuestos de procedencia tratándose de los procedimientos de remate en la etapa de ejecución, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se tratan de la orden definitiva de: a) Otorgar la escritura de adjudicación, o bien, b) Entregar el bien inmueble rematado. En ese contexto, la circunstancia de que en la resolución reclamada por la que el Juez responsable tuvo por o interponiendo el recurso de apelación hecho valer en contra el diverso de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el que no acordó favorable la exhibición del dictamen en materia de valuación de bienes inmuebles, por que no existía encomienda alguna a cargo del ingeniero Guillermo Zamarripa Espinoza, en el juicio ejecutivo mercantil M12/2018, no implica la procedencia del juicio de amparo en contra de dicha determinación, pues no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega material de los bienes rematados. Entonces, la resolución que por esta vía se combate, no es la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura o la entrega material de los bienes materia de remate, porque es necesario que haya una resolución posterior que ordene su otorgamiento en rebeldía por el juzgador de origen, momento en el cual la impetrante podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento de remate que le hayan dejado sin defensa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución o resoluciones en su caso reclamadas. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma "definitiva" ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Por su idea jurídica se cita la tesis I.12o.C.75 C (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA ORDEN DE ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, es decir, la determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Ahora bien, respecto a los procedimientos de remate, dicho párrafo establece como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble. Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble, materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado". Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. III. Domicilio. Por otra parte, con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para para oír y recibir notificaciones el que designa. IV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por licencia concedida a la titular, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en el oficio CCJ/ST/2990/2019, de dos de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistida de Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se recibe exhorto 331/2019-II diligenciado. Se tiene por notificados a los quejosos. con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, se tienen por legalmente notificados a los quejosos del acuerdo de que se trata, para los efectos legales procedentes. tomando en consideración que existe una duplicidad de las notificaciones que le fueron realizadas a la parte quejosa con relación al acuerdo de prevención, esta Juzgadora considera que se actualiza un caso de excepción y por ello el término para desahogar la prevención de que se trata deberá computarse a partir de la segunda notificación realizada vía exhorto, toda vez que así fue ordenada específicamente en el acuerdo de ocho de julio del año en curso.

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