Gerardo Escobedo García

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Escobedo García

Actuaciones

  1. Principal

    .....se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    ------- Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 482/2021. PRECISIÓN TRAMITE POR EMERGENCIA SANITARIA. Cabe decir que la tramitación del presente asunto, se sujetará a las reglas y precisiones previstas en la circular SECNO/13/2021, apartado III, emitida el veintisiete de febrero del año en curso, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye: La resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo sancionador 32/2019-II del índice de la autoridad responsable, en el que se le impuso la sanción consistente en un apercibimiento en privado, la cual manifiesta que le fue notificada el veinte de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente asunto y el diverso juicio promovido por la promovente, mismo que guarda relación con el acto que por esta vía se combate, y resulta como antecedente. En ese contexto, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se inició el juicio constitucional dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el numeral 18, ambos de la ley de la materia. Ahora bien, el numeral 17 establece, como regla general, que la demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 prevé tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el referido plazo genérico de quince días, la primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; la segunda hipótesis consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el promovente se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado; y la tercera estriba en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de la materia. Ahora, como ya se precisó el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo sancionador 32/2019-II del índice de la autoridad responsable, en el que se le impuso la sanción consistente en un apercibimiento en privado, la cual manifiesta que le fue notificada el veinte de mayo del año en curso. Sin embargo, en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 1141/2019, dentro del cual se concedió el amparo al propio quejoso para los siguientes efectos: Reponga el procedimiento en el expediente 32/2019-II de su índice, hasta antes de la celebración de la audiencia, prevista en la fracción I, del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dejando insubsistente la citada audiencia así como la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, donde declararon fundado el Procedimiento Administrativo Sancionador e impusieron a Gerardo Escobedo García, en su carácter de Auxiliar de Sala adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, en la época de los hechos, la sanción consistente en un apercibimiento privado, ordenándose tomar nota de ello en el expediente personal del quejoso. Otorgue al quejoso el acceso al expediente donde se contengan las actuaciones de la causa penal J-05/2017 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, a efecto de que pueda imponerse de su contenido y se encuentre en condiciones de comparecer a la audiencia prevista en la fracción I, del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y preparar y ejercer una defensa adecuada. Hecho lo anterior, fije fecha para el desahogo de la referida audiencia y con plenitud de jurisdicción, emita otra determinación, en la que, de manera fundada y motivada resuelva el Procedimiento Administrativo Sancionador 32/2019-II. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, emitieron la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo sancionador 32/2019-II de su índice, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por lo que, por auto de veintidós de febrero del año en curso, se ordenó dar vista con el cumplimiento a Gerardo Escobedo García, notificarle personalmente dicho acuerdo y entregarle copia de tales constancias; además, en dicho proveído se le indicó al actuario encargado de practicar la notificación que en caso de realizarla por lista de acuerdos, debería señalar que se dejaban a su disposición las copias en este órgano jurisdiccional. En ese sentido, la actuaria judicial adscrita practicó la notificación por lista de acuerdos el uno de marzo de dos mil veintiuno, atento a las constancias siguientes: Lo anterior, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Por ende, a partir del momento en que este órgano jurisdiccional le notificó la resolución que constituye el acto reclamado en este asunto, esto es, el uno de marzo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto reclamado; máxime que por auto de nueve de marzo del año en curso, el quejoso desahogó la vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en el juicio de amparo 1141/2019 de este índice y mediante el diverso de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, interpuso recurso de inconformidad contra el auto en el que se declaró cumplido el fallo protector. Bajo esos argumentos, el presente juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente hábil de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado, esto es, el uno de marzo de dos mil veintiuno. De ahí, que los quince días transcurrieron del tres al veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, sin contar dentro de dicho término, los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno de marzo de la presente anualidad, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, la presente demanda de amparo se presentó el once de junio de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la boleta de turno respectiva. En ese sentido, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, transcurrió en exceso al momento en que la parte promovente presentó su de demanda de amparo, lo cual se traduce en el consentimiento tácito del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2010666, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." De lo expuesto con antelación, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en el artículo 111, en relación con el diverso 61, fracciones IV y XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha el escrito de demanda. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a las partes, para que: ? Opten por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ? Al promover deberá tomar en consideración que la Oficialía de Partes Común habilitada atenderá la recepción de promociones de seis órganos jurisdiccionales, por lo cual posiblemente tendrá una mayor afluencia de usuarios, por lo cual se les recomienda, presentar sus promociones de forma electrónica o bien físicamente, con la debida anticipación. AUTORIZADOS. Se tienen como sus autorizados en amplios términos que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Carías Ramírez e Ignacio Quintana Calixto, toda vez que la parte promovente así lo solicitó, aunado a que, de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuentan con cédulas profesionales vigentes, y con las restricciones que establece dicho precepto a Fernando Málaga Rodríguez, por así haberlo solicitado expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DOMICILIO. Toda vez que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el nombre del usuario "GERRYESCOBEDO", es válido, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza para la consulta del presente juicio vía internet y para oír y recibir notificaciones. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó su oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación, por lo deberá de tomarse en consideración al publicar las mismas. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Sonia Alejandra Ángel Moreno, que autoriza y da fe.

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