GERARDO ERASTO MENDEZ OLVERA o GERARDO MENDEZ OLVERA y Otros.

Expediente 1246/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1246/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • GERARDO ERASTO MENDEZ OLVERA o GERARDO MENDEZ OLVERA
  • GERARDO ERASTO MENDEZ OLVERA o GERARDO MENDEZ OLVERA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por GERARDO ERASTO MENDEZ OLVERA o GERARDO MENDEZ OLVERA, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1246/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, la parte quejosa reclama el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 92/2017, en el que no se admitió la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía que ofreció. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo o sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando indebidamente no se admiten pruebas -como lo sostiene el quejoso- constituye una violación análoga a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III relacionada con la diversa XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, por lo que la no admisión es una causa análoga al desahogo de pruebas, pues puede consistir tanto en el rechazo, admisión o en el desahogo de las pruebas en forma contraria a la ley. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado consiste en el auto relacionado con la admisión de pruebas, el mismo debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo ; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con la admisión de pruebas, es reclamable hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 92/2017, en el que no se admitió la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía que ofreció: lo cual resulta incuestionable que no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural; así, si la sentencia es favorable a los intereses del aquí quejoso, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa correspondiente, como está previsto en el artículo 171 de la referida Ley , de ser el caso. De manera ilustrativa, se invoca la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que es del tenor: PRUEBAS, ADMISION ILEGAL DE LAS. CONSTITUYE VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO Y ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, estatuye que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; mientras que conforme a la fracción XI del mismo numeral, también son violación de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que la preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima como caso análogo al previsto por la precitada fracción III, la admisión ilegal de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, habida cuenta de que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su parte contraria se le admiten las que propone, en una forma contraria a lo dispuesto por la ley. Por consiguiente y de acuerdo con el artículo 161 de la Ley de Amparo, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, situación que hace improcedente el amparo indirecto que se interponga ante el Juzgado de Distrito. [Época: Séptima Época, Registro: 251824, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-132, Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 199]. Así como la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que es del tenor: PRUEBAS, VIOLACIONES PROCESALES EN MATERIA CIVIL EN RELACION CON LA ADMISION, DESECHAMIENTO Y RECEPCION DE. SU IMPUGNACION EN AMPARO DIRECTO. La fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo se refiere a la recepción de pruebas y no a su admisión; sin embargo, cabe decir que esa misma fracción se debe aplicar, por analogía, como lo permite la fracción XI del mismo precepto, al caso de la admisión de pruebas, lo mismo que a su desechamiento, porque como el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, obviamente el sentido de la sentencia definitiva que pronuncie el juzgador dependerá de las pruebas que le rindan las partes. Esto quiere decir que todo lo relacionado con la prueba afecta las defensas de las partes, trascendiendo al resultado del fallo, y cuando éste les es adverso, obviamente les debe quedar expedito su derecho para llevar su inconformidad hasta el superior jerárquico en la apelación y en el orden constitucional hasta los Tribunales Federales que conozcan del amparo directo. [Época: Séptima Época, Registro: 256311, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 43, Sexta Parte, Materia(s): Civil, Tesis: Página 65]. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues el acuerdo reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que menciona en su escrito de demanda, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica por así indicarlo expresamente el quejoso. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA I B Notifíquese personalmente.

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