Gerardo Emmanuel Colón González

Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
840/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Emmanuel Colón González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. III. Valoración de incidente de suspensión. En virtud que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "Destruible". IV. Devolución de documentos. Expediente destruible. Dado que la parte quejosa exhibió documento original, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del anotado Acuerdo General, se le requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda ante este Juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, sin previo acuerdo serán destruidos con el expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Agréguese únicamente para que obre en autos, el oficio de cuenta del Director de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, toda vez que el veintinueve de junio del año en curso, se resolvió en definitiva el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    I.- Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que han sobrevenido las causales de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, del ordenamiento en cita, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, se desprende que el quejoso reclama la omisión de registrar el título de licenciatura ante la plataforma de registro nacional de profesiones y como consecuencia, la obtención de su cedula profesional. Petición que ya fue atendida respecto del registro del título de licenciatura por la responsable Coordinadora de Educación Media Superior, Superior y Particular de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango al rendir su informe con justificación. Circunstancia que se acredita con lo manifestado por la referida responsable en la que indicó que en el Departamento de Educación Particular adscrito a esa Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Particular, se recibió el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés una relación de diversos alumnos de la Universidad Durango Santander, Fomento Educativo y Cultural Francisco de Ibarra, Asociación Civil, Campus Durango, entre los que aparece el nombre del hoy quejoso y los expedientes para el trámite de timbrado de título electrónico; por tanto, se realizó el trámite en PDF del citado título electrónico y se firmó electrónicamente por esa Coordinación el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dando lugar al título electrónico impreso por la mencionada institución educativa. Asimismo, refirió que el título del referido quejoso se encuentra en la Dirección General de Profesiones para que se le expida su cédula profesional respectiva, trámite que corresponde exclusivamente a la citada universidad en coordinación con ********* (hoy impetrante). Lo cual es corroborado con las copias certificadas que anexó a su informe con justificación que obran en autos, de valor probatorio como documentos públicos conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa respecto del acto aquí reclamado. Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto al acto reclamado consistente en la obtención u obstaculización de la cédula profesional del hoy impetrante por no haberse reclamado por vicios propios. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. II. Se provee relativo al ocurso de cuenta. Agréguese a los autos el escrito presentado por el licenciado Jorge Alberto Sierra Soria, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********** y en atención a su contenido, peticiona la ampliación de su demanda respecto de la autoridad responsable Dirección General de Profesiones del Estado de Durango por los mismos actos reclamados; sin embargo, dígasele que resulta improcedente tal ampliación por las siguientes consideraciones: Relativo al acto que pretende reclamarle a la referida autoridad a juicio de esta juzgadora federal se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". La interpretación sistemática de ambos preceptos establecen la improcedencia del juicio de amparo contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, únicamente los que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Luego, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Ese precepto consagra el derecho de petición, que consiste en que las autoridades deben responder en breve término al gobernado cualquier gestión que les formule, siempre que se haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Dicha disposición constitucional no establece un plazo en el que las autoridades deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que las personas funcionarias y empleadas públicas tiene la obligación de dar una respuesta en "breve término". El "breve término" para dar respuesta a una solicitud formulada bajo el derecho de petición, ha sido objeto de interpretación por parte del Alto Tribunal. Al respecto, en su momento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, si transcurrían más de cuatro meses sin dar repuesta, implicaba una transgresión al derecho de petición. Así lo informa la jurisprudencia 470 de la aludida Segunda Sala, que dispone lo siguiente: "Registro digital: 395221 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Tesis: 470 Fuente: Apéndice de 1975. Parte III, Sección Administrativa, página 767 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Bajo esas premisas, se concluye que el "breve término" debe entenderse como el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, de acuerdo con su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad; además, se considera factible atender los plazos máximos que para ello fijen las leyes, a fin de interpretar de forma complementaria el precepto 8º de la Carta Magna para establecer un parámetro máximo para que las autoridades den respuesta a una petición. En la especie, la parte quejosa reclama la obtención u obstaculización de la cédula profesional del hoy impetrante a consecuencia de la falta de registro del título profesional ante el registro nacional de profesiones (cuestión analizada en párrafos anteriores). En tal virtud, aun cuando exista la falta de obtención de su cédula profesional y este cuente con el registro del título electrónico, ello no vulnera el derecho de petición en tanto la autoridad se encuentra dentro del plazo para atender la solicitud. Circunstancia que se acredita con lo manifestado por la referida responsable en la que indicó que en el Departamento de Educación Particular adscrito a esa Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Particular, se recibió el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés una relación de diversos alumnos de la Universidad Durango Santander, Fomento Educativo y Cultural Francisco de Ibarra, Asociación Civil, Campus Durango, entre los que aparece el nombre del hoy quejoso y los expedientes para el trámite de timbrado de título electrónico; por tanto, se realizó el trámite en PDF del citado título electrónico y se firmó electrónicamente por esa Coordinación el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dando lugar al título electrónico impreso por la mencionada institución educativa, circunstancia que demuestra que el título del citado quejoso ya se encuentra en el Dirección General de Profesiones para que se le expida su cédula profesional respectiva. Luego, se tiene en cuenta que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -trece de junio de dos mil veintitrés- a la data en que se entregaron los expedientes para el título electrónico de licenciatura -veintinueve de mayo de dos mil veintitrés- y así proceder a la obtención de la cédula profesional, únicamente habían transcurrido quince días naturales. Por lo que, la autoridad responsable se encuentra dentro de un plazo prudente para emitir la contestación respectiva, que tomando en cuenta su naturaleza del acto puede fijarse como de cuarenta y cinco días; de manera que no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos, precisamente porque la dilación impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, lo conducente es determinar improcedente la ampliación peticionada por el quejoso. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa mediante alguno de los usuarios "********************" y "********************".

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo que rinde: La Coordinadora de Educación Media Superior, Superior y Particular de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango. Con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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