Gerardo Emanuel Solis García
Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2023
Partes del expediente
- Gerardo Emanuel Solis García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las doce horas del catorce de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto número 376/2023-VII, promovido por******************** contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; ante la presencia judicial de Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con Enrique Porter Sánchez, secretario que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la asistencia personal de las partes ni de sus autorizados. Apertura Cuenta: El secretario hace relación de las constancias que integran los autos del juicio de amparo indirecto. El juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias. Pruebas Cuenta: Se apertura la etapa de pruebas y el secretario hace relación de las siguientes: 1. Pruebas de la autoridad responsable. Las documentales que adjuntó a su informe justificado, que constituyen el tomo de pruebas I, relativo a las actuaciones originales del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. El juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, procediéndose a cerrar esta etapa. Alegatos Cuenta: Se apertura la etapa de alegatos y el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la constancia secretarial, procediéndose a cerrar esta etapa. Alegato ministerial Cuenta: El secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló alegato. El juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la constancia secretarial. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente audiencia constitucional y, por ende, se procede en esta misma fecha al dictado de la: SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto número 376/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. ANTECEDENTES 1. Demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en este juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia Federal contra los actos y autoridad precisados en el considerando correspondiente. 2. Trámite. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito radicó dicha demanda bajo el número de expediente 376/2023; y, la admitió a trámite. 3. Audiencia constitucional. En esta fecha, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos Primero, fracción VI, Segundo, fracción VI, numeral 3, y Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En principio, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril 2004, página 255, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: La omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice. El no permitir que la parte actora, aquí quejoso, consulte el expediente de origen. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y determinar, en primer término, la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, Tomo 76, del mes de Abril de 1994, página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". INEXISTENCIA EN RELACIÓN A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA RESPONSABLE. La autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidenta (foja 21), negó la existencia del acto que se le imputa, consistente en la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice. Como se observa, en el caso se reclama una abstención u omisión por parte de una autoridad, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder como lo exige el gobernado. Apoya a lo expuesto, la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de rubro dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.". En ese orden de ideas, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; y aplicable al juicio laboral origen -el cual se promovió con anterioridad a tal decreto-, en el artículo 940, establece: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". El dispositivo establece como facultad de los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los de las Juntas Especiales, la ejecución de los laudos, así como, ordenar las medidas necesarias para lograr una ejecución pronta y expedita. En el caso, el acto que se le reclama a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consiste en la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice. De ahí que si dicha facultad corresponde a la Presidenta de la Junta y no a la Junta responsable como órgano colegiado, el acto reclamado atribuido a esta última es inexistente. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice, no le es atribuible. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia 2a./J. 57/95, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, página 226, de rubro: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE.", toda vez la quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, aunado que la Presidenta de la aludida Junta emitió el informe justificado correspondiente. Así, por los motivos expuestos, en atención a la jurisprudencia antes mencionada, en relación con el acto reclamado de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice, se declara la inexistencia del mismo por cuanto hace a la referida Junta; sin embargo, se emprende su estudio por cuanto hace a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por haber tenido pleno conocimiento del acto, como se advierte del informe justificado que rindió en representación de la Junta de su adscripción. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR IMPUGNAR LA OMISIÓN GENÉRICA DE EJECUTAR EL LAUDO. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 21), negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice. Sin embargo, al considerar lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, página 2772, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." [Énfasis añadido] Se advierte que el acto reclamado consistente en la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral ********************, de su índice, es un acto que deriva directamente de la petición del vencedor en el juicio de origen, en este caso el aquí quejoso, para accionar la facultad del Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla de ejecutar el laudo correspondiente, puesto que, se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo; esto, sin advertir de autos que medie constancia tendente a pedir la ejecución del laudo. Asimismo, del expediente original del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla (tomo de pruebas I) -que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que dicho asunto se encuentra en etapa de ejecución, sin que la parte actora haya solicitado la ejecución del laudo correspondiente. Esto, en atención a que mediante ejecutoria de doce de julio de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito resolvió el juicio de amparo directo ********************, de su estadística, en el cual negó el amparo interpuesto en contra del laudo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio laboral de origen (fojas 136 a 174, tomo de pruebas I). Además, de las actuaciones posteriores a dicha ejecutoria que negó el amparo, se advierten dos escritos de la parte actora, aquí quejosa: 1.- Del primer escrito que se presentó el veinte de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 184 a 186, ídem), se advierte que revocó las nombramientos otorgados por su representación, exhibió carta poder, señaló correo electrónico, solicitó copias certificadas y pidió se le entrega de un cheque. 2.- Al respecto, recayó el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós (foja 182, ídem), en el cual la Presidenta acordó la totalidad del escrito referido y puntualizó que no hay cheque alguno a su disposición, de ahí que el escrito referido no constituya una solicitud de ejecución del laudo, máxime que al mismo ya recayó un acuerdo, con lo que en este amparo se concluiría en el mismo sentido, al declarar su inexistencia. 3.- Del segundo escrito que presentó el uno de diciembre de dos mil veintidós (foja 188 y 189), se advierte que nombró autorizados de su parte, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y revocó los nombramientos anteriores. 4.- Atento a lo anterior, recayó el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés (foja 187, ídem), en el que la Presidenta responsable acordó favorablemente sus peticiones. Lo antes referido constituyen las últimas actuaciones dentro del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, sin que se aprecie una solicitud de ejecución del laudo correspondiente; por tanto, el acto en cita deviene inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h, que en su literalidad expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." [Énfasis añadido] INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO DESVIRTUADA La autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 21), negó la existencia del acto reclamado, consistente en el no permitir que la parte actora, aquí quejoso, consulte el expediente ********************, de su índice. Lo anterior, sin que pase desapercibido que a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se le imputa un acto negativo, respecto del cual la carga de la prueba le corresponde; pues, de los autos de este asunto se advierte que la responsable remitió el expediente original del juicio laboral de origen. Así, del expediente original del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla (tomo de pruebas I) -previamente valorado-, se advierte que las últimas actuaciones emitidas dentro del mismo le corresponden al aquí quejoso, a las cuales ya les recayó un acuerdo, aunado que el juicio se encuentra en etapa de ejecución, lo que hace patente la inactividad de la autoridad, pues se requiere el impulso de la accionante para su continuación. Por lo antes expuesto, aun cuando el acto que se imputa es de carácter negativo, la autoridad comprobó que este es inexistente, en atención a lo antes narrado, de ahí que le correspondía a la parte quejosa aportar medio de prueba que lograra desvirtuar tal negativa; razón por la cual, el acto señalado que se reclama a la autoridad responsable resulta inexistente. Es aplicable la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Apéndice 1995, Séptima Época, tomo VI, Parte SCJN, p. 8, con número de registro 393964, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN.". Por tanto, ante esa negativa, las responsables no tienen la obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, ni mucho menos se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, máxime que sí las remitió la responsable. Así, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 123, de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde a la parte quejosa la carga de ofrecer pruebas para desvirtuar la negativa del acto atribuido a la responsable, debiendo acreditar la existencia de este y su inconstitucionalidad, al haber sido corroborado por la responsable que no efectuó el acto que se le imputa. En las narradas circunstancias, es evidente que la parte quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar la negativa propuesta; no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar que la responsable no le permitió consultar el expediente ********************, de su estadística. Apoya la anterior consideración la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que al rubro y texto dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Frente a esto, como se indicó, la parte quejosa omitió ofrecer medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos que le atribuye a la autoridad ante precisada; a saber, en el no permitir que la parte actora, aquí quejoso, consulte el expediente ********************; por tanto, se considera que no existe tal acto. Tampoco es obstáculo a lo expuesto, el hecho que en la demanda de amparo la parte quejosa haya manifestado, bajo protesta de decir verdad, la existencia de los actos reclamados, dado que tal aseveración no desvirtúa la negativa formulada por parte de la autoridad responsable; menos aún, releva al amparista de probar la existencia del acto reclamado cuando este es negado por la responsable. Apoya lo expuesto, la tesis aislada VI.1o.14 K del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 208118, página 188, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO. LA PRUEBA DE SU EXISTENCIA NO ESTA COMPRENDIDA EN LA PROTESTA DE DECIR VERDAD. La protesta de decir verdad a que se refiere la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo de ninguna manera releva al quejoso de probar la existencia del acto reclamado cuando éste es negado por la autoridad responsable". De igual forma, resulta aplicable el criterio IX.1o.83 K sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, registro 180736, visible a página 1714, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto del acto que se reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en el no permitir que la parte actora, aquí quejoso, consulte el expediente ********************, de su índice, ya que de las constancias del referido juicio laboral se advierte claramente que no existen dicho acto que reclama de la autoridad responsable, toda vez que las últimas actuaciones que obran en el juicio laboral se encuentran signadas por la parte quejosa, aunado que el procedimiento requiere el impulso de la accionante al encontrarse en etapa de ejecución. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, por todos los motivos expuestos, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, en virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 239006, página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 376/2023, respecto de los actos reclamados y autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto, de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistido por el secretario Enrique Porter Sánchez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sentencia. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: Ejecutoria. La sentencia se declaró ejecutoriada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós y, en esa misma fecha, mediante oficios 33008/2022 y 33009/2022 se requirió a las autoridades responsables cumplieran con la ejecutoria. Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, la Jueza Noveno Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, manifestó mediante diversos oficios recibidos en este Juzgado de Distrito, haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y adjuntó al mismo copia certificada de diversas constancias dictadas en el expediente ********************, de su índice, de las que se advierte que la responsable realizó lo siguiente: - Por auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se advierte que dejó insubsistente todo o actuado a partir de la diligencia de emplazamiento de cuatro de mayo de dos mil veintidós; asimismo, se advierte que ordenó girar oficio a ********************, y a ******************** Banorte, a fin d cancelar las cuentas bancarias ******************** - El emplazamiento de la parte demandada quedo por edicto publicado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista Con lo anterior se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Desahogo Las partes no desahogaron la vista. Valoración Este juzgado federal encuentra que la autoridad responsable satisfizo los efectos del fallo protector, en virtud de que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ********************ordenó su reposición y emplazó por edicto a la parte demandada. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Inconformidad. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y personalmente al tercero interesado.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. La autoridad responsable HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de quien legalmente lo representa, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copias certificadas de diversas constancias. 3. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados. 4. Señala datos de contacto. Fundamentación. Artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo. Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Artículos 61, 62, 221 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado, y se ordena dar vista a las partes junto con las constancias que se acompañan, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Domicilio. Se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones, el indicado por la autoridad oficiante. Delegados. Se tienen como delegados a las personas mencionadas en el informe de cuenta. Datos de contacto. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico que señala, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. En consecuencia, y a fin de que este juzgado de distrito este en aptitud de contar con los elementos necesarios para resolver este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Puebla para que en el término de tres días siguientes al en que reciba la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado, mismo que se hizo consistir en: 1.- La orden y/o ejecución para la restricción y/o privación, y/o cancelación que impide disponer de los recursos económicos que se encuentran en la cuenta bancaria cuenta bancaria 4062410469 del Banco HSBC HOLDINGS de la sucursal 9324 San Martin en Puebla, a mi nombre, ello sin mandamiento por escrito emitido y firmado por Autoridad Competente que Funde y Motive la Causa Legal de su actuar 2.- La orden y/o ejecución para la restricción y/o privación, y/o cancelación que impide disponer de los recursos económicos que se encuentran en la cuenta bancaria cuenta bancaria 4062410469 del Banco HSBC HOLDINGS de la sucursal 9324 San Martin, en Puebla, que me pertenece, ello sin que previamente hubiera sido oído y vencido en un juicio y/o en un procedimiento en el que se respete el Debido Proceso y las Formalidades Esenciales del Procedimiento, así como a que se respete en todo caso el Principio de Legalidad. 3.- La orden y/o ejecución del bloqueo, aseguramiento y/o embargo, y/o cancelación de la cuenta bancaria cuenta bancaria 4062410469 del Banco HSBC HOLDINGS dela sucursal 9324 San Martin, en Puebla; que se encuentra a mi nombre. 4.- La omisión de las autoridades responsables de dar a conocer la orden y/o ejecución de restricción y/o privación y/o bloqueo y/o aseguramiento y/o embargo, y/o cancelación de la cuenta bancaria cuenta bancaria 4062410469 del Banco HSBC HOLDINGS de la sucursal 9324 San Martin, en Puebla; que se encuentra a mi nombre. 5.- La devolución de los fondos de la cuenta bancaria 4062410469 del Banco HSBC HOLDINGS de la sucursal 9324 San Martin, en Puebla, que se encuentra a mi nombre. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en párrafos que anteceden, en el plazo señalado para ello, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización1; lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo. A fin de evitar mayores dilaciones procesales dentro del presente asunto, se ordena notificar dicho requerimiento a la autoridad responsable, por medio del correo electrónico que señala en el oficio de cuenta levándose la razón correspondiente del envío del mismo. No se soslaya mencionar, que incluso la autoridad responsable puede responder a través del correo electrónico de este Juzgado de Distrito, el cual es: 6jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx lo anterior a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de amparo indirecto. Estado procesal. Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que aún no obra en autos el acuse de recibo del oficio 35086/2022, por lo tanto se ordena reexpedir el mismo, lo anterior para que la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (AUTORIDAD RESPONSABLE) tenga conocimiento del auto de once de octubre del dos mil veintidós y esté en posibilidad de rendir su informe justificado. Notifíquese por correo electrónico a HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Puebla y cúmplase.
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