Gerardo Díaz Moreno

Expediente 995/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
995/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Díaz Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo, por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades, que los hace consistir en lo siguiente: La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; la omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; la emisión de la orden de capacitación del personal docente; la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. REGISTRO DE DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 995/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la última disposición legal, dado que la parte quejosa no acredita tener interés legítimo para impugnar: La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; la omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; la emisión de la orden de capacitación del personal docente; la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. Lo anterior es así, en razón de que los numerales relativos a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la última disposición legal, disponen: Constitución Federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Ley de Amparo "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario del amparo no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, del citado artículo 6 de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: Instancia de parte. Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará únicamente a petición del gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una violación de derechos fundamentales real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa. Lo anterior, en términos de la fracción XII del citado artículo 61, implica la existencia de un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y su afectación. Lo que, a su vez, presupone la presencia de un derecho subjetivo público tutelado por el orden legal vigente en un lugar y época determinados (vida, libertad, propiedad, posesiones, etc.), susceptible de ser violado por el acto autoritario. Ahora bien, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción I, del numeral 107 de la multicitada Ley de Amparo redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. De la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. La Segunda Sala señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares", es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo" Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, la Segunda Sala, destacó que el Pleno del Máximo Tribunal del País, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, consideró que mediante el interés legítimo, el demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. El Alto Tribunal señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Así, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. El concepto de interés legítimo ha sido moldeado en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en términos generales pueden sintetizarse en los temas siguientes: El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en donde existe de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable en la que pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, e incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. No supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo cual implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. El quejoso en el juicio de amparo deberá acreditarlo fehacientemente y no inferirlo con base en presunciones y para ello deberá acreditar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente sea destinatario. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Su existencia jurídica no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, pues no obstante una persona alegue una afectación jurídica por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general, y no se involucre un derecho colectivo, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas, ello en virtud de que se debe delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. El surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, por un lado, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. Para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición la acreditación de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Una vez delimitado lo anterior, en el caso se destaca que la parte quejosa reclama: La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; la omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; la emisión de la orden de capacitación del personal docente; la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. Atendiendo a las anteriores consideraciones, así como al escrito de demanda, no se advierte que los actos y omisiones reclamadas afecten al interés legítimo de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que la promovente del amparo, aduce en forma general, que le causa agravio la emisión, impresión y expedición de los nuevos libros de texto en razón de que derivan de la omisión de cumplimiento de los Lineamientos para la selección, admisión y distribución de los libros de texto gratuitos, el procedimiento para su emisión. En ese sentido precisa, que la existencia de tales actos deriva, primero de las facultades de las autoridades para ordenar y ejecutar la publicación y segundo, por los deberes que deben cumplir, derivados de la normatividad en comento, traducido en la elaboración y publicación de los programas y planes de estudio, así como de los libros de texto gratuitos, violando con ello los derechos y garantías relacionas no solo con los niños, niñas y adolescentes, como grupo discriminado históricamente, sino también en transgresión a derecho a la educación en su dimensión social y colectiva; al igual que con el derecho de las personas educadoras para, precisamente impartir las clases con forme a dichos planes, programas y libros. En el caso, la carga de la prueba para acreditar su interés para promover el presente juicio de amparo corresponde directamente al quejoso, conforme lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sin que se le deba de liberar de dicha carga, por el hecho de que se haya acreditado la existencia del acto reclamado, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la parte quejosa en concreto. Atendiendo a los parámetros expuestos, definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgador considera que el interés que la hoy parte quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien aduce que los actos y omisiones reclamados afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más cierto es que no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a los referidos derechos fundamentales de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales específicamente en materia de Derecho a la Educación. En efecto, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la parte quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que lo faculte para acudir al juicio de amparo. Es decir, no se advierte que la parte quejosa cuente con un interés cualificado que lo distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. De esa forma, este juzgador no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la parte quejosa, por el contrario, los menciona de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad de los actos reclamados. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes relativos a la educación. En ese sentido, el admitir la demanda y su caso se llegara a dar una eventual concesión del amparo, no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente al derecho a la educación, en primer lugar, porque no la tiene y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. En efecto, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, resuelta en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, señaló que interés legítimo e interés difuso o colectivo no son lo mismo, pues el primero se refiere al grado de afectación, mientras que el segundo al número de personas que la resienten, y destacó que, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, también es verdad que, en el presente caso, la posición que la quejosa aduce, frente al resto de los gobernados, no se encuentra justificada. Ciertamente, debió haber acreditado su calidad de afectado por los actos y omisiones reclamadas y de igual manera, acreditar que su ejecución le genera una afectación de manera inminente e irreparable a sus derechos, precisando el impacto que en el directamente le generan, y no de forma general. Sin que sea óbice, la protesta de decir verdad que realiza en su escrito de demanda, pues la misma es insuficiente para considerar que con la ejecución del acto impugnado se le estén causando perjuicios de imposible reparación. En efecto, la parte quejosa no exhibe algún medio de convicción que acredite de forma indiciaria que con los actos reclamados se podrán generar daños de imposible reparación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ni que se le este violentado su derecho a la educación, o bien, se vulnere el interés superior de los mismos. Máxime del escrito de demanda no se aprecia que la parte quejosa haya exhibido medio de convicción alguno que genere convicción ante este juzgador de que, aún de manera indiciaria cuente con un interés cualificado para efectos del juicio de amparo. De lo anterior, que no se acredite el interés legítimo con el que aduce la parte quejosa cuenta. Lo anterior se corrobora si se atiende a que, como lo consideró el Pleno del Alto Tribunal, en la citada contradicción de tesis, "(.) para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". En atención a lo anterior, se trae a colación la jurisprudencia PC.III.A. J/2 A (11a.) de Plenos de Circuito, que al tenor indica: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALAN COMO ACTOS RECLAMADOS LA LICENCIA, PERMISO Y/O AUTORIZACIONES PARA REALIZAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA SUFICIENTE QUE EL PREDIO O FINCA SE UBICA DENTRO DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PERJUICIO JURÍDICAMENTE RELEVANTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios diferentes al analizar juicios de amparo indirecto en los que se señalaron como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción, pues mientras uno consideró que para la demostración del interés legítimo basta la evidencia de ser vecino de la obra en construcción con pruebas documentales, el otro estimó que para justificar dicho interés legítimo es necesario demostrar con prueba pericial tanto la vecindad con la obra, como el perjuicio jurídicamente relevante generado por ella, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple. En este orden de ideas, al no señalarse en la demanda la existencia de una afectación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de forma específica, ni a la educación, con motivo de los actos y omisiones reclamados, no existe parámetro alguno por el cual pudiera estimarse, razonablemente, para dar trámite a la demanda, ante una afectación real y actual o inminente en su esfera jurídica, por lo que el perjuicio que se aduce, se limita a una mera posibilidad, igual a la que podría sufrir cualquier otro habitante del país y, por ende, no goza de un interés legítimo, sino simple, ya que no se encuentra demostrada la existencia de un vínculo concreto entre los derechos cuestionados y el perjuicio que sufriría la parte quejosa. Por lo tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos legales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo planteada, al no acredita la parte quejosa contar con interés legítimo. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que señala en el apartado respectivo de la demanda de amparo. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales Por otro lado, se tiene por tiene por formulada la oposición de la quejosa a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ... Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades, que los hace consistir en lo siguiente: La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; la omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; la emisión de la orden de capacitación del personal docente; la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. REGISTRO DE DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 995/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la última disposición legal, dado que la parte quejosa no acredita tener interés legítimo para impugnar: La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; la omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; la emisión de la orden de capacitación del personal docente; la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. Lo anterior es así, en razón de que los numerales relativos a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la última disposición legal, disponen: Constitución Federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Ley de Amparo "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario del amparo no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, del citado artículo 6 de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: Instancia de parte. Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará únicamente a petición del gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una violación de derechos fundamentales real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa. Lo anterior, en términos de la fracción XII del citado artículo 61, implica la existencia de un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y su afectación. Lo que, a su vez, presupone la presencia de un derecho subjetivo público tutelado por el orden legal vigente en un lugar y época determinados (vida, libertad, propiedad, posesiones, etc.), susceptible de ser violado por el acto autoritario. Ahora bien, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción I, del numeral 107 de la multicitada Ley de Amparo redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. De la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. La Segunda Sala señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares", es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo" Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, la Segunda Sala, destacó que el Pleno del Máximo Tribunal del País, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, consideró que mediante el interés legítimo, el demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. El Alto Tribunal señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Así, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. El concepto de interés legítimo ha sido moldeado en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en términos generales pueden sintetizarse en los temas siguientes: El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en donde existe de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable en la que pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, e incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. No supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo cual implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. El quejoso en el juicio de amparo deberá acreditarlo fehacientemente y no inferirlo con base en presunciones y para ello deberá acreditar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente sea destinatario. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Su existencia jurídica no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, pues no obstante una persona alegue una afectación jurídica por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general, y no se involucre un derecho colectivo, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas, ello en virtud de que se debe delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. El surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, por un lado, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. Para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición la acreditación de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Una vez delimitado lo anterior, en el caso se destaca que la parte quejosa reclama: La orden de imprimir los Libros de Texto Gratuitos para el Ciclo Escolar 2023-2024, para todos los niveles de Educación Básica; la omisión de cumplir los "Lineamientos para la selección, adquisición, y distribución de los libros de texto gratuitos de nivel secundaria"; la emisión de la orden de capacitación del personal docente; la omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados, los cuales, se traducen en la violación a los derechos de la infancia y la juventud. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. Atendiendo a las anteriores consideraciones, así como al escrito de demanda, no se advierte que los actos y omisiones reclamadas afecten al interés legítimo de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que la promovente del amparo, aduce en forma general, que le causa agravio la emisión, impresión y expedición de los nuevos libros de texto en razón de que derivan de la omisión de cumplimiento de los Lineamientos para la selección, admisión y distribución de los libros de texto gratuitos, el procedimiento para su emisión. En ese sentido precisa, que la existencia de tales actos deriva, primero de las facultades de las autoridades para ordenar y ejecutar la publicación y segundo, por los deberes que deben cumplir, derivados de la normatividad en comento, traducido en la elaboración y publicación de los programas y planes de estudio, así como de los libros de texto gratuitos, violando con ello los derechos y garantías relacionas no solo con los niños, niñas y adolescentes, como grupo discriminado históricamente, sino también en transgresión a derecho a la educación en su dimensión social y colectiva; al igual que con el derecho de las personas educadoras para, precisamente impartir las clases con forme a dichos planes, programas y libros. En el caso, la carga de la prueba para acreditar su interés para promover el presente juicio de amparo corresponde directamente al quejoso, conforme lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sin que se le deba de liberar de dicha carga, por el hecho de que se haya acreditado la existencia del acto reclamado, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la parte quejosa en concreto. Atendiendo a los parámetros expuestos, definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgador considera que el interés que la hoy parte quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien aduce que los actos y omisiones reclamados afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más cierto es que no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a los referidos derechos fundamentales de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales específicamente en materia de Derecho a la Educación. En efecto, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la parte quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que lo faculte para acudir al juicio de amparo. Es decir, no se advierte que la parte quejosa cuente con un interés cualificado que lo distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. De esa forma, este juzgador no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado del derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la parte quejosa, por el contrario, los menciona de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad de los actos reclamados. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes relativos a la educación. En ese sentido, el admitir la demanda y su caso se llegara a dar una eventual concesión del amparo, no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente al derecho a la educación, en primer lugar, porque no la tiene y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. En efecto, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, resuelta en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, señaló que interés legítimo e interés difuso o colectivo no son lo mismo, pues el primero se refiere al grado de afectación, mientras que el segundo al número de personas que la resienten, y destacó que, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, también es verdad que, en el presente caso, la posición que la quejosa aduce, frente al resto de los gobernados, no se encuentra justificada. Ciertamente, debió haber acreditado su calidad de afectado por los actos y omisiones reclamadas y de igual manera, acreditar que su ejecución le genera una afectación de manera inminente e irreparable a sus derechos, precisando el impacto que en el directamente le generan, y no de forma general. Sin que sea óbice, la protesta de decir verdad que realiza en su escrito de demanda, pues la misma es insuficiente para considerar que con la ejecución del acto impugnado se le estén causando perjuicios de imposible reparación. En efecto, la parte quejosa no exhibe algún medio de convicción que acredite de forma indiciaria que con los actos reclamados se podrán generar daños de imposible reparación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ni que se le este violentado su derecho a la educación, o bien, se vulnere el interés superior de los mismos. Máxime del escrito de demanda no se aprecia que la parte quejosa haya exhibido medio de convicción alguno que genere convicción ante este juzgador de que, aún de manera indiciaria cuente con un interés cualificado para efectos del juicio de amparo. De lo anterior, que no se acredite el interés legítimo con el que aduce la parte quejosa cuenta. Lo anterior se corrobora si se atiende a que, como lo consideró el Pleno del Alto Tribunal, en la citada contradicción de tesis, "(.) para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". En atención a lo anterior, se trae a colación la jurisprudencia PC.III.A. J/2 A (11a.) de Plenos de Circuito, que al tenor indica: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALAN COMO ACTOS RECLAMADOS LA LICENCIA, PERMISO Y/O AUTORIZACIONES PARA REALIZAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA SUFICIENTE QUE EL PREDIO O FINCA SE UBICA DENTRO DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PERJUICIO JURÍDICAMENTE RELEVANTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios diferentes al analizar juicios de amparo indirecto en los que se señalaron como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción, pues mientras uno consideró que para la demostración del interés legítimo basta la evidencia de ser vecino de la obra en construcción con pruebas documentales, el otro estimó que para justificar dicho interés legítimo es necesario demostrar con prueba pericial tanto la vecindad con la obra, como el perjuicio jurídicamente relevante generado por ella, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple. En este orden de ideas, al no señalarse en la demanda la existencia de una afectación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de forma específica, ni a la educación, con motivo de los actos y omisiones reclamados, no existe parámetro alguno por el cual pudiera estimarse, razonablemente, para dar trámite a la demanda, ante una afectación real y actual o inminente en su esfera jurídica, por lo que el perjuicio que se aduce, se limita a una mera posibilidad, igual a la que podría sufrir cualquier otro habitante del país y, por ende, no goza de un interés legítimo, sino simple, ya que no se encuentra demostrada la existencia de un vínculo concreto entre los derechos cuestionados y el perjuicio que sufriría la parte quejosa. Por lo tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos legales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo planteada, al no acredita la parte quejosa contar con interés legítimo. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que señala en el apartado respectivo de la demanda de amparo. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales Por otro lado, se tiene por tiene por formulada la oposición de la quejosa a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa. .."

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