Gerardo de Rosas Martinez
Expediente 1909/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1909/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/12/2022
Partes del expediente
- Gerardo de Rosas Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en esencia, acepta la competencia declinada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez; asimismo, acusa recibo de las constancias respectivas, a fin de sustanciar el incidente de inejecución de sentencia de este juicio, el cual quedó registrado bajo el número 11/2022 de su estadística. Circunstancias de la que este órgano toma conocimiento. Cúmplase.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), signado por la Jueza de Control Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes de Toluca, mediante el cual informa que negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social, en agravio de la víctima adolescente de identidad resguardada y remite copias certificadas de la audiencia y de las constancias con que se acreditó la especialización en materia de adolescentes, por parte de las agentes del Ministerio Público que comparecieron, con lo que -aduce- acreditar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibidas que en caso de ser omisas, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, dada la voluminosidad del tomo I del presente juicio, para su mejor manejo, fórmese el tomo II.
- Incidental
MESA V. Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos en el presente juicio, se desprende que el trece de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, en la que entre otras cosas, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa, para que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el oficio reclamado y, en consecuencia, de no existir otro impedimento legal, otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior, sin que sea óbice que la normatividad reclamada no prevea expresamente la facultad de la citada autoridad para expedir la autorización de que se trata; sin embargo, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracciones I, letra j, y VII; 4, fracción II, letra c, y último párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como el artículo Vigésimo Sexto, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitir la autorización correspondiente en materia de estupefacientes y psicotrópicos; como se desprende de los numerales que a continuación se transcriben: "REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Federal tiene a su cargo las siguientes atribuciones: I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de: [.] j. químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos; [.] VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la Ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables; [.]" "ARTÍCULO 4. La Comisión Federal contará con los siguientes órganos y unidades administrativas, para su debida organización y funcionamiento: (.) II. Unidades administrativas: (.) c. Comisión de Autorización Sanitaria; (.) Los titulares de las unidades administrativas mencionadas tendrán a su cargo el ejercicio de las facultades y atribuciones que se establecen en este Reglamento, las cuales podrán ser ejercidas por los servidores públicos subalternos conforme a las facultades que les sean delegadas, mediante la publicación del Acuerdo respectivo en el Diario Oficial de la Federación." ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN LAS FACULTADES QUE SE SEÑALAN, EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS QUE EN EL MISMO SE INDICAN DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS. "COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA (.) Sección III. Subdirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. VIGÉSIMO SEXTO. Se delegan en la Subdirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las siguientes facultades: I. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias relacionadas con las materias a que se refiere el artículo 3, fracción I inciso j del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; (.) III. Expedir, prorrogar o revocar en los términos de la Ley, las autorizaciones a organismos o instituciones para la adquisición de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, químicos esenciales y precursores químicos, y establecer los requisitos a que deberán sujetarse los profesionales que prescriben estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como asignar los códigos de barras correspondientes; (.)" Entonces, dicha autorización puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 6/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, de rubro: "DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD." En el entendido que la concesión del amparo no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, y que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. Por otra parte, de forma enunciativa más no limitativa, el ahora quejoso no puede utilizar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculo de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Finalmente, debe precisarse que la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo.". Inconforme con lo anterior, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), interpuso recurso de revisión, de la cual le correspondió conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien lo radicó con el número de amparo en revisión 364/2021, y el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, determinó: "PRIMERO. En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por propio derecho, por los actos y autoridades señalados en los considerandos segundo y cuarto de la sentencia recurrida, para los efectos precisados en el considerando octavo de este fallo". Por lo que, mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se recibió y remitiera las copias certificadas de las constancias que así lo acreditaran, tal y como se advierte del acuse de recibo, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto. Por tanto, mediante oficio que derive del presente auto y copia simple de la constancia de notificación aludida, requiérase nuevamente a la responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, informe el cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** quien se ostenta como defensor de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez y otra autoridad; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1909/2022-VIII. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: 1) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se calificó de legal la detención del quejoso ********************. 2) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso en el cual se le impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso ********************. 3) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso ******************** y como consecuencia la valoración de la nulidad del cateo ********************. Tan es así, que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes y en los conceptos de violación que hace valer, van encaminados a reclamar los actos antes descritos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por ******************** quien se ostenta como defensor de ******************** contra los actos precisados en párrafos precedentes; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Asimismo, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión en un tanto, para proveer respecto de la solicitud formulada por la quejosa. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Además, en atención a la última reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil dieciséis y con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, para que, de ser cierto el acto reclamado, remita con su informe justificado el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Órgano de Control Constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita la certificación correspondiente, informando si efectivamente ********************, tiene el carácter que ostenta y remita las constancias que así lo acrediten. Además, se apercibe al promovente que para el caso de carecer del carácter con el que se ostenta en el presente juicio, se hará acreedor a una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otra parte, resérvese acordar lo conducente tocante al emplazamiento de quien o quienes les pudiera recaer el carácter de terceros interesados de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la citada ley, hasta en tanto obre en autos del presente juicio, tanto el informe justificado de las responsables, como las constancias generadoras de los actos que se reclaman y así estar en aptitud de obtener los domicilios necesarios para lograr su llamamiento a juicio. En diversa tesitura, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otra parte, en atención a la solicitud de la promovente de tener acceso al expediente electrónico con el usuario "********************", conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable su petición, en virtud de que se encontró registro de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como dicho medio para la práctica de notificaciones de las personas que autoriza para tal efecto. Por otra parte, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, los cuales pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo cual se afirma con las consideraciones que rige la Tesis de jurisprudencia XXII J/2, sustentada por el Tribunal colegiado del Vigésimo segundo Circuito, publicada en la página 295 del tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por ello, considerando que se encuentra registrado en este Juzgado de Distrito diversos juicios de amparo, en el que se reclaman los mismos actos, aunque por diversos quejosos, por lo que, éste y aquellos guardan una relación que de ser estudiados de manera separada, podría dar lugar a emitir sentencias contradictorias, razón por la cual, se plantea de oficio la acumulación del expediente en que se actúa 1909/2022-VIII al 1908/2022-VIl. Para sustentar el objeto de la presente determinación conviene precisar lo que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." En ese orden de ideas, se desprende que en ambos juicios se reclaman de las mismas autoridades responsables; la audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se calificó de legal la detención, se le impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa y se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso ******************** y como consecuencia la valoración de la nulidad del cateo ********************; por lo que con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima, de oficio, resolver de plano procedente la acumulación del presente juicio de amparo al diverso 1908/2022-VIl, ambos del índice de este Juzgado de Distrito. Por consiguiente, si el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece la necesidad de la acumulación de juicios, cuando se trate de juicios derivados, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia, la acumulación planteada en la presente determinación se estima procedente. Además, tomando en consideración que la finalidad de la acumulación, tiene por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la posible contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico y si los actos reclamados en los juicios de amparo relacionados son los mismos derivados del mismo procedimiento y emitidos por la misma autoridad, por tanto, es evidente que en el presente caso existe conexidad en los citados juicios constitucionales. En esas condiciones, como ya se había adelantado, procede acumular oficiosamente el presente juicio de amparo al diverso 1908/2021-VlI; lo anterior, tomando en consideración que si bien, ambos se recibieron en este Juzgado de Distrito, en la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el treinta de junio de dos mil veintiuno, sin embargo el juicio ya citado se registró en primer término, y el juicio de amparo en que se actúa se registró con posterioridad; por lo que es evidente que el juicio más reciente debe acumularse al más antiguo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible a página 19, que establece: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así como la tesis 2ª.LXXXIV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1852, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004378, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todo a los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados." En tal virtud, glósese el presente juicio de amparo indirecto al diverso 1908/2022-VIl, sin mayor proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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