Gerardo de Jesús Bernal Sánchez
Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo de Jesús Bernal Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación y cuenta que anteceden, se declara que ha quedado firme el auto en cita. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese. MESA* V
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MESA* V
- Principal
aviso judicial se notifica por medio de lista el proveido de veintidós de febrero de dos mil veintidós a la parte quejosa El artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. *************************************** Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: - La aplicación de cuotas extraordinarias por conductas anticondominales y la solicitud de documentación e información patrimonial, por parte del Administrador; el Comité de Vigilancia; y, la Asamblea General de Condóminos, todos del condominio "Torres 2", perteneciente al conjunto condominal "Be Grand Alto Polanco". De lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que de los actos reclamados a las autoridades responsables que señala en su escrito inicial de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Lo anterior se considera así, puesto que los artículos antes trascritos se establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; y que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese sentido, por disposición expresa de la ley de la materia, se considera autoridad responsable a aquel órgano estatal, de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. Lo cual no acontece en el presente caso, ya que los actos que se le imputan al Administrador; el Comité de Vigilancia; y, la Asamblea General de Condóminos, todos del condominio "Torres 2", perteneciente al conjunto condominal "Be Grand Alto Polanco", no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general; por tanto, es dable concluir que no le recae el carácter de autoridad responsable. Lo anterior es así, en virtud de que la aplicación de cuotas extraordinarias por conductas anticondominales y la solicitud de documentación e información patrimonial, por parte del Administrador; el Comité de Vigilancia; y, la Asamblea General de Condóminos, todos del condominio "Torres 2", perteneciente al conjunto condominal "Be Grand Alto Polanco", al aquí quejoso no constituye una relación jurídica de supra a subordinación, como lo es la existente entre una autoridad y el gobernado; sino que la naturaleza de esos actos es de coordinación entre una sociedad de condóminos y el particular. ******************************* Además de la naturaleza jurídica de la autoridad, se debe atender también al acto que se le atribuye, para determinar si existe una relación de supra a subordinación con un particular, porque el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. Por tanto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad, en el que concurran los siguientes elementos: a) Unilateralidad, esto es, que no requiere para su existencia y eficacia jurídica, de la concurrencia de la voluntad del particular frente al cual se ejerce. b) Imperatividad, que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. c) Coercitividad, que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. En ese contexto, con independencia de la naturaleza jurídica de los órganos de que se trata, debe atenderse a la índole de la actividad que desempeñan. Así, autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que está investida de facultades de decisión y de ejecución, es decir, aquel órgano del estado capaz de producir una alteración, creación o extinción de una o varias situaciones jurídicas concretas y abstractas, particulares o generales, públicas o privadas, que puedan presentarse dentro del Estado, en el entendido de que tal alteración se lleva a cabo imperativamente. Por tanto, el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de amparo se determina, no solamente por su naturaleza jurídica, sino también por su actuación, la cual debe entenderse con imperio, coercitiva y unilateralidad. Luego, es evidente que en este caso, el Administrador; el Comité de Vigilancia; y, la Asamblea General de Condóminos, todos del condominio "Torres 2", perteneciente al conjunto condominal "Be Grand Alto Polanco" señalados como responsables no actúan investidos de imperio, con atributos de autoridad, y sus actos no se distinguen por sus características de imperatividad, unilateralidad y, sobre todo, coercitividad; en ese tenor, es improcedente el presente juicio de amparo. Por tanto, al no tener el carácter de autoridades responsables, así como no se advierte que los actos provengan de un juez civil, por lo que es evidente que no fue realizado de manera unilateral, ni en una relación de supra a subordinación, ni en cumplimiento a lo ordenado por una autoridad judicial, razón por la cual no es dable reconocerle el carácter de autoridad responsable. Por lo anterior, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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