Gerardo Davo Sanchez
Expediente 1166/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gerardo Davo Sanchez
Actuaciones
- Principal
MESA V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el veintiséis de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA V. Visto el estado que aguardan los presentes autos, y en especial los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Delegado en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Jefa del Área de Urgencias de dicho nosocomio, así como las constancias que acompañaron a los mismos, de las que se advierte que el veintiocho de agosto último, el directo quejoso Gerardo Davó Sánchez, acudió al hospital ya señalado, presentando un traumatismo craneoencefálico moderado, por caída de escaleras, brindándole la atención médica urgente que ameritaba, recibiendo el alta médica del hospital el veintinueve de agosto siguiente, a las 00:55 cero horas con cincuenta y cinco minutos. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el directo quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de las autoridades responsables de suministrarle atención médica. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Delegado en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Director del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Jefa del Área de Urgencias de dicho nosocomio, de suministrarle al quejoso atención médica. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que dichas responsables adjuntaron a sus informes con justificación, se desprende que el veintiocho de agosto último, el directo quejoso Gerardo Davó Sánchez, acudió al hospital ya señalado, presentando un traumatismo craneoencefálico moderado, por caída de escaleras, brindándole la atención médica urgente y especializada que ameritaba, recibiendo el alta médica del hospital el veintinueve de agosto siguiente, egresando del mismo a las 00:55 cero horas con cincuenta y cinco minutos. Aunado al hecho de que las autoridades responsables al emitir nota de egreso, concluyeron que el paciente no ameritaba manejo hospitalario actual, ya que no presentó edema o fractura, ni datos de mayor deterioro neurológico; por lo que se le sugirió plan de cita abierta a urgencias ante deterioro neurológico, vigilancia, control con médico familiar para seguimiento de incapacidades, y prescripción de medicamentos. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que tanto el Delegado, como el Director Hospitalario y la Jefa de urgencias, todos dentro del ámbito que les corresponde, brindaron la atención médica que el directo quejoso ameritaba, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en el suministro de atención médica, a partir de la inactividad de las autoridades responsables que no brindaron atención médica de manera urgente, lo que en el caso se subsana con el manejo hospitalario otorgado y la subsecuente alta médica. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA V. Visto el estado que aguardan los presentes autos, y en especial los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Delegado en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Jefa del Área de Urgencias de dicho nosocomio, así como las constancias que acompañaron a los mismos, de las que se advierte que el veintiocho de agosto último, el directo quejoso Gerardo Davó Sánchez, acudió al hospital ya señalado, presentando un traumatismo craneoencefálico moderado, por caída de escaleras, brindándole la atención médica urgente que ameritaba, recibiendo el alta médica del hospital el veintinueve de agosto siguiente, a las 00:55 cero horas con cincuenta y cinco minutos. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el directo quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de las autoridades responsables de suministrarle atención médica. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Delegado en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Director del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Jefa del Área de Urgencias de dicho nosocomio, de suministrarle al quejoso atención médica. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que dichas responsables adjuntaron a sus informes con justificación, se desprende que el veintiocho de agosto último, el directo quejoso Gerardo Davó Sánchez, acudió al hospital ya señalado, presentando un traumatismo craneoencefálico moderado, por caída de escaleras, brindándole la atención médica urgente y especializada que ameritaba, recibiendo el alta médica del hospital el veintinueve de agosto siguiente, egresando del mismo a las 00:55 cero horas con cincuenta y cinco minutos. Aunado al hecho de que las autoridades responsables al emitir nota de egreso, concluyeron que el paciente no ameritaba manejo hospitalario actual, ya que no presentó edema o fractura, ni datos de mayor deterioro neurológico; por lo que se le sugirió plan de cita abierta a urgencias ante deterioro neurológico, vigilancia, control con médico familiar para seguimiento de incapacidades, y prescripción de medicamentos. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que tanto el Delegado, como el Director Hospitalario y la Jefa de urgencias, todos dentro del ámbito que les corresponde, brindaron la atención médica que el directo quejoso ameritaba, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en el suministro de atención médica, a partir de la inactividad de las autoridades responsables que no brindaron atención médica de manera urgente, lo que en el caso se subsana con el manejo hospitalario otorgado y la subsecuente alta médica. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA V. Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrita a este Juzgado, el veintiocho de agosto del año en curso, de la cual se advierte que le notificó al directo quejoso Gerardo Davó Sánchez, el contenido del proveído de veintiocho de agosto del año en curso, quien ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por José Antonio Peniche Sansores; en tal virtud, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, agréguense a estos autos los informes de suspensión de plano rendidos, respectivamente, por el Delegado en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la encargado del área de urgencias del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social; y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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