Gerardo Dávila Emba
Expediente 893/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Dávila Emba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
México, Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la sentencia definitiva dictada en este juicio se ordenó su notificación personal a las partes, y tomando en consideración que las terceras interesadas señaladas, no han señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, no obstante estar debidamente emplazadas al presente juicio; en tales condiciones, se ordena practicarles por medio de lista la notificación de la sentencia referida, cuyos puntos resolutivos dicen: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, contra actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, Juez Décimo Cuarto de lo Civil y Actuario de su adscripción y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo de esta sentencia y conforme a lo expuesto en el considerando quinto."; asimismo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las terceras interesadas *******.
- Principal
Sentencia definitiva. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y personalmente a las demás partes.
- Principal
*CITATORIO.- Se ordena notificar por medio de lista al quejoso la sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a tres de enero de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 893/2019-III, promovido por *********, contra actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, Juez Décimo Cuarto de lo Civil y Actuario de su adscripción y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. (.) QUINTO. Causal de Improcedencia. Sea que las partes aleguen o no causas de esa naturaleza, el órgano jurisdiccional está constreñido a su estudio oficioso al tenor de lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con independencia de la causa de improcedencia invocada por la tercera interesada, de oficio se advierte que en el presente juicio se actualiza la establecida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos indicados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Ahora bien, de los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas de procedencia del juicio de amparo indirecto: 1. El juicio de amparo procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esa afectación, o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. El juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Asimismo, se desprende una regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos emitidos en ejecución de sentencia, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando tales actos constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. No obstante lo anterior, existen algunas excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando dichos actos gozan de autonomía propia, o bien, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. De acuerdo al anterior, se concluye que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, o bien, cuando afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Como ejemplo de la primera regla de excepción mencionada (actos que gozan de autonomía), se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para preparar la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto mencionado, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, ya que si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. Por su parte, como ejemplo de la segunda regla de excepción (actos que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada), tenemos el caso de la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque con ella se pretende vencer la contumacia de una de las partes y, al mismo tiempo, se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Asimismo, otro ejemplo de esa regla es la interlocutoria que en segunda instancia ordena reponer el procedimiento de remate, en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, pues afecta directamente el derecho sustantivo derivado de la determinación judicial de adjudicación, que es ajeno a los que pueden afectarse por la ejecución de la sentencia. Ahora bien, como se advierte del considerando segundo, así como de la relación de constancias realizada en el considerando que antecede, uno de los actos reclamados consiste en el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio especial hipotecario 1044/2016, promovido por ********** (antes **********), contra el quejoso y *********; auto en el que se ordenó requerir a los demandados para que en el momento de la diligencia desocuparan y entregaran a la adjudicataria el inmueble rematado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento, autorizándose el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, por lo que se ordenó girar oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, a fin de que se sirviera proporcionar los elementos policiacos necesarios para mantener el orden durante el desarrollo de la diligencia. Al respecto, resulta necesario precisar que si bien dicho acto lo reclama el quejoso, por derivar del procedimiento de remate llevado a cabo en el juicio de origen, además de que también reclama todos y cada uno de los actos emitidos en el procedimiento de remate; no obstante, se advierte que el acto de que se trata no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de remate, que fuera la determinante para la promoción del amparo, en tanto que se trata de un acto posterior a ésta. En efecto, tratándose de remates, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la última resolución es aquella que en forma indistinta ordena la entrega del bien rematado o su escrituración, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1066, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora bien, los artículos 581, 588 y 589 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que disponen: "Artículo 581. Al declarar aprobado el remate, mandará el juez que dentro de los tres días siguientes, se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados." "Artículo 588. Aprobado el remate, se prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez, el precio del remate. Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiera celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 574 que se aplicará por vía de indemnización por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado. Artículo 589. Consignado el precio el juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada en favor del adquirente ante el Notario que éste designe." Como se advierte de dichos preceptos, una vez aprobado el remate y consignado el precio, el juez ordenará que dentro de los tres días siguientes se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente y que se le entreguen los bienes rematados; escritura que será firmada por el juez ante el Notario designado para su elaboración. Atento a lo anterior, se advierte que tratándose del procedimiento de remate en aquellos juicios regulados en términos de los preceptos transcritos, la última resolución en dicho procedimiento es aquella que en forma indistinta ordena la entrega del bien rematado, o bien, aquella en que se ordena otorgar a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente. Ahora bien, como se advierte de la relación de constancias realizada en el considerando que antecede, por auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo a la adjudicataria designando notario público para la elaboración de la escritura de adjudicación, ordenándose poner los autos a su disposición para tales efectos, lo que implica que a la luz de ese acto resultaba la oportunidad de incoar la acción de amparo. Asimismo, mediante escrito presentado el siete de agosto de dos ml diecinueve, el notario público designado presentó el proyecto de escritura de adjudicación, solicitando se realizara su revisión y se señalara día y hora para su firma; escrito al que recayó el auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual el juez de origen tuvo por recibido los autos originales y el proyecto de escritura de adjudicación, estableciendo que el citado fedatario podía presentar el folio original correspondiente ante el juzgado de origen, a fin de que dicho juzgador lo firmara; escritura que fue formalizada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, firmada el día seis del mismo mes y año. En esas condiciones, se advierte que el proveído mencionado constituye, en todo caso, la última resolución emitida dentro del procedimiento de remate llevado a cabo en el juicio de origen, pues como ya se vio, se estableció que el notario designado podía presentar el folio original correspondiente ante el juzgado de origen, a fin de que el juez lo firmara; lo que ocurrió el seis de septiembre de dos mi diecinueve. De ahí que, si el acto reclamado mediante el cual se ordenó la desocupación y entrega del inmueble rematado fue emitido el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad al proveído en el que se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y a su formalización llevada a cabo el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, firmada por el juez responsable el seis del mismo mes y año; por tanto, dicho acto reclamado resulta posterior a la última resolución dictada en el procedimiento de remate y, por tanto, para la procedencia del juicio de amparo con relación a ese acto, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el acto reclamado consistente en el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, además de que tampoco goza de autonomía propia, ya que no constituyen una resolución mediante la cual se pretenda preparar la ejecución de la sentencia, ni se advierte que con su emisión se pretenda impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. Asimismo, no se advierte que con el acto reclamado se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, pues la orden de desocupación y entrega del inmueble rematado en el juicio de origen deriva precisamente de la condena impuesta al hoy quejoso en la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. Por tanto, el acto que aquí se analiza debe impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se promueva contra la última resolución emitida en la fase de ejecución, entendida ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues como ya se dijo, no pueden considerarse dentro de los casos de excepción referidos; máxime cuando el quejoso es parte en el juicio de origen y no refiere haber estado impedido para acudir a él en defensa de sus derechos a partir de la determinación que ordenó la escrituración de la adjudicación por remate. Atento a lo anterior, el juicio de amparo resulta igualmente improcedente con relación a los diversos actos reclamados consistentes en todos y cada uno de los actos emitidos en el procedimiento de remate, específicamente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la sala responsable en el toca 2035/2018-01. Lo anterior es así, pues tales actos solo podían ser reclamados junto con la última resolución dictada en el procedimiento de remate, sin que el quejoso lo haya hecho así, puesto que esos actos los reclama junto con el diverso acto consistente en el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, que como ya se dijo, constituye un acto posterior a la última resolución dictada en el referido procedimiento. En tales condiciones, al ACTUALIZARSE en este juicio la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, con relación a los actos reclamados a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Cuarto de lo Civil, ambos de la Ciudad de México. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, Actuario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, Juez Décimo Cuarto de lo Civil y Actuario de su adscripción y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo de esta sentencia y conforme a lo expuesto en el considerando quinto."
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, siendo las once horas con cinco minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 893/2019-I, promovido por ***************; por tal motivo en audiencia pública ***************, Secretaria en funciones de jueza de Distrito del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en términos del oficio CCJ/ST/3184/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario ************, que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, da lectura de la demanda de garantías y da cuenta con los oficios mediante los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, así como con la promoción 15101, presentada por ****************, apoderado de la tercera interesada **************. LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los informes con justificación de las autoridades responsables, los que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio. Por otra parte, visto el escrito de cuenta presentado por *************, apoderado de la tercera interesada ***************, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura número ciento diecisiete mil novecientos ochenta y siete, de uno de febrero de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público ciento treinta y siete de la Ciudad de México, se le tiene apersonando al presente juicio constitucional; respecto de las pruebas y manifestaciones ahí contenidas, se proveerá en las etapas correspondientes. Acto continuo, se pasa al PERIODO DE PRUEBAS. El Secretario da cuenta con las pruebas de la parte quejosa, así como de la autoridad responsable Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acordadas en auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve y tres de enero de dos mil veinte, respectivamente. Asimismo, se da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte tercera interesada en su escrito de cuenta, consistentes en: 1. Documental pública, consistente en todas y cada una de las constancias que integran el informe justificado de las autoridades responsables. 2. Presuncional legal y humana. LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Se tienen por acordadas las pruebas de la parte quejosa y de la citada autoridad responsable, en términos de los proveídos mencionados. Por otro lado, respecto a las pruebas ofertadas por la tercera interesada, la marcada con el número uno, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Respecto de la marcada con el número dos, con fundamento en el precepto legal invocado, se admite y será objeto de valoración al momento de dictarse la resolución correspondiente, con lo que se cierra el periodo probatorio. A continuación, se pasa al PERIODO DE ALEGATOS. El Secretario da cuenta con las manifestaciones de la parte tercera interesada, formuladas en su escrito de cuenta. LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Se tienen por reproducidas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, con lo que se cierra el periodo de alegatos. Por último, el Secretario CERTIFICA: Que no existen promociones pendientes de acordar, además, las partes no solicitaron la videoconferencia prevista en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. Notifíquese por lista a las partes...
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