Gerardo Daniel Narváez Hinojosa
Expediente 648/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gerardo Daniel Narváez Hinojosa
- Juez Sexto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, se tiene a Gerardo Daniel Narvaez Hinojosa, por su propio derecho, interponiendo juicio de amparo contra actos que reclama del Juez Sexto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otras autoridades, así como las acumulaciones ordenadas a este asunto de los diversos juicios de amparo 649/2022, 650/2022, 651/2022, 652/2022, 653/2022, 654/2022, 655/2022, 656/2022, 657/2022 y 658/2022, presentando demanda de amparo contra actos del Juez Sexto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 648/2022-VI. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, párrafo primero, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento, de forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, en el caso concreto vinculada con lo dispuesto en el artículo 5º, párrafo primero, de la propia ley, en cuanto dispone que la norma, acto u omisión que reclame el quejoso debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese contexto, a contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente en contra norma, acto u omisión que no produzca una afectación real y actual en la esfera de derechos del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto, los quejosos 1.GERARDO DANIEL NARVAEZ HINOJOSA, 2.LUIS TERRAZAS QUINTANA, 3.CESAR MONTOYA TERRAZAS, 4.DAFNE ABDELY MUÑOZ REYES, 5.MANUEL GERARDO GARCÍA MARTINEZ, 6.JOSÉ ANTONIO SEAÑEZ ARREOLA, 7.ALLAN EDUARDO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 8.CARLOS RAFAEL ENRÍQUEZ REYES, VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 9.JAZMÍN VIOLETA NEVAREZ CARRASCO Y 10.JESÚS EDGARDO HERNÁNDEZ ALDERETE, reclaman del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: ? La improcedencia de lo ordenado en el proveído del seis de julio del presente año, dentro del expediente oral ordinario civil 639/2022, en donde ordena mediante providencias precautorias notificar a los arrendatarios hoy quejosos que ocupan el inmueble que se ubica en calle Camino a la Esperanza 2081, en esta ciudad, para que se les requiera que deberán consignar cada uno, ante la autoridad responsable por conducto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Distrito Bravos, las rentas correspondientes a los espacios del inmueble que arrendan. Del contenido de dicho acto se advierte que no causa a los quejosos una afectación directa, personal, real y actual en su esfera jurídica, en virtud de que al ser arrendatarios, sólo ordena notificarles, a efecto de que los subsecuentes pagos relativos a la renta del inmueble ubicado en calle Camino a la Esperanza 2081, en esta ciudad, los consignen directamente ante dicho Juez. Cabe señalar que, en todo caso, la afectación actual y directa la podría sufrir eventualmente Pablo Alonso Bisuett Pedraza, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Gilberto Bisuett González, dentro del juicio sucesorio intestamentario bajo el expediente 159/2022, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias, quien fue quien demando en la vía ordinaria civil en el ejercicio de la acción de Rendición de Cuentas y Partición de Utilidades en contra de Gilberto Pedro Bisuett Pedraza y otro y, por ende, se le privaría de recibir directamente los pagos de las rentas VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 de los arrendatarios, en su carácter de albacea, cuya consignación ordenó el juez responsable. Ahora bien, por cuanto corresponde a los aquí quejosos, a lo único que les obliga el juez responsable es a consignar los pagos de rentas que deberán entregar de manera directa ante dicha responsable por conducto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. No es óbice a lo anterior que los citados quejosos refieren que con dicha disposición se contravienen sus derechos y garantías toda vez que los priva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto a la solicitud de facturas, sin embargo, es evidente que una vez que cada uno realice dicho pago, les será emitido el recibo de pago correspondiente a tal circunstancia, el cual una vez concluido el juicio podrán solicitar la factura correspondiente a efecto de dar cumplimiento sus obligaciones fiscales. De tal manera que la determinación impugnada no depara perjuicio pues la citada consignación de pago de rentas ante la autoridad responsable, hace las veces de pago, por lo tanto si reúne los requisitos exigidos por la ley, procediendo así a la liberación de la obligación por consignación de las rentas, entre otras hipótesis, cuando es conocido el acreedor, por tanto en dichas diligencias no se trata de elucidar la calidad de los adeudos o pagos esto es, determinar cuál de los acreedores conocidos tiene mejor derecho a recibir las cantidades consignadas; de ahí que para que pueda surtir efectos liberatorios la consignación respectiva debe hacerse a favor del arrendador promovente de la acción del juicio sucesorio, quien tiene el carácter de albacea. En efecto, no es en las diligencias de consignación de pago, en las que el deudor pueda pedir la declaración VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 de liberación de una deuda, sino es ya dentro del juicio o en su caso cuando se le pida el pago de las rentas vencidas y no pagadas cuando pueda acreditar que pagó las rentas y obtener sentencia correspondiente. En otro orden de ideas, respecto al juicio de amparo acumulado 651/2022, promovido por GILBERTO PEDRO BISUETT PEDRAZA, debe decirse que el suscrito considera que, respecto al acto materia de reclamo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Con motivo de la causa de improcedencia advertida, es pertinente considerar que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis establecidas en sus veintidós fracciones, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. Por tanto, es oportuno tener en consideración que conforme lo previsto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos procesales dictados dentro de juicio; el amparo indirecto procede sólo contra aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales; es decir, actos de imposible reparación. En ese sentido, tenemos que para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos actos procesales de ejecución cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, y que no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores; ya que el prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación quedan conformados en el momento en que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en aquellos supuestos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como en el caso. Es aplicable la tesis I.13°.A.3 K, emitida por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 190188, visible en la página 1742, del Tomo XIII, marzo de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Lo resaltado es propio de este Juzgado. Así, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 consecuencia una afectación o derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales, y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el quejoso GILBERTO PEDRO BISUETT PEDRAZA, quien es parte demandada en el juicio ordinario civil 639/2022, de la aquí responsable, por ALONSO BISUETT PEDRAZA, en su carácter de albacea provisional de los sucesión a bienes de GILBERTO BISUETT GONZÁLEZ, (en el expediente 159/2022, del índice de la misma autoridad responsable), en el ejercicio de la acción de rendición de cuentas y partición de utilidades, reclama la improcedencia de lo ordenado en proveído del seis de julio del presente año, en el que mediante providencias precautorias se ordena notificar a los arrendatarios que ocupan el inmueble sito en calle Camino a la Esperanza 2081, en esta ciudad, y se les requiera para que consignen ante la autoridad responsable por conducto del Fondo Auxiliar para Administración de Justicia del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, las rentas correspondientes. Como se adelantó, contra dicho acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que la determinación que aquí se combate, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no resolución favorable en definitiva. VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 En efecto, en el supuesto de que el trámite de aquélla estuviera afectada de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en su perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado del fallo definitivo, en cuyo caso, estará en posibilidad de reclamarla nuevamente ante la autoridad que conozca del medio de impugnación que se interponga contra la sentencia que emita el Juez de origen. Entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que el acto que se reclama no causa un perjuicio irreparable a la parte demandante de garantías. Lo anterior es así, se reitera, porque la procedencia del amparo indirecto o biinstancial, previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, no se actualiza en el caso porque los actos de naturaleza procesal por regla general, no son impugnables en amparo indirecto, pues no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos puede ser subsanada si éste obtiene una resolución favorable a sus intereses o en caso contrario, mediante la reposición del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen `ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 1539, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Registro: 2006338, del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONESPROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otro parte, en términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que las resoluciones que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, podrán ser consultadas por el público en general, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Asimismo, se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Julio César Cortez Esquivel, así como en los términos restringidos del numeral en cita a Lizandro Israel Elguea González, José Edgar Rivas Rosas, Javier Abner Portillo Montañez, César Lorenzo Cortez Ruíz y Flor Victoria Cruz Bustillos, toda vez que no cuentan con el registro de la cédula profesional VERÓNICA URANGA LUVIANO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b5 02/03/24 18:03:35 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, respecto a los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por el promovente únicamente se tienen por señalados para efectos de lo previsto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. veintiséis de julio de dos mil veintidós7785 VERÓNICA URANGA
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Gerardo Alfredo Aguirre Jacquez579/2023
- Gerardo Alfredo Martínez Hernández y Otros.811/2015
- Gerardo Andrés Mendiola Mendiola1024/2023
- Gerardo Arroyos González342/2014
- Gerardo Benigno Pérez Ares378/2022
- Gerardo Benigno Pérez Ares849/2022
- Gerardo Elías Jiménez Páez y Otros.235/2012
- GERARDO ESCOBEDO MARTÍNEZ y Otros.419/2014
- Gerardo Espinoza Reyes182/2018
- Gerardo Espinoza Reyes y Otros.293/2017
- Gerardo Espinoza Reyes499/2017
- Gerardo Giovanny Cortinez Valdéz98/2019