Gerardo Curiel Porras
Expediente 846/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Curiel Porras
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción IV, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida aparentemente por Gerardo Curiel Porras, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; demanda instaurada contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 846/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales judiciales de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Como premisa, es de indicarse que el supuesto escrito de demanda de amparo, fue recibido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en cuyo sitio aparece que se le asignó el folio electrónico 5868979 y que es promovida aparentemente por Gerardo Curiel Porras; no obstante, en el documento digitalizado adjunto, que constituye propiamente el escrito de demanda, no consta la firma autógrafa original del promovente, así como tampoco su firma electrónica. DESECHAMIENTO. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, pues la falta de firma autógrafa y electrónica de quien aparece en ella como promovente, actualiza la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3°, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley. Es así, pues aun cuando de conformidad con el numeral 3° mencionado, la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, utilizando para ello la firma electrónica previamente obtenida, y no obstante que el indicado precepto señala que no es necesaria esa firma electrónica cuando el asunto se refiere a los casos previstos en el diverso 15 de la propia codificación; sin embargo, en el caso, la demanda no se encuentra firmada electrónicamente, ni en el propio documento obra la firma autógrafa original del promovente Gerardo Curiel Porras, previamente a su envío a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Esta situación produce que no exista jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6o. de la norma en comento, y en ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia derivada de la aplicación de estos preceptos, en términos de la fracción XXIII del aludido numeral 61. Esta determinación se apoya, además, en lo conducente, en los criterios emitidos por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE" y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Por último, se precisa que aunque el segundo de esos criterios exime al promovente de firmar electrónicamente la demanda cuando se reclaman actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en la especie no está acreditada alguna de las hipótesis previstas en tal precepto, toda vez que se señala como acto reclamado todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 33/2011, a bienes de Francisca Porras Hernández. De lo anterior se advierte que, como es puntualizado, no está acreditada alguna de las hipótesis previstas en el invocado artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De tal suerte que, la exigencia de que obre por lo menos la firma autógrafa original en el documento, se funda en la necesidad de constatar el cumplimiento del principio de iniciativa de parte agraviada que rige al amparo y que se encuentra previsto en el artículo 6o. de la Ley de la materia, al establecerse en éste que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, por su propio derecho, por su representante legal o por cualquier persona en los casos expresamente previstos en la norma. El propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J.8/2019, estableció que no es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda se presenta por escrito y cuando se promueve por vía electrónica y en ambos casos se actualiza una misma hipótesis, consistente en la falta de firma del promovente de la demanda, pues ello traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de omitir el cumplimiento de uno de los principios del juicio de amparo, como es el de iniciativa de parte agraviada. Sin que pase inadvertido que la demanda se encuentra firmada electrónicamente por Ángel Gerardo Núñez Navarro, como se advierte de la respectiva evidencia criptográfica; sin embargo, del contenido integral del propio escrito inicial, se advierte que esa persona fue nombrada por el aludido promovente para los efectos previstos por el numeral 12 del invocado cuerpo de leyes, esto es, con la única finalidad de oír y recibir notificaciones personales; lo que de suyo implica carecer de facultades para instar a nombre de la parte promovente la acción constitucional pretendida. Conforme a lo expuesto y fundamentos dados, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE CUENTA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda; y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, en relación con el señalamiento de usuario electrónico para recibir notificaciones y los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; tomando en consideración los razonamientos vertidos en párrafos precedentes (falta de voluntad para promover la demanda), resulta improcedente proveer sobre dicha petición. No obstante, dada la trascendencia de la determinación judicial adoptada, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción, para que por única ocasión notifique el presente acuerdo a través del usuario electrónico proporcionado; esto es "TIROLOCO". Por tanto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del referido usuario para el efecto precisado en el párrafo que antecede. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE POR LOS MEDIOS ANTES SEÑALADOS.
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