Gerardo Coutiño Cervantes

Expediente 179/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
179/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Coutiño Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto estado que guardan los autos, así como el cómputo que antecede realizado por el Secretario, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades Responsables: Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y Actuaria Judicial adscrita a dicha Sala, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: El acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, que ordena girar oficio a diversas Instituciones Bancarias, para que en término de cinco días contado a partir de que se reciba el oficio respectivo, congele las cuentas y/o depósitos pertenecientes a la Secretaría del Campo, con motivo a la diligencia de requerimiento de pago y embargo de uno de febrero de dos mil dieciocho. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo como enseguida se verá. Ahora bien, resulta importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 217/2017, sostuvo que conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como en el presente asunto acontece donde la parte quejosa reclama la orden y diligencias tendientes al embargo del numerario contenido en cuentas bancarias propiedad de la Secretaría del Campo demandada. Por lo que, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aludida contradicción de tesis 217/2017, interpretó el aludido artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo el cual es de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, el cual interpretado por analogía, consideró que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, como en el presente asunto acontece, pues se giraron los oficios correspondientes a diversas instituciones bancarias para congelar las cuentas y/o depósitos de la Secretaría del Campo, parte demandada en el juicio natural, relativas al requerimiento de pago y embargo efectuado en diligencia de uno del presente mes y año; no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto. Ello, porque sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega al Tribunal Laboral responsable de las cantidades aseguradas y ordena con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del auto que orden el congelamiento de las cuentas bancarias con motivo del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acorde con la anterior base jurisprudencial es que se determina la aseveración que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, por lo que con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

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