Gerardo Cortina Miranda
Expediente 665/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gerardo Cortina Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso a) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el referido precepto 21, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes.Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diez de marzo de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el veinticuatro de febrero del año en curso, remítase a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, testimonio de la misma, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo directo promovido por el quejoso, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, consistente en el laudo dictado el seis de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 509/2015.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a uno de febrero de dos mil veintidós, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, conforme a lo determinado en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veintisiete de enero de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictaminar los autos del juicio de amparo directo laboral 665/2021, relacionado con el directo 664/2021; y, De conformidad con los artículos 62 y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado advierte de oficio la posible actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el diverso 63, fracción IV, del mismo ordenamiento. Los numerales invocados establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". "Artículo 64. (.) Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga". Lo anterior se considera así por lo siguiente: De la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa Gerardo Cortina Miranda, por conducto de su apoderado Michel Ahuactzi Cuapantecatl, reclama el laudo de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, dentro del expediente laboral 509/2015. Sin embargo, como hecho notorio para este Tribunal Colegiado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto radicado en este mismo órgano, se advierte que en sesión celebrada el quince de mayo de dos mil veinte, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio a este órgano colegiado, en el cual se concedió la protección constitucional dentro del diverso juicio de amparo 970/2019, promovido por Elmex Superior, Sociedad Anónima de Capital Variable y Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para el efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: "DÉCIMO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala de Xicohténcatl: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Reponga el procedimiento; y, deje sin efectos el proveído dictado en audiencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual indicó a la demandada Elmex Superior, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentara a sus testigos y en caso de no hacerlo así se decretaría la deserción de la prueba testimonial, así como el consecuente auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, en el que decretó su deserción. 3. Una vez hecho lo anterior, ordene dar vista a la parte demandada con el resultado de las diligencias para citar a sus testigos a rendir su testimonio, para que bajo apercibimiento la requiera para que pueda insistir en dichos domicilios o bien proporcionar y justificar uno nuevo, y dependiendo de lo que la reo manifieste, esa junta responsable en caso de estimar que subsiste el interés legítimo en su desahogo y que no se trata de retardar el procedimiento, provea respecto de la citación de sus testigos nuevamente, en lugar de declarar la deserción de esa prueba o de imponerle que presente a sus atestes y así sólo para el caso de que se incumpla con el requerimiento podrá declararse la deserción de esa prueba. 4. Finalmente, con libertad de jurisdicción, emita la resolución de manera fundada y motivada que resuelva respecto de lo solicitado por el actor en su demanda; asimismo, prescinda de considerar que la parte demandada Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, no dio respuesta puntual al punto "II" del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda y, por ende, considere que negó la relación de trabajo con el actor" (foja 66 del juicio de amparo directo 970/2019). Del mismo juicio de amparo se advierte lo siguiente: 1. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la junta responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo comunicara a este órgano (foja 84 ídem). 2. Con la intención de acatar la citada sentencia, la autoridad responsable remitió a este Tribunal Colegiado copia certificada del proveído de uno de octubre de dos mil veinte, del que se advierte que dejó insubsistente el laudo reclamado de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y el auto de ocho de enero de dos mil diecinueve en el cual decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la demandada Elmex Superior, Sociedad Anónima de Capital Variable; aquí parte quejosa, asimismo ordenó dar vista a la citada parte demandada con el resultado de las diligencias para citar a Jaime Alberto Molina Aguilar, Ángel Contreras Molina y Ricardo Valenzuela Alvarado, también le requirió para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara si insiste en los domicilios en que se citó a los atestes o bien proporcionara y justificara uno nuevo, apercibiéndolo de que para el caso de que incumpla con el requerimiento en el término propuesto se tendrá por perdido su derecho y podrá declararse la deserción de esa prueba, señalando que dependiendo de lo que a ese respecto se manifieste, la responsable en caso de estimar que subsiste el interés legítimo en su desahogo y que no se trata de retardar el procedimiento, ordenará el desahogo de la prueba testimonial con los elementos que ya obran en autos, en el entendido de que el citado término comenzará a correr a partir del momento en que le surta efectos la notificación del acuerdo respectivo (foja 91 ídem). En consecuencia, en auto de seis de octubre de dos mil veinte, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que una vez que desahogara las diligencias lo informara y remitiera las constancias que así lo acreditara, con el apercibimiento correspondiente (foja 93 ídem). 3. Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, la responsable señaló que la demandada Elmex Superior, Sociedad Anónima de Capital Variable, no dio cumplimiento al requerimiento de uno de octubre del indicado año, por lo que tuvo por perdido su derecho para hacer manifestación alguna y la deserción de la prueba testimonial a cargo de Jaime Alberto Molina Aguilar, Ángel Contreras Molina y Ricardo Valenzuela Alvarado, y ordenó turnar los autos para dictar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 112). 4. El veintiséis siguiente, la junta responsable regularizó el procedimiento en el sentido de que por un error involuntario omitió acordar una promoción de la apoderada de las morales demandadas la cual fue presentada el catorce anterior (foja 114), en consecuencia con fundamento en los artículos 777 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, señaló hora y fecha para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la moral demandada, a cargo de los testigos mencionados en el punto tres, apercibidos que de no comparecer el día y hora indicados serán presentados por conducto de la fuerza pública de conformidad con el artículo 814 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo apercibió al oferente que de resultar falso impreciso e incorrecto el domicilio señalado para notificar a los testigos antes mencionados se tendrá imposible el desahogo y como consecuencia desierta la testimonial de referencia que ofrece (foja 113). 5. El diez de noviembre siguiente, en virtud de que los testigos no se encontraban debidamente notificados señaló nuevamente hora y fecha para su verificativo (foja 122); el veintisiete siguiente, la responsable acordó que ante la incomparecencia de los testigos, y en virtud de que con motivo de estar suspendidas las audiencias y diligencias como consecuencia de la contingencia sanitaria, señaló nuevamente hora y fecha para el verificativo de la audiencia relativa a la testimonial e hizo efectivo el apercibimiento de veintiséis de octubre del indicado año, consistente que en caso de no comparecer serán presentados por conducto de la fuerza pública, y que en el caso de no comparecer el día y hora indicados se tendrá desierta la testimonial (fojas 130 y 131). 6. La responsable en atención al acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno emitido por el Presidente de este órgano colegiado en el cual se le dijo que señalara fecha prudente para el desahogo de la testimonial, por lo tanto en acuerdo de dieciocho siguiente, dejó sin efectos la audiencia señalada para las ocho horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil veintiuno y señaló las ocho horas con treinta minutos del cinco de marzo del indicado año (fojas 133 y 139). 7. El cinco de marzo de dos mil veintiuno la responsable, asentó que los testigos no comparecieron por lo tanto reiteró los apercibimientos de veintiséis de octubre de dos mil veinte y señalo nueva hora y fecha para el desahogo de la multialudida testimonial (foja 148). 8. En proveído de veintinueve de marzo, de nueve y veintiséis de abril, todos del dos mil veintiuno, la responsable ante la incomparecencia de los testigos en esas audiencias se pronunció en el mismo sentido esto es, reiteró los apercibimientos de veintiséis de octubre del dos mil veinte y señaló nuevamente hora y fecha para la celebración de la audiencia de la testimonial (fojas 155, 162 y 171). 9. En auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, la oferente de la prueba manifestó que del informe que rindió el Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tlaxcala, se desprende que no se llevó a cabo todo el procedimiento para notificar a los testigos pues sólo se limitó a señalar que los testigos no le abrieron en el domicilio señalado y que entendió la diligencia con una persona diversa a los buscados por lo que solicitó la oferente que se girara nuevamente oficio y se señaló nuevo día y hora para la audiencia de la testimonial. La responsable respecto de lo anterior acordó lo que enseguida se indica: "(.) Se ordena agregar a los autos el escrito recepcionado por esta junta el día doce de mayo de dos mil veintiuno constante de tres fojas útiles por su lado anverso, suscrito y firmado por el CAP. 1/0 DE INF. RET. AGUSTÍN DURÁN CORDOVA Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tlaxcala, en la cual tocó en el domicilio de los atestes sin que alguna persona saliera a atender el llamado, posteriormente se entrevistó con una persona del sexo femenino de aproximadamente 35 años quien no proporcionó sus generales y al pregúntale (sic) si conocía las personas referidas manifestó que no los conocía y que posiblemente no habiten en ese domicilio. En consecuencia, visto el estado procesal que guardan los autos del que se desprende que en acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil veinte donde se le requirió a la parte demandada para que manifestara si insisten en los domicilios en que se citó a los atestes o bien proporcione o justifique uno nuevo por lo que la demandada dio contestación al requerimiento y manifestó que se insistía en ese domicilio. Por lo que se le hacen efectivos los apercibimientos decretados en acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil veinte, por lo que se le impone al oferente de la prueba la carga de presentarlos, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 813 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, se señalan las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada ELMEX SUPERIOR S.A. DE C.V. a cargo de los CC. ÁNGEL CONTRERAS MOLINA, JAIME ALBERTO MOLINA AGUILAR Y RICARDO VALENZUELA ALVARADO en la inteligencia que serán presentados por la oferente de la prueba, en consecuencia de no hacerlo así se le tendrá como de imposible desahogo y como consecuencia desierta la testimonial que ofrece de conformidad con los artículos 779, 780 y 813 fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Notifíquese (.)" (fojas 180 y 181). 10. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la junta acordó tener por celebrada la audiencia en la cual tomó en consideración la imposibilidad de presentar a los absolventes por la oferente de la prueba, en consecuencia le hizo efectivo los apercibimientos decretados en acuerdos de fecha uno de octubre de dos mil veinte (foja 91), veintisiete de octubre del indicado año y el de doce de mayo de dos mil veintiuno (foja 180), por lo que se tuvo de imposible desahogo y en consecuencia desierta la prueba testimonial de conformidad con los artículos 779, 780, y 813 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 189 y 190). 11. El siete de junio de dos mil veintiuno la junta responsable ordenó agregar a los autos el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno por el apoderado legal de la parte actora; así como los escritos de los testigos, en los cuales exhiben los certificados médicos con los cuales acreditan la imposibilidad de comparecer a la audiencia de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, y determinó que deberán estarse a lo acordado en la audiencia de esa data y ordenó turnar los autos para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 191). 12. Previos los trámites de ley, el seis de julio de dos mil veintiuno, la responsable emitió un nuevo laudo, y con el cumplimiento se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados, para que en el término de diez días expresaran lo que a su interés conviniera (fojas 198 a 204 y 205 a 210 ídem). Una vez transcurrido el término anterior, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno el Presidente de este Tribunal Colegiado acordó se dictara la resolución correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 211 y 212 ídem). 13. Previos los trámites de ley, el Presidente de este Tribunal Colegiado, mediante determinación de nueve de noviembre de dos mil veintiuno tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, nuevamente requirió a la autoridad responsable para que se acatara el fallo protector; en el entendido, que debía dejar insubsistente aquél con el que pretendió cumplirlo; como se advierte de la siguiente transcripción, en lo conducente: ".No obstante lo hasta aquí precisado, a efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente respecto del efecto señalado en el arábigo 3 transcrito en la foja 2 de este acuerdo es conveniente citar los términos en que se emitió la sentencia de amparo en relación a dicho tema. "(.) Es de apuntarse que una vez que le fue impuesta a la patronal la obligación de presentar a sus atestes, se tiene que en audiencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la patronal solicitó el término de tres días a fin de acreditar el motivo de su ausencia a dicho acto (foja 533 ibídem), lo cual se tuvo por justificado en proveído de veintitrés de abril siguiente (foja 540 ibídem). Misma petición que la demandada solicitó en la audiencia de veintiuno de junio siguiente, la cual le fue acordada de manera favorable (foja 546 ibídem), no obstante ello, la junta determinó en audiencia de ocho de enero de dos mil diecinueve (foja 552 ibídem), declarar desierta la multicitada prueba testimonial de la patronal, al considerar que no cumplió con acreditar en el término de tres días por ésta solicitado la imposibilidad de presentar a sus testigos. De esa guisa, se tiene que los motivos que tuvo la junta responsable para regularizar el procedimiento y, por ende, dejar a la patronal la carga de hacer comparecer a los testigos por ella propuestos fueron los siguientes: Los testigos fueron notificados de fungir como tales derivado de que les fue notificada dicha circunstancia mediante instructivo de siete de febrero de dos mil diecisiete, sin que aquéllos hubieren asistido a la audiencia de diez de febrero siguiente. Si bien el oferente de la prueba había proporcionado todos los elementos para el desahogo de la prueba testimonial, lo cierto era que conforme a los numerales 793 y 813, fracción II, ambos de la Ley Federal del Trabajo, jamás fue comprobado el hecho o la existencia de algún impedimento, causa o motivo justificado para no presentar a los atestes propuestos. Derivado de lo anterior, la junta sostuvo que no contaba con la garantía de sinceridad del oferente de la prueba, aunado a que los testigos nunca manifestaron que no acudirían ante esa autoridad obrera si no era por conducto de funcionario a ella adscrito, esto es, los demandados no manifestaron la causa o motivo justificados que le impidieran hacerlo, motivo por el cual se consideró que se quería ofuscar a la autoridad. No obstante de lo narrado con anterioridad, se puede apreciar que la testimonial ofrecida por la quejosa sí cumplía con los elementos necesarios para que la misma se desahogara, ya que se propuso a cargo de Ángel Contreras Molina, Jaime Alberto Molina Aguilar y Ricardo Valenzuela Alvarado, con domicilio, los primeros dos de ellos, en calle Fresnos, número siete, colonia Loma Bonita, en la ciudad de Tlaxcala, mientras que el tercero, en el numeral nueve, de la misma calle, colonia y ciudad, solicitando se les citara "en razón de que le han manifestado a mi representada, que solo comparecerán a declarar si son citados por la autoridad respectiva; y además porque mi representa (sic) no tiene imperio sobre dichas personas" (foja 480 ibídem). Así, la responsabilidad de citar a los testigos recaía en la junta responsable, por lo que no estuvo en lo correcto al declarar la deserción de la prueba testimonial propuesta por los actores, en atención a que los testigos fueron notificados de fungir como tales derivado de que les fue notificada dicha circunstancia mediante instructivo de siete de febrero de dos mil diecisiete, sin que aquéllos hubieren asistido a la audiencia de diez de febrero de ese año. Lo anterior obedece a que en esa audiencia la junta manifestó que procedía a regularizar el procedimiento al percatarse que se había asentado por ella que los atestes habían sido ofertados por la parte actora, lo cual concluyó resultaba incorrecto. Además, fue la propia junta quien afirmó que el oferente del multialudido medio de convicción había proporcionado todos los elementos para el desahogo de los testimonios, por lo que no resulta apegado a derecho que la autoridad obrera haya aludido a que jamás fue comprobado el hecho o la existencia de algún impedimento, causa o motivo justificado para no presentar a los atestes propuestos y que los testigos nunca manifestaron que no acudirían si no era por conducto de funcionario a ella adscrito, pues esos motivos no debían probarse por la demandada, ya que tal extremo no es exigido por la ley. Máxime que este órgano colegiado aprecia que la responsable no agotó todas las medidas necesarias para citar a los testigos ofrecidos, pues si bien emitió diversos oficios a la autoridad municipal encargada de la seguridad pública, lo cierto es que no existió respuesta alguna, ni tampoco se aprecia que la junta obrera hubiere dado seguimiento alguno a sus propias solicitudes. De ahí que no existía motivo legal para invertir la carga a la oferente de la prueba de hacer comparecer a los atestes, apercibiéndole en el sentido que de no presentarlos se declararía desierta tal probanza y posteriormente declararla de esa manera, porque, se reitera, en quien recaía la obligación de su cita era a la junta, por conducto del actuario adscrito y no a la oferente de la prueba, ya que un particular no tiene fuerza coercitiva para obligar a otro a comparecer ante la autoridad laboral, fuerza que sí tiene ésta conforme a lo dispuesto en el artículo 814 de la Ley Federal del Trabajo. Caso contrario, se tendría que la junta revocó su propia determinación, en contravención a lo señalado en el arábigo 848 de la ley de la materia. Además, aun cuando la autoridad laboral tiene facultades que le permiten remover cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal y culminación del proceso, dentro de las cuales se encuentra, la de hacer una prudente estimación de los motivos de la imposibilidad que manifestó el accionante para presentar a los testigos, no expuso ningún razonamiento jurídico en ese sentido. En tal virtud, si el oferente de la prueba testimonial cumplió con lo previsto por el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, al proporcionar el nombre y domicilio de los testigos, se manifestó la imposibilidad para presentarlos directamente, así como la causa o motivo para ello; la responsable al no tener un fundamento válido para rechazarlo, estaba obligada a ordenar su citación por conducto del actuario adscrito; de ahí lo fundado de los conceptos de violación" (fojas 62 y 63). Ahora, de las constancias narradas anteriormente, se advierte que la autoridad responsable no atendió a lo señalado en la ejecutoria de amparo, pues a pesar de que el Tribunal que conoció del amparo determinó que debía agotar los medios necesarios para que los testigos acudieran ante ella, lo cierto es que no lo hizo, pues no obstante que dejó insubsistente el laudo reclamado y sin efectos el proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, así como el de ocho de enero de dos mil diecinueve, lo cierto es que en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno impuso nuevamente la carga de la prueba de presentar a los testigos a la parte demandada. Además, de las constancias remitidas por la responsable no se advierte resolución fundada y motivada de las razones que la llevaron a considerar la imposibilidad para presentar a los testigos, limitándose a señalar que lo procedente era decretar la deserción de la prueba testimonial. Aunado a lo anterior, no existe pronunciamiento de la responsable en el que hubiera determinado si con el proceder de la parte oferente de la multicitada testimonial advertía que su única pretensión era retardar el procedimiento. En cambio, obran los certificados médicos que presentaron los testigos (treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno), con los cuales pretendieron justificar su incomparecencia a la audiencia señalada para el desahogo de la prueba testimonial, respecto de lo cual la junta responsable sólo se limitó a decir que tenía por exhibidos los indicados certificados y les hizo saber que deberían estar a lo acordado en la audiencia señalada en autos (ocho horas con treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno), sin fundar ni motivar las razones del porqué podría o no tomar en cuenta dichos certificados. En atención a lo anterior no es posible continuar con el estudio de los demás efectos señalados en la ejecutoria de mérito hasta en tanto la autoridad responsable se ajuste a los lineamientos de ésta por cuanto hace al desahogo de la prueba testimonial. En consecuencia, el tribunal responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días deje insubsistente el laudo de ocho de junio de dos mil veintiuno y dicte otro bajo los lineamientos del fallo protector" (fojas 216 a 218). De acuerdo a lo anterior, resulta que el laudo reclamado en esta instancia constitucional jurídicamente ya no existe, pues quedó insubsistente por las razones antes mencionadas; de ahí la posible actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debido a la inexistencia del acto reclamado. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 78/2006, registro 174942, visible en la página 211 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL SEGUNDO JUICIO DE GARANTÍAS, CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO. El laudo reclamado en un juicio de amparo directo deja de existir cuando por virtud del otorgamiento de la protección de la Justicia Federal la autoridad responsable lo declara insubsistente, pues ello implica necesariamente la emisión de una nueva resolución que comprenda todos los aspectos litigiosos, es decir, tanto los que son materia de la protección constitucional, como aquellos intocados por el fallo protector. En ese sentido, se concluye que tratándose de amparos directos relacionados, promovidos por el actor y por el demandado o, en su caso, el tercero interesado, en el procedimiento natural, se actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del segundo juicio de garantías, cuando de autos se advierta que en cumplimiento a la sentencia dictada en el primero, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo reclamado, aun cuando la parte de éste que agravia al quejoso en el segundo juicio de garantías no haya sido materia de análisis en aquella ejecutoria, pues en acatamiento al fallo protector, la autoridad responsable debe dictar una nueva resolución que comprenda todas las cuestiones litigiosas y, por ende, debe estimarse que el mencionado laudo ya no existe; dado que no es jurídicamente posible que coexistan dos actos decisorios respecto de una misma controversia, habida cuenta que el quejoso en el segundo juicio de amparo puede impugnar la nueva decisión a través de uno diverso". Jurisprudencia que a pesar de haber sido integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la actual legislación de la materia, al no oponerse a las disposiciones de este último ordenamiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede remitir el presente proyecto a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal para que notifique como corresponda únicamente a la parte quejosa Gerardo Cortina Miranda, el presente dictamen en el que se aborda la posible actualización de la causal de sobreseimiento de que se trata, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación relativa correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga; y una vez que se cumpla con lo anterior, se esté en condiciones de dictar el fallo que corresponda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia". Determinación que se emite en forma colegiada, debido a que una vez cumplidas las condiciones que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la oportunidad para dar vista a la parte quejosa, ocurre en el momento en que se tiene la certeza del posible surgimiento de una causal de improcedencia o sobreseimiento, es decir, la obligación prevista en el artículo citado surge cuando, en sesión, como en el caso acontece, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad, tal y como lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), visible en la página 8, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Por lo expuesto y fundado, se; D I C T A M I N A: PRIMERO. Se advierte que en el juicio de amparo pudiera actualizarse una causal de sobreseimiento respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. SEGUNDO. Dese vista a la parte quejosa Gerardo Cortina Miranda, con la posible causal de sobreseimiento aludida en este dictamen, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. TERCERO. Continúa en lista este asunto. Notifíquese. Así lo dictaminó, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Nicolás Castillo Martínez y Jesús Eduardo Hernández Fonseca, siendo presidenta la primera y ponente el segundo de los nombrados, firmando los dos primeros en mención, así como el licenciado Jazael Adrián Portillo Sánchez, Secretario autorizado mediante oficio CCJ/ST/373/2022 para desempeñar las funciones de magistrado a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, en virtud de la licencia de carácter médico de la que goza el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca del veintiocho de enero al cuatro de febrero del presente año notificada mediante oficio 0521/2022; por lo que firman conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos, licenciada Miriam Ramírez Alanis, que da fe. M'NCM/S´ORR/bal La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al auto dictado el uno de febrero de dos mil veintidós, en el amparo directo 665/2021, y que con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el auto dictado obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que ésta coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy fe.
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