Gerardo Cirilo Hernández Landeros

Expediente 57/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
57/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Cirilo Hernández Landeros
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 - reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General . INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  2. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 57/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido del Secretario Rafael Torres Campos, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Gerardo Cirilo Hernández Landeros, así como el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 57/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gerardo Cirilo Hernández Landeros; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Gerardo Cirilo Hernández Landeros, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de detención librada en contra del aquí amparista; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE NIEGA 2. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gerardo Cirilo Hernández Landeros, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO...

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 29 DE enero DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrense a sus autos los INFORMES JUSTIFICADOS rendidos por las autoridades responsables: 1. Fiscal General y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, por conducto de su representante, respectivamente; no obstante, en virtud que de éstos aparece que niegan la existencia de los actos reclamados, ello conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, en los términos siguientes: Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Gerardo Cirilo Hernández Landeros, por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Fiscal General y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla; de quienes reclamó los actos consistentes en: a) La orden de detención librada en su contra; y, b) Su ejecución. En ese sentido, como se aprecia de los informes justificados con los que se da cuenta, las autoridades responsables 1. Fiscal General y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados; por tanto, se tienen por inexistentes los actos reclamados a las citadas autoridades. En consecuencia, al no existir los actos reclamados en esta vía de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 1002350, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las diez horas con diez minutos del once de febrero de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ELIUT En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]..."

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. I. Ponderaciones previas. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; con el primero, al quince de enero de dos mil veintiuno y con el segundo, al veintiocho de febrero del mismo año. No obstante, mediante las circulares SECNO/08/2021 y SECNO/09/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesiones celebradas el treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; por lo que en cumplimiento a lo instruido en dicho punto, se dio a conocer que en atención a la modificación de la situación de contagios de la referida enfermedad, para los órganos pertenecientes al Sexto Circuito, entre otros, durante el periodo aludido, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo. Tal medida implica, que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán y tramitarán los asuntos que puedan seguirse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales o por oficio. De manera que para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Que las medidas adoptadas tendrían vigencia del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, por lo que en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos por el periodo aludido, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos. Así, mediante Circular SECNO/10/2021, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en dicha Circular, en relación con este Sexto Circuito, se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las pares que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el seis de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido, que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Cumplimiento ejecutoria. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados por tres días, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, respecto del cumplimiento que la responsable dio al fallo protector, sin que alguna de las partes realizara manifestación alguna. Y en acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al licenciado Hugo Pérez Morales, informando que la notificación correspondiente al acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, realizada al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Zacapoaxtla, Puebla, quedó agregada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el doce de enero de dos mil veintiuno; de lo que se adquiere conocimiento. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada en sus términos, atendiendo lo informado por las autoridades responsables. En primer término, se precisa que mediante sentencia de veinticuatro de febrero de do mil veinte, se concedió el amparo a Miguel Ángel Garrido Lozada, para los siguientes efectos: "Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede a Miguel Ángel Garrido Lozada, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, en el proceso penal 124/1992, de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, en la que reitere las consideraciones relativas al acreditamiento del cuerpo del delito de homicidio calificado, y purgue los vicios formales que la afectaban y que han quedado precisados en esta sentencia, o en sentido contrario, esto es: 2.1. Deberá fundar y motivar la competencia; eso es, expondrá los preceptos legales que sustenten su competencia y las razones que la actualizan. 2.2. En el apartado relativo a las agravantes, deberá exponer claramente cual o cuales calificativas se actualizan en el ilícito en estudio. 2.3. Precise cuáles fueron las declaraciones de los testigos de cargo que le permitieron arribar a esa conclusión de que se actualiza la agravante o agravantes, así como el valor probatorio y motivar el porqué de esa valoración 2.4. Indique los medios de convicción que estime pertinentes a fin de acreditar dicho extremo, así como la valoración las pruebas que lo conduzcan a formar su decisión. 3. En el apartado de la probable responsabilidad, deberá precisar cuáles son las pruebas en específico con las cuales se acredita la probable participación del aquí quejoso, qué valor le merecieron esos medios convictivos, ya sea pleno o indiciario, así como por qué ese valor; e indicar, en su caso, qué indicios particulares le otorgan esas pruebas, asimismo, de su adminiculación lo lleve a concluir la probable responsabilidad. 3.1. Precise mayores datos de identificación respecto del "dictamen pericial de levantamiento" a que hace mención en este apartado." En acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió, en el término de tres días su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, una vez seguidos los trámites tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, en proveídos de diez de noviembre y once de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, remitiendo copia certificada del auto de plazo constitucional emitido en cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y en acuerdo de veintitrés de noviembre de ese año, el 2. Director del Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, también hizo del conocimiento el cumplimiento que otorgó a la ejecutoria de amparo aludida, y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés correspondiera con relación a los cumplimientos otorgados por las autoridades responsables, sin que hubieran realizado manifestación alguna. Ahora bien, de la determinación emitida por el Encargado del Despacho del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, se advierte que en cumplimiento al fallo protector en este juicio, llevó a cabo lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del proceso número 124/1992, en el que se decretó formal prisión en contra de Miguel Garrido o Miguel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada, como probable responsable en la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313,323, 324, 326, fracciones I y II, 328, 329 y 331, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I todos del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de quien en vida se llamó José Felipe Hernández Ramos. 2. Dictó otra determinación en la que reiteró las consideraciones relativas al acreditamiento del cuerpo del delito de homicidio calificado. 2.1. Justificó su competencia para dictar el auto de formal prisión, pues indicó que es competente para conocer de la causa y emitir tal determinación conforme con lo dispuesto por los artículos 7, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como los numerales 5, 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, al tratarse de un delito del orden común cometido dentro de esta jurisdicción territorial como lo es la población de Texochico, Santa Clara, que pertenece a Santiago Yacuintlalpan, Puebla, ilícito castigado con pena privativa de libertad; de igual forma, citó los numerales 51, fracción III y 83, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, con base en la acción penal ejercida por el Ministerio Público, por lo que justificó su procedencia para realizar el estudio relativo a la acreditación del cuerpo del delito. En cuanto a los puntos 2.2, 2.3 y 2.4, con relación a las agravantes determinó que no era procedente tenerlas por acreditadas, pues con relación a la agravante de premeditación indicó lo siguiente: No obstante que el Agente del Ministerio Público indicó que el delito de homicidio fue cometido bajo circunstancias que agravan el proceder del agresor, en específico la agravante de premeditación; lo cierto es que de los autos que integran la causa penal no advirtió elementos de prueba que acreditaran que el activo de manera previa hubiere reflexionado sobre el delito a cometer, es decir, que hubiere pensado detenidamente y considerado anticipadamente de manera atenta el delito que cometió, por tanto, al no meditar su actuar en tiempo pasado y aspecto perfectivo, en atención a que los hechos acontecieron de momento a momento de acuerdo a la narrativa de los hechos de los que se informa la causa penal, es por lo que el Juez de origen llegó al conocimiento de que la agravante de premeditación no quedaba acreditada ni de manera presuntiva como lo exigen los numerales 324 y 325 del Código Penal del Estado de Puebla. Y con relación a la diversa hipótesis de ventaja, prevista en el artículo 326, fracciones I y II, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, no está justificada de conformidad con el artículo 328 del citado ordenamiento sustantivo, bajo la premisa de que la ventaja solo será considerada como calificativa cuando el delincuente no corra riesgo de ser muerto ni herido por el ofendido y aquel no obre en legítima defensa, así lo consideró el juez responsable puesto que de los medios de prueba que analizó y valoró, advirtió que no estaba acreditado que el activo del delito fuese superior en fuerza física al ofendido, en virtud que no fue allegado a los autos al menos fe ministerial de constitución física del agresor y víctima, que sirva para considerar de manera indiciaria que el agresor por su corpulencia física pudo someter a la víctima para lograr privarlo de la vida. Contrario a ello, de las declaraciones de los testigos de los hechos y fe de objetos practicada por el representante social, se desprende que el ahora occiso se encontraba armado con un "machete" marca "Tramontina-Brasil", en regular estado de uso y conservación. Además el Juez responsable consideró que con relación a la fracción II del citado numeral 326, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, tampoco se encontraba acreditada porque tanto el agresor como la víctima se encontraban armados, lo que es posible advertir de las declaraciones de los testigos de cargo, en los que se da noticia de que el activo tenía en su poder un arma de fuego -retrocarga-, y que la víctima tenía en sus manos un machete, lo que incluso fue corroborado con la fe de objetos realizada por el Agente del Ministerio Público investigador, quien dio fe de la existencia del referido "machete" de la marca "Tramontina-Brasil", en regular estado de uso y conservación, dos cartuchos uno quemado y otro útil de color verde, inclusive el Juez responsable adminiculó a lo anterior, el informe de la policía judicial, del que destacó que la escopeta calibre 12", marca Westernfield, matrícula H-231272, se encontró a cincuenta metros de distancia del lugar de los hechos, entre las hierbas, por lo que los involucrados se encontraron en igualdad de circunstancias. Lo anterior, -consideró el juez responsable- máxime que no fue corroborado que el agente activo pudiese tener mayor destreza en el manejo de las armas, pues al respecto no fue allegado a la causa penal, prueba que así lo haga suponer, tampoco se advierte que el activo fuera superior en número, en atención a que los mismos testigos de cargo, fueron precisos en indicar que el altercado se dio precisamente entre el agente activo y quien en vida se llamó José Felipe Hernández Ramos, sin que alguna de las personas presentes interviniera. Bajo tales argumentos, el juez responsable consideró que no está acreditada la agravante de ventaja, conforme a las fracciones I y II, del artículo 326, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues contrario a ello, el activo del delito corrió el riesgo de ser muerto o herido por el ofendido, porque este último, se encontró en posesión de un "machete", con el cual lo amenazó, por lo que no se actualizó la premeditación ni la ventaja que hizo valer la representación social. Conforme a lo anterior, el juez de origen indicó que se encontraba acreditado el delito de homicidio previsto y sancionado en los artículos 13, 312 y 313, fracción I, inciso a), del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, sancionado en el diverso numeral 316, del citado ordenamiento sustantivo, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de José Felipe Hernández Ramos. Por lo que se refiere a los puntos 3 y 3.1, el juez responsable señaló que los medios probatorios con los que se acredita la probable responsabilidad del quejoso son: a) El testimonio de Facundo López Cruz. b) La declaración de Antonio Hernández Huachi. c) El dicho de Martín López Lucas. d) Lo expresado por Pedro López Cruz. e) Lo referido por Cornelio Hernández Ramos. Tales atestados fueron valorados por el Juez responsable conforme a lo establecido en el artículo 201, del Código Procesal Penal del Estado de Puebla, además indicó que tales medios de prueba fueron emitidos por personas con capacidad suficiente para juzgar sobre los hechos que narran, no obstante que Pedro López Cruz, era menor de edad cuando sucedieron los hechos, pero por el impacto y magnitud del hecho narró el suceso desde su perspectiva, además el juez responsable indicó que los testigos fueron coincidentes al referir los datos del evento, relatando de manera sucinta los hechos que presenciaron, fueron imparciales, además de que el hecho es susceptible de conocerse por medio de los sentidos, conociéndolos por sí mismos, además fueron claros y precisos, también uniformes en sus dichos, conviniendo en los accidentes del hecho, escucharon las palabras y vieron el hecho, con lo que estuvieron en condiciones de dar a conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ilícito, y por tanto, resultan de utilidad para demostrar la identidad del sujeto pasivo. De igual forma el juez de origen, indicó que la probable responsabilidad del inculpado también se encuentra acreditada con la necropsia y la opinión médica que le fue realizada, a las cuales otorgó valor probatorio conforme al artículo 200, del Código Adjetivo de la Materia y Fuero. A lo anterior adminiculó la diligencia de fe de cadáver y la inspección realizada por el Agente del Ministerio Público en el lugar de los hechos, medios de prueba a los que otorgó valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 56 bis, 66, fracción I, 73 y 199, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla. Con tales elementos probatorios el juez de origen tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal de Miguel Garrido o Miguel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada en la comisión del delito de Homicidio. Por su parte, el 2. Director del Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, informó que una vez que recibió la determinación de nueve de noviembre de dos mil veinte, emitida por la 1. Encargado del Despacho Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, dentro de la causa penal número 124/1992, realizó las anotaciones correspondientes en el expediente de Miguel Garrido o Miguel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada. En tal virtud, del análisis realizado a la determinación emitida por el juez de origen en la que dictó auto de formal prisión al aquí quejoso Miguel Garrido o Miguel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada, se desprende que dejó de tener por acreditadas las calificativas, por lo que el auto de bien preso únicamente por el delito de homicidio previsto y sancionado en los artículos 13, 312 y 313, fracción I, inciso a), del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, sancionado en el diverso numeral 316, del citado ordenamiento sustantivo, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de José Felipe Hernández Ramos. Al respecto, cabe precisar que de la lectura de los antecedentes que fueron reseñados en la determinación materia de análisis se advierte que la orden de aprehensión librada en contra del justiciable Miguel Garrido o Miguel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada, fue emitida el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y dos, por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, 323, 324, 326, fracciones I y II, 328, 329 y 331, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó José Felipe Hernández Ramos. Mandato de captura que fue cumplimentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, conforme a lo informado en el considerando tercero del auto de plazo constitucional analizado en párrafos precedentes. En ese contexto, es de precisar que conforme al cumplimiento dado por la autoridad responsable se estableció que las calificativas del delito consistentes en la premeditación y ventaja, no fueron acreditadas conforme con los medios de prueba que se advierten en la causa penal, por lo que fijó el delito que se atribuye al peticionario del amparo únicamente en el homicidio simple, previsto y sancionado en los artículos 13, 312 y 313, fracción I, inciso a), del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, sancionado en el diverso numeral 316, del citado ordenamiento sustantivo, el cual conforme al último dispositivo invocado, tiene una sanción privativa de libertad de trece a veinte años de prisión. En ese tenor, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que el Juez responsable una vez que determinó acreditado el delito de homicidio simple, omitió realizar el estudio correspondiente a la prescripción del delito, esto es, analizar si el ejercicio de la acción penal se encuentra extinguido o no; lo anterior, porque entre el libramiento de la orden de aprehensión, esto es, del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y dos a la fecha en que se dio cumplimiento al mandato de captura el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, transcurrió un lapso de veintiocho años, mientras que el plazo necesario para que opere tal figura jurídica, conforme al artículo 131, del Código Penal para el Estado de Puebla -vigente al momento del hecho delictivo, esto es, el veinte de junio de mil novecientos noventa y dos-, debe ser igual al plazo máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, que como se indicó es de veinte años de prisión. Por lo que a fin de no vulnerar los derechos del quejoso, a fin de determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, deberá analizar minuciosamente si conforme a los autos que integran la causa penal origen de este juicio, y a los lineamientos establecidos en los dispositivos legales relativos a la prescripción de los delitos, del Código Penal para el Estado de Puebla -vigente al momento del hecho delictivo-, en el caso, se actualiza en favor de Miguel Garrido o Miguel Garrido Lozada o Miguel Ángel Garrido Lozada, la prescripción del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en los artículos 13, 312 y 313, fracción I, inciso a), del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, sancionado en el diverso numeral 316, del citado ordenamiento sustantivo, por el cual le dictó auto de formal prisión, al tratarse de un aspecto de orden público, pues de acreditarse resultaría improcedente continuar con la secuela procesal, asimismo, en su caso, deberá ordenar la libertad del justiciable por lo que se refiere a ese ilícito y causa penal aludida. Sin que corresponda a este juzgador realizar tal análisis en atención a que de hacerlo se sustituiría la potestad del juez de origen, lo que no es legalmente factible en esta instancia constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, para que en el término de veinticuatro horas, remita copia certificada de la determinación con la que dé cumplimiento al fallo concesorio del amparo conforme a lo indicado en el presente proveído, al correo electrónico martha.lemus.barajas@correo.cjf.gob.mx, o bien, al diverso 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá ser legible y en el orden respectivo a fin de lograr su lectura. Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no acatar, en tiempo y forma, lo ordenado en el párrafo que precede, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. En tales condiciones, para agilizar el trámite del presente juicio, en obsequio al principio de inmediatez procesal, previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instruye al Actuario de la adscripción, para que conforme con lo que dispone el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, notifique los oficios dirigidos al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, asimismo, al 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Zacapoaxtla, Puebla -autoridad tercera interesada-, deriven del presente proveído, vía correo electrónico a la dirección (jmzacapoaxtla@htsjpuebla.gob.mx del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla), se sirva solicitar el acuse de recibo por ese mismo medio y levante la razón de envío y recepción correspondiente, sin dejar de mencionar, que deberá integrarla de manera inmediata al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para la debida conformación del expediente electrónico. En razón de que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, se ordena notificarle el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esa población b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Miguel Ángel Garrido Lozada, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1321/2019-A-; d) Notifique a la parte quejosa la presente resolución; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente resolución; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente; en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el despacho de mérito, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, quien deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en donde se encuentra recluido (vía despacho); por oficio a la autoridad tercera interesada y a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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