Gerardo Chavarria Bautista

Expediente 2308/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2308/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Chavarria Bautista
  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama del Director General de Amparos contra Leyes, delegado del Presidente de la República, visto su contenido, como lo solicita, remítasele copia de le ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del toca de revisión 694/2017 de su estadística, ello, para los efectos a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Magistrados Presidente, Representante del Estado y Actuario, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinden su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo se les tiene nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a las personas que menciona en dicho informe. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Gerardo Chavarría Bautista, a través de su apoderado Pedro Francisco Rivera Bringas acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje de Estado de Puebla y actuario adscrito, consistente en la dilación procesal que se traduce en la omisión de radicar el escrito de demanda que presentó y emplazar a la parte demandada dentro del expediente laboral ****. Ahora bien, los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Actuario, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama, al señalar que por auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se radicó el expediente y se previno a la parte actora para que exhiba ante ese tribunal el nombramiento que lo acredita como servidor público, trabajador del Estado, así como las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo que se emitió el trece de enero de dos mil veintitrés dentro del expediente ***de su índice, en el que se acordó el escrito de demanda presentado por el peticionario del amparo, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunciara respecto al escrito de demanda que presentó, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el trece de enero de dos mil veintitrés, el tribunal responsable la radicó bajo el número de expediente laboral **** de su estadística, procediendo a requerir al promovente a efecto de que exhiba el nombramiento que lo acredita como servidor público, trabajador del Estado, así como las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto que se reclama al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión para emplazar a la parte demandada dentro del expediente laboral ****. Ello es así, toda vez que del informe justificado que se acuerda se desprende que se requirió a la parte actora a efecto de que exhiba el nombramiento que lo acredita como servidor público, trabajador del Estado, así como manifieste las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada; por lo cual, resulta evidente que la demanda laboral que presentó la parte aquí quejosa ante el tribunal responsable a la fecha no se ha admitido, por tanto, el citado acto reclamado al actuario es inexistente. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  3. Principal

    AVISO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Magistrados Presidente, Representante del Estado y Actuario, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinden su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo se les tiene nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a las personas que menciona en dicho informe. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Gerardo Chavarría Bautista, a través de su apoderado Pedro Francisco Rivera Bringas acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje de Estado de Puebla y actuario adscrito, consistente en la dilación procesal que se traduce en la omisión de radicar el escrito de demanda que presentó y emplazar a la parte demandada dentro del expediente laboral ****. Ahora bien, los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Actuario, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama, al señalar que por auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se radicó el expediente y se previno a la parte actora para que exhiba ante ese tribunal el nombramiento que lo acredita como servidor público, trabajador del Estado, así como las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo que se emitió el trece de enero de dos mil veintitrés dentro del expediente ***de su índice, en el que se acordó el escrito de demanda presentado por el peticionario del amparo, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunciara respecto al escrito de demanda que presentó, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el trece de enero de dos mil veintitrés, el tribunal responsable la radicó bajo el número de expediente laboral **** de su estadística, procediendo a requerir al promovente a efecto de que exhiba el nombramiento que lo acredita como servidor público, trabajador del Estado, así como las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto que se reclama al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión para emplazar a la parte demandada dentro del expediente laboral ****. Ello es así, toda vez que del informe justificado que se acuerda se desprende que se requirió a la parte actora a efecto de que exhiba el nombramiento que lo acredita como servidor público, trabajador del Estado, así como manifieste las funciones y actividades de manera pormenorizada desempeñadas al servicio de la parte demandada; por lo cual, resulta evidente que la demanda laboral que presentó la parte aquí quejosa ante el tribunal responsable a la fecha no se ha admitido, por tanto, el citado acto reclamado al actuario es inexistente. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, por la cual hace constar que el perito oficial ******* le comunicó la imposibilidad que le asistió para comparecer a la diligencia programada para el día veintitrés de diciembre del año en curso. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, y a fin de que el perito oficial cuente con los elementos necesarios para emitir su dictamen correspondiente, se señalan las nueve horas con treinta minutos del seis de enero de dos mil veintitrés, para que el especialista ******** se constituya en las instalaciones que ocupan este juzgado federal, y asociado del actuario de la adscripción, se constituyan en las instalaciones de la autoridad responsable, con la finalidad de que el especialista explique puntualmente a la autoridad responsable la información que requiere para emitir su dictamen, de lo que deberá elaborar el acta correspondiente. Por tanto, se hace de conocimiento al perito oficial que el número de contacto del actuario adscrito es ******. Dicha determinación deberá hacerse de conocimiento al perito oficial ******** a través del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, por lo que, se solicita a este último que remita a este juzgado de Distrito las constancias con las cuales acrediten que dicho perito fue notificado. Con el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el oficio signado por la gerente de asuntos legales del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de diciembre del año en curso, remite constancias de las que se advierte que a ******* le asiste el cargo de presidente del Consejo de Administración de la persona moral denominada "Concesiones Integrales" Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, con copia simple del instrumento notarial remitido por la autoridad requerida, se ordena girar el oficio correspondiente a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "2", para que haga efectiva dicha multa a la persona moral denominada "Concesiones Integrales" Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de *********, a quien le asiste el cargo de presidente del Consejo de Administración de la indicada moral. Se solicita al titular de la administración desconcentrada de referencia que de no ser la dependencia que deba imponer la multa, por razón de territorio, la turne a la administración del Sistema de Administración Tributaria que le competa llevar a cabo la imposición de la multa.

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