Gerardo Ceja Rangel

Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1015/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Ceja Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de tres días concedidos a la parte quejosa en auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, transcurrió del veintisiete de julio al dos de agosto del año en curso, sin que lo hiciera, ya que al revisar el libro de registro de promociones de la oficialía de partes de este juzgado al día de hoy no obra escrito que así lo indique; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se provee respecto a la demanda con los datos proporcionados en la misma. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por María Elena Rangel Ayala y Juan Antonio Ceja Rangel, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, de la que se advierte que los actos reclamados los hace consistir en: "A) La violación a los derechos sustantivos de debido proceso, igualdad procesal y seguridad jurídica de los quejosos, por conducto de la autoridad responsable, en contra de la determinación dictada con fecha 16 de mayo del 2023, por el Juez de Control región Morelia, en la cual determino no vincular a proceso al imputado ELIAS PEÑA ORTÍZ, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, cometido en agravio de GERARDO CEJA RANGEL; considerando que no habían datos de prueba suficientes para vincular a proceso [.]" B) Como consecuencia de la violación a los derechos fundamentales en el desarrollo de la audiencia inicial, al no darle credibilidad al testigo único RAYMUNDO SALGADO VEGA, en los hechos que se trata, ni al reconocimiento por persona que realizo mediante el cual señalo a ELIAS PEÑAORTIZ, con violación a los de derechos fundamentales. C) Omisión de la autoridad responsable en garantizar, proteger y restituir los derechos fundamentales a las víctimas indirecta" Ahora, cabe precisar que de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que contra la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés [acto aquí reclamado], dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el cuatro de julio de dos mil veintitrés y se determinó no vincular a proceso al imputado Elias Peña Ortiz, en el toca penal 83/2023, de la estadística de la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes los quejosos no cumplieron con la prevención efectuada en acuerdo de veintiuno de julio de esta anualidad, en el que se les requirió si deseaban señalar como responsable a la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de ahí que, en el presente asunto únicamente se conozca del acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Por tanto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese contexto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control región Morelia, en la cual determino no vincular a proceso al imputado Elías Peña Ortíz, por el delito secuestro agravado, cometido en agravio de Gerardo Ceja Rangel, sin embargo, al haber sido apelada dicha resolución jurídicamente fue sustituida por la sentencia dictada el cuatro de julio del año en curso, por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca de apelación X1-83/2023, por lo que cualquier agravio que le pudiera haber causado dejó de surtir efectos. Tiene aplicación a lo anterior por analogía jurídica la jurisprudencia número 620, aplicada por identidad de razón, visible en la página 413, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, en virtud de que cesaron los efectos de la primera sentencia, por haber sido sustituida por la de segundo grado". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo procedente es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ..., autorizado de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgador el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en el último párrafo del artículo 88, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, ya que son necesarias seis copias para cada una de las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, una para el juicio de amparo y dos para cada uno de los terceros interesados; haciendo un total de diez copias, de las cuales el promovente únicamente exhibió ocho. Resulta aplicable la tesis aislada IX.1o.95 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2476 y número de registro 176854, bajo el texto y rubro siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. LAS COPIAS DEL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN COINCIDIR CON SU ORIGINAL. De conformidad con el artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, cuando el recurrente interponga recurso de revisión deberá exhibir una copia del escrito de agravios para el expediente y una para cada una de las partes; y, en caso de estar incompletas, será requerido para que las presente dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso. Ahora bien, para cumplir con lo establecido en dicho numeral en cuanto a la exhibición de las copias, éstas deben coincidir con su original, pues de no ser así, esto es, de no haber igualdad en su formato y en su texto, no existiría la seguridad y certeza que deben tener las partes respecto del contenido de los escritos correspondientes." Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no interpuesto el citado recurso. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto la demanda de amparo promovida por ...contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región de Morelia, Michoacán, que hacen consistir en: "A) La violación a los derechos sustantivos de debido proceso, igualdad procesal y seguridad jurídica de los quejosos, por conducto de la autoridad responsable, en contra de la determinación dictada con fecha 16 de mayo del 2023, por el Juez de Control región Morelia, en la cual determino no vincular a proceso al imputado ...considerando que no habían datos de prueba suficientes para vincular a proceso, y la resolución de apelación dictada dentro del toca penal X1-83/2023, de fecha 04 de julio del 2023, mediante el cual la magistrada de la octava sala penal unitaria del Supremo tribunal de Justicia del Estado, determino no vincular a proceso al imputado .... ya referido, quien nos entregó copias de la resolución, considerando que no habían datos de prueba suficientes para vincular a proceso. B) Como consecuencia de la violación a los derechos fundamentales en el desarrollo de la audiencia inicial, al no darle credibilidad al testigo único RAYMUNDO SALGADO VEGA, en los hechos que se trata, ni al reconocimiento por persona que realizo mediante el cual señalo a ..., con violación a los de derechos fundamentales. C) Omisión de la autoridad responsable en garantizar, proteger y restituir los derechos fundamentales a las víctimas indirecta" Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracciones III y 114 fracciones l y lI, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, por escrito cumplan con lo siguiente: Manifiesten si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que en el capítulo relativo a la autoridad responsable no la señala con ese carácter. Lo anterior es así, en atención a que del capítulo relativo al acto reclamado señala ".y la resolución de apelación dictada dentro del toca penal XI-83/2023, de fecha 04 de julio del 2023, mediante la cual la magistrada de la octava sala penal unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinó no vincular a proceso.". En la inteligencia que de ser el caso, deberá narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se proveerá lo que jurídicamente corresponda a su demanda con los datos proporcionados en la misma. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado calle Rancho Nuevo, sin número, de la Localidad de Rancho Nuevo en Tarímbaro, Michoacán, y autorizando para tal efecto Heber Dario García Villaseñor, quien únicamente podrá imponerse de los autos, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico hbrgarcia12@gmail y números telefónicos se tendrán únicamente como medios de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.

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