Gerardo Casamata Gomez

Expediente 1235/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1235/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Casamata Gomez
  • Entidad Superior de Auditoría Y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. En términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido en su fecha, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, Gerardo Casamata Gómez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Secretaría de la Contraloría, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría, Secretaría de la Función Pública, estos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".1.- La falta de emplazamiento al procedimiento de responsabilidad administrativa, seguido en mi contra, en el que se hayan respetado las formalidades esenciales mínimas y los derechos humanos de debida defensa y audiencia previa y que culminó con una resolución de inhabilitación para que el suscrito pueda desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, por un periodo de OCHO AÑOS, contados a partir del 26 de noviembre de 2013 y que concluirá el 23 de noviembre de 2021. 2.- La instrucción del procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en mi contra, así como los actos de ejecución tendientes a enviar sendo [sic] oficio a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y Dirección General de Responsabilidades Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para el registro de la Sanción impuesta en mi perjuicio. 3.- La incorporación de las copias certificadas de la resolució0n que contenga la sanción impuesta en mi contra, en el expediente personal del suscrito que obra en poder de esa autoridad. De las autoridades señaladas con los incisos B), C) y D), reclamo: 4.- El registro de la sanción antes mencionada en los libros y/o base de datos y/o plataforma y/o padrón de servidores públicos inhabilitados, que obran en la Secretaría de la función Pública y la Secretaría de la contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el que consta que fui inhabilitado por un periodo de OCHO AÑOS, para desempeñar. De todas las autoridades reclamo: 5.- Las consecuencias jurídicas y fácticas que los actos reclamados con antelación me producen en mi esfera jurídica y que se traducen en la prohibición para ejercer libremente mi derecho a emplearme en la administración pública federal,. y sobre todo de haber sido sancionado sin tener conocimiento del procedimiento o juicio seguido en mi contra. Oficio S:C:/D.G.R./W0776931/2021 de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno." SEGUNDO. Previo auto de prevención, el veinte de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo de Gerardo Casamata Gómez, radicó el asunto con el número de expediente 285/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El trece de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, declaró ser incompetente para seguir conociendo del asunto, y ordenó remitir el juicio de amparo 285/2021, a esta autoridad. CUARTO. El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió el oficio 20156/2021, al que se anexó el juicio de amparo 285/2021, y por acuerdo de veintisiete de julio siguiente, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número 1235/2021, sin necesidad de requerir los informes justificados al ya obran en autos, y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La falta de emplazamiento al procedimiento de responsabilidad administrativa, instrucción que concluye con resolución de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública, por un periodo de ocho años, contados a partir del veintiséis de noviembre de dos mil trece al veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, sus efectos y consecuencias. Oficio S:C:/D.G.R./W0776931/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que informa al quejoso, su inhabilitación por ocho años. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, Director General de Responsabilidades de la Secretaría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y anexo a su informe constancias relativas al acto reclamado, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (denominación correcta), Secretaría de la Función Pública y Secretaría de la Contraloría ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, se desprende que en cuanto a la primera fue la que instauro el procedimiento administrativo sancionador en el expediente ASF/DGJ/PARA/004/2011-IV, que culminó con la sanción de inhabilitación por ocho años al ahora quejoso, asimismo, que en los archivos de las otras dos autoridades obra el oficio ASF/086/2014-I, de veintidós de veintidós de enero de dos mil catorce, que ordena registrar la sanción impuesta al quejoso, en ese tenor se tiene por cierto el acto reclamado a dichas autoridades. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Gerardo Casamata Gómez, contra actos del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca y otras autoridades, a quienes les atribuye la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo que sanciona al quejoso con inhabilitación por ocho años, a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, que si bien el impetrante de amparo no señala el expediente relativo, sin embargo, el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, responsable al rendir el informe justificado acepta que lo reclamado deriva del expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 1910/2012, promovido Gerardo Casamata Gómez, contra actos del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, a quienes les reclamó -". el ilegal emplazamiento en perjuicio del suscrito efectuado por las responsables dentro del expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV del índice de la Auditoria Superior Gubernamental, radicado en la dirección General Jurídica y Dirección de Responsabilidades, y como consecuencia del ilegal emplazamiento, todas y cada una de las actuaciones, diligencias y resoluciones dictadas en dicho juicio en perjuicio del suscrito impetrante de garantías al inobservase en perjuicio del suscrito las formalidades del procedimiento". Con la puntualización, que mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil trece, emitida por esta autoridad, negó la protección constitucional al resultar legal la diligencia de emplazamiento que combate, satisface las exigencias legales, así como la garantía de audiencia y seguridad jurídica que rigen las resoluciones judiciales contenidas en los numerales 14 y 16 Constitucionales, sentencia que fue confirmada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, en ejecutoria dictada el veinticinco de septiembre de dos mil trece, en el toca 206/2013; este último dato, constituye un hecho notorio por obrar en el archivo de esta autoridad el expediente 1910/2012. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el acto reclamado que la parte quejosa refiere como ".la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo en el que se hayan respetado las formalidades esenciales mínimas y los derechos humanos de debida defensa y audiencia previa y que culminó con la resolución de inhabilitación para que el suscrito pueda desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, por un periodo de ocho años,.", que si bien el quejoso es impreciso al no señalar el expediente administrativo, del informe rendido por el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, se desprende que deriva del procedimiento administrativo bajo el expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, acto reclamado en este controvertido fue materia del diverso juicio de amparo 1910/2012, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil trece, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, en el toca 206/2013, confirmo la sentencia que no ampara al quejoso en el juicio de amparo 1910/2012, y se ordenó su archivo definitivo, promovido por el aquí quejoso Gerardo Casamata Gómez, contra las mismas autoridades Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Ahora bien, respecto al oficio S:C:/D.G.R./W0776931/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que da respuesta a la petición del quejoso y le informa su inhabilitación por ocho años, que reclama de las autoridades responsables que precisa en su escrito de prevención. Se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De lo anterior, se puede advertir que existen dos supuestos que legitiman al quejoso para acudir al amparo que son: contar con un interés jurídico o legítimo (lo cual implica demostrar que se tiene un derecho) y demostrar el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Ilustra lo anterior, por el sentido que orienta, la tesis I.1o.A.18 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo del 2007, página 1695, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad. Debe tenerse presente que el acto reclamado es el oficio de S:C:/D.G.R./W0776931/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, por el que informa a solicitud del quejoso que obra en los archivos de esa dependencia y de la Secretaría de la Contraloría registro de inhabilitación que impide al quejoso para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, Estatal o Municipal, por el periodo de ocho años con inicio al veintiséis de noviembre de dos mil trece al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Por tanto, el oficio reclamado es el medio a través del cual se dio respuesta a la petición sobre el procedimiento administrativo ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, que culminó con la sanción de inhabilitación por ocho años, que como se ha analizado es cosa juzgada, por lo que dicha constancia por sí sola no le causa perjuicio alguno, información, registrada en sus archivos, ordenado por la autoridad Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Lo anterior, permite concluir que el oficio reclamado, por sí mismo, no irroga afectación a la esfera jurídica del quejoso, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional, ya que, se reitera, en él sólo se comunicó el resultado de la determinación que en su momento emitió el Auditor Superior de Fiscalización responsable, y que obra en sus archivos, respecto a la inhabilitación por ocho años a que fue condenado. En todo caso, lo que pudiera causar un agravio al quejoso es la referida determinación entendida por el Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, sin embargo, no fue impugnada en su momento procesal, a pesar de que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento administrativo ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, que concluyó con la determinación indicada desde el momento en que se le notificó por el actuario de la responsable el inicio del procedimiento respetando su garantía de audiencia; el cual, como se explicó, más bien se trata del oficio mediante el cual le fue informado que en el expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, fue sancionado con inhabilitación por ocho años. De ahí que, sea evidente que el acto reclamado es meramente de carácter informativo y que no trastoca la esfera jurídica del quejoso porque no genera afectación alguna a su esfera de derechos, ni le causa algún perjuicio, por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, respecto de dichos actos procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "R E S U L T A N D O... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La falta de emplazamiento al procedimiento de responsabilidad administrativa, instrucción que concluye con resolución de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública, por un periodo de ocho años, contados a partir del veintiséis de noviembre de dos mil trece al veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, sus efectos y consecuencias. Oficio SC/DGR/W0776931/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que informa al quejoso, su inhabilitación por ocho años. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, Director General de Responsabilidades de la Secretaría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y anexo a su informe constancias relativas al acto reclamado, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (denominación correcta), Secretaría de la Función Pública y Secretaría de la Contraloría ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, se desprende que en cuanto a la primera fue la que instauro el procedimiento administrativo sancionador en el expediente ASF/DGJ/PARA/004/2011-IV, que culminó con la sanción de inhabilitación por ocho años al ahora quejoso, asimismo, que en los archivos de las otras dos autoridades obra el oficio ASF/086/2014-I, de veintidós de veintidós de enero de dos mil catorce, que ordena registrar la sanción impuesta al quejoso, en ese tenor se tiene por cierto el acto reclamado a dichas autoridades. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Gerardo Casamata Gómez, contra actos del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca y otras autoridades, a quienes les atribuye la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo que sanciona al quejoso con inhabilitación por ocho años, a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, que si bien el impetrante de amparo no señala el expediente relativo, sin embargo, el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, responsable al rendir el informe justificado acepta que lo reclamado deriva del expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 1910/2012, promovido Gerardo Casamata Gómez, contra actos del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, a quienes les reclamó -". el ilegal emplazamiento en perjuicio del suscrito efectuado por las responsables dentro del expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV del índice de la Auditoria Superior Gubernamental, radicado en la dirección General Jurídica y Dirección de Responsabilidades, y como consecuencia del ilegal emplazamiento, todas y cada una de las actuaciones, diligencias y resoluciones dictadas en dicho juicio en perjuicio del suscrito impetrante de garantías al inobservase en perjuicio del suscrito las formalidades del procedimiento". Con la puntualización, que mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil trece, emitida por esta autoridad, negó la protección constitucional al resultar legal la diligencia de emplazamiento que combate, satisface las exigencias legales, así como la garantía de audiencia y seguridad jurídica que rigen las resoluciones judiciales contenidas en los numerales 14 y 16 Constitucionales, sentencia que fue confirmada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, en ejecutoria dictada el veinticinco de septiembre de dos mil trece, en el toca 206/2013; este último dato, constituye un hecho notorio por obrar en el archivo de esta autoridad el expediente 1910/2012. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI 1 P J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II T 20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el acto reclamado que la parte quejosa refiere como ".la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo en el que se hayan respetado las formalidades esenciales mínimas y los derechos humanos de debida defensa y audiencia previa y que culminó con la resolución de inhabilitación para que el suscrito pueda desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, por un periodo de ocho años,.", que si bien el quejoso es impreciso al no señalar el expediente administrativo, del informe rendido por el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, se desprende que deriva del procedimiento administrativo bajo el expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, acto reclamado en este controvertido fue materia del diverso juicio de amparo 1910/2012, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil trece, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, en el toca 206/2013, confirmo la sentencia que no ampara al quejoso en el juicio de amparo 1910/2012, y se ordenó su archivo definitivo, promovido por el aquí quejoso Gerardo Casamata Gómez, contra las mismas autoridades Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI 2 J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I 6 T J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Ahora bien, respecto al oficio SC/DGR/W0776931/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que da respuesta a la petición del quejoso y le informa su inhabilitación por ocho años, que reclama de las autoridades responsables que precisa en su escrito de prevención. Se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De lo anterior, se puede advertir que existen dos supuestos que legitiman al quejoso para acudir al amparo que son: contar con un interés jurídico o legítimo (lo cual implica demostrar que se tiene un derecho) y demostrar el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Ilustra lo anterior, por el sentido que orienta, la tesis I 1 A 18 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo del 2007, página 1695, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad. Debe tenerse presente que el acto reclamado es el oficio de SC/DGR/W0776931/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, por el que informa a solicitud del quejoso que obra en los archivos de esa dependencia y de la Secretaría de la Contraloría registro de inhabilitación que impide al quejoso para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, Estatal o Municipal, por el periodo de ocho años con inicio al veintiséis de noviembre de dos mil trece al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Por tanto, el oficio reclamado es el medio a través del cual se dio respuesta a la petición sobre el procedimiento administrativo ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, que culminó con la sanción de inhabilitación por ocho años, que como se ha analizado es cosa juzgada, por lo que dicha constancia por sí sola no le causa perjuicio alguno, información, registrada en sus archivos, ordenado por la autoridad Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Lo anterior, permite concluir que el oficio reclamado, por sí mismo, no irroga afectación a la esfera jurídica del quejoso, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional, ya que, se reitera, en él sólo se comunicó el resultado de la determinación que en su momento emitió el Auditor Superior de Fiscalización responsable, y que obra en sus archivos, respecto a la inhabilitación por ocho años a que fue condenado. En todo caso, lo que pudiera causar un agravio al quejoso es la referida determinación entendida por el Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, sin embargo, no fue impugnada en su momento procesal, a pesar de que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento administrativo ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, que concluyó con la determinación indicada desde el momento en que se le notificó por el actuario de la responsable el inicio del procedimiento respetando su garantía de audiencia; el cual, como se explicó, más bien se trata del oficio mediante el cual le fue informado que en el expediente ASF/DGJ/PRA/004/2011-IV, fue sancionado con inhabilitación por ocho años. De ahí que, sea evidente que el acto reclamado es meramente de carácter informativo y que no trastoca la esfera jurídica del quejoso porque no genera afectación alguna a su esfera de derechos, ni le causa algún perjuicio, por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, respecto de dichos actos procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y en aras de una pronta y expedita administración de justicia instrúyase de nueva cuenta al Licenciado Ismeth Ikingary Torres Vázquez, Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que de inmediato notifique personalmente al quejoso el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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