Gerardo Cano Vega
Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Cano Vega
Actuaciones
- Principal
Síntesis creada desde determinaciones judiciales. En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Archívese como asunto concluido. Dada la naturaleza de la resolución que puso fin al juicio, el expediente principal transcurridos tres años, se destruirá en su totalidad, al resolverse: ..." se desecha de plano la demanda.". Este expediente no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Fórmese el expediente 580/2021. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, entre ellos, el de los traslados voluntarios, involuntarios y los que ocurren de manera excepcional o urgente, sin previa autorización judicial. En el caso, el quejoso refiere que un estafeta le indicó que sería trasladado a un CEFERESO porque el delito que se le imputa es del orden federal. Entonces, se infiere que se trata de un traslado urgente o excepcional regulado por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el cual, procede la controversia judicial. Ello, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslado, la cual podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Además, refirió que no se actualiza algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte: Contempla un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa puede ser modificada, revocada o nulificada; En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Se tienen por autorizadas en términos restringidos a las personas que se indican. Se tiene como domicilio procesal el que señala. Téngase al promovente proporcionando correo electrónico, el cual se utilizará como una herramienta o una forma expedita de contacto que permita agilizar las comunicaciones no procesales. Sin que se tenga tal medio para oír y recibir notificaciones, debido a que la Ley de Amparo no lo prevé como medio de notificación. Hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***Aviso quejoso*** Fórmese el expediente 580/2021. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, entre ellos, el de los traslados voluntarios, involuntarios y los que ocurren de manera excepcional o urgente, sin previa autorización judicial. En el caso, el quejoso refiere que un estafeta le indicó que sería trasladado a un CEFERESO porque el delito que se le imputa es del orden federal. Entonces, se infiere que se trata de un traslado urgente o excepcional regulado por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el cual, procede la controversia judicial. Ello, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslado, la cual podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Además, refirió que no se actualiza algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte: Contempla un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa puede ser modificada, revocada o nulificada; En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Se tienen por autorizadas en términos restringidos a las personas que se indican. Se tiene como domicilio procesal el que señala. Téngase al promovente proporcionando correo electrónico, el cual se utilizará como una herramienta o una forma expedita de contacto que permita agilizar las comunicaciones no procesales. Sin que se tenga tal medio para oír y recibir notificaciones, debido a que la Ley de Amparo no lo prevé como medio de notificación. Hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa.
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