Gerardo Benitez Hernandez
Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Benitez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de trece de febrero pasado, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa y el original del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN, en tanto que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de diez de enero último, este juzgado determinó CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -en contra del acto que reclamó a la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: ".lo que se impone es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicitados, para que la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realice lo siguiente: Deje insubsistente el proveído combatido; En su lugar, emita uno nuevo en el que, con libertad de decisión, se pronuncie de manera motivada sobre lo siguiente: Por qué los artículos -114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal- que refiere prevén la prescripción de la facultad sancionadora son aplicables al caso particular: La razón por la que considera que la no aprobación de los exámenes de confianza constituye una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso; Citar y argumentar sobre los preceptos aplicables en relación a la petición sobre sobreseimiento por caducidad; y De manera fundada y motivada determine la actualización, o no, sobre la caducidad o prescripción solicitadas por el quejoso dentro del procedimiento administrativo de origen. Por auto de veintinueve de enero pasado, se declaró ejecutoriada la sentencia y en la propia fecha se dio vista a la parte quejosa, con las constancias presentadas por la Agente responsable el quince de enero último, consistentes en el oficio DGAI/378/2019, y copia certificada del acuerdo emitido el catorce de citado mes y año, en el que, en lo conducente determinó: ".ACUERDA: PRIMERO. En cumplimiento a lo solicitado por este H. Juzgado de Distrito, mediante oficio número 342, de fecha 10 diez de enero del presente año, se deja insubsistente el acuerdo de fecha 10 diez de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, emitido dentro del procedimiento administrativo interno número 285/2015-DGAI, en el que se acordó desfavorablemente la solicitud de sobreseimiento de caducidad y prescripción. SEGUNDO. En atención al escrito presentado por el licenciado -, en cuanto defensor particular del ciudadano -, dentro del procedimiento administrativo interno número 285/2015-DGAI, con fecha 7 siete de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a través del cual hace manifestaciones, refiere que ha operado a favor de su representado la prescripción de la sanción administrativa y solicita se dicte acuerdo de sobreseimiento, dígasele que; Se le tiene por realizando las manifestaciones señaladas en su escrito de referencia, las cuales serán tomadas en cuenta llegado su momento procesal oportuno. Con relación a que ha operado a favor del ciudadano -la prescripción de la responsabilidad administrativa contemplada en el artículo 74 de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, no le asiste la razón, porque dicho ordenamiento no es aplicable al presente asunto, de conformidad con el artículo transitorio tercero que establece: "Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, se seguirán sustanciando con la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, publicada mediante Decreto 337 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 14 de octubre del año 2014"; máxime, que los artículos 114 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente en la época de los hechos), constituye lo siguiente: "El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periódo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. .en el caso concreto los exámenes de control y confianza le fueron practicados a - con fechas 15 quince y 16 dieciséis de enero del año 2015 dos mil quince y el inicio del procedimiento administrativo le fue notificado el da 07 siete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. Lo que interrumpió dicha prescripción, sin que hayan transcurrido los tres años que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Michoacán, por lo tanto, dentro del presente procedimiento administrativo interno no ha operado la prescripción a que se refiere el licenciado-y que de conformidad al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la no aprobación del examen de control y confianza se considera una causa de responsabilidad grave, porque contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, y eficiencia. Asimismo, los artículos 114 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente en la época de los hechos) y 110 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Michoacán (vigente en la época de los hechos), son aplicables al caso en particular, porque es de pronunciamiento forzoso, por que rigen al servicio público y el procedimiento administrativo es la presencia de una conducta respecto de la cual existe un interés general en el que se determine si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servidor público. No ha lugar a decretar el auto de sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción al no ser considerada como grave como lo establece el primer párrafo del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, tomando en consideración que a la fecha se siguen recabando actuaciones, para su debida integración y que por lo tanto, en ningún momento se ha determinado sanción alguna, máxime, que los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años cuando dichos actos u omisiones fuesen graves." Es así, que este Juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la autoridad señalada como responsable, el catorce de enero pasado, dejó insubsistente el proveído emitido el diez de agosto de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento administrativo interno número 285/2015-DGAI, y emitió uno nuevo, en el cual se pronunció de manera motivada, de por qué los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal son aplicables al caso particular; asimismo, el por qué considera que la no aprobación de los exámenes de confianza constituye una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso, al señalar que contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficiencia; y de manera fundada y motivada determinó que no ha lugar a decretar el auto de sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de diez de enero último, este juzgado determinó CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -en contra del acto que reclamó a la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: ".lo que se impone es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicitados, para que la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realice lo siguiente: Deje insubsistente el proveído combatido; En su lugar, emita uno nuevo en el que, con libertad de decisión, se pronuncie de manera motivada sobre lo siguiente: Por qué los artículos -114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal- que refiere prevén la prescripción de la facultad sancionadora son aplicables al caso particular: La razón por la que considera que la no aprobación de los exámenes de confianza constituye una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso; Citar y argumentar sobre los preceptos aplicables en relación a la petición sobre sobreseimiento por caducidad; y De manera fundada y motivada determine la actualización, o no, sobre la caducidad o prescripción solicitadas por el quejoso dentro del procedimiento administrativo de origen. Por auto de veintinueve de enero pasado, se declaró ejecutoriada la sentencia y en la propia fecha se dio vista a la parte quejosa, con las constancias presentadas por la Agente responsable el quince de enero último, consistentes en el oficio DGAI/378/2019, y copia certificada del acuerdo emitido el catorce de citado mes y año, en el que, en lo conducente determinó: ".ACUERDA: PRIMERO. En cumplimiento a lo solicitado por este H. Juzgado de Distrito, mediante oficio número 342, de fecha 10 diez de enero del presente año, se deja insubsistente el acuerdo de fecha 10 diez de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, emitido dentro del procedimiento administrativo interno número 285/2015-DGAI, en el que se acordó desfavorablemente la solicitud de sobreseimiento de caducidad y prescripción. SEGUNDO. En atención al escrito presentado por el licenciado -, en cuanto defensor particular del ciudadano -, dentro del procedimiento administrativo interno número 285/2015-DGAI, con fecha 7 siete de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, a través del cual hace manifestaciones, refiere que ha operado a favor de su representado la prescripción de la sanción administrativa y solicita se dicte acuerdo de sobreseimiento, dígasele que; Se le tiene por realizando las manifestaciones señaladas en su escrito de referencia, las cuales serán tomadas en cuenta llegado su momento procesal oportuno. Con relación a que ha operado a favor del ciudadano -la prescripción de la responsabilidad administrativa contemplada en el artículo 74 de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, no le asiste la razón, porque dicho ordenamiento no es aplicable al presente asunto, de conformidad con el artículo transitorio tercero que establece: "Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, se seguirán sustanciando con la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, publicada mediante Decreto 337 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 14 de octubre del año 2014"; máxime, que los artículos 114 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente en la época de los hechos), constituye lo siguiente: "El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periódo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. .en el caso concreto los exámenes de control y confianza le fueron practicados a - con fechas 15 quince y 16 dieciséis de enero del año 2015 dos mil quince y el inicio del procedimiento administrativo le fue notificado el da 07 siete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. Lo que interrumpió dicha prescripción, sin que hayan transcurrido los tres años que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Michoacán, por lo tanto, dentro del presente procedimiento administrativo interno no ha operado la prescripción a que se refiere el licenciado-y que de conformidad al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la no aprobación del examen de control y confianza se considera una causa de responsabilidad grave, porque contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, y eficiencia. Asimismo, los artículos 114 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente en la época de los hechos) y 110 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Michoacán (vigente en la época de los hechos), son aplicables al caso en particular, porque es de pronunciamiento forzoso, por que rigen al servicio público y el procedimiento administrativo es la presencia de una conducta respecto de la cual existe un interés general en el que se determine si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones del servidor público. No ha lugar a decretar el auto de sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción al no ser considerada como grave como lo establece el primer párrafo del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, tomando en consideración que a la fecha se siguen recabando actuaciones, para su debida integración y que por lo tanto, en ningún momento se ha determinado sanción alguna, máxime, que los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años cuando dichos actos u omisiones fuesen graves." Es así, que este Juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la autoridad señalada como responsable, el catorce de enero pasado, dejó insubsistente el proveído emitido el diez de agosto de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento administrativo interno número 285/2015-DGAI, y emitió uno nuevo, en el cual se pronunció de manera motivada, de por qué los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal son aplicables al caso particular; asimismo, el por qué considera que la no aprobación de los exámenes de confianza constituye una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso, al señalar que contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficiencia; y de manera fundada y motivada determinó que no ha lugar a decretar el auto de sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA. DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, en la que en la que se CONCEDIÓ al quejoso -el amparo y protección de la Justicia de la Federal, sin que lo hayan hecho valer; por lo que con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que haya lugar a requerir a la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de que mediante oficio DGAI/378/2019, presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el quince de los actuales, dicha responsable exhibió copia certificada del acuerdo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, respecto de los cuales se reservó proveer hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este Órgano Jurisdiccional del tomo de pruebas, se ordena devolverlo a la responsable solicitándole acusar el recibo correspondiente, en el entendido que de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computado, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción la documental que se le envía. ";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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