Gerardo Bedolla García

Expediente 763/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
763/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Bedolla García
  • Director del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto No. 1 del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Devolución de constancias. De la certificación que antecede y del estado de autos se aprecia que en auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno se tuvo a la Encargada de Despacho Logístico Administrativo y del Administrador de este Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada en un tomo de la carpeta formada con motivo de la ******************** y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de ellas a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional se concedió; y, con respecto a la suspensión definitiva se negó en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad Encargada de Despacho Logístico Administrativo y del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, adjuntó copia auténtica del expediente de ejecución 276/2021, formándose un tomo de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional se concedió; y, con respecto a la suspensión definitiva se negó en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad Encargada de Despacho Logístico Administrativo y del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, adjuntó copia auténtica del expediente de ejecución 276/2021, formándose un tomo de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción.

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del secretario Bernardo Loya Valdovinos, en el juicio de amparo 763/2021, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo y los informes justificados; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y el secretario da cuenta con las documentales de las autoridades responsables; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon; a lo que el Juez acuerda: se toma conocimiento para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 763/2021, promovido por Gerardo Bedolla García, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto número Uno del Estado de Michoacán, con sede en Charo; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa señala como acto reclamado del Director del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto número Uno del Estado de Michoacán, con sede en Charo, lo siguiente: La retención -a su decir injustificada- o cualquier acto que implique privación y/o restricción de su libertad personal, con motivo de la causa penal 241/2017, que se sigue en su contra por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, cometido en agravio de la sociedad. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en atención a que el acto reclamado es atribuible a una autoridad con residencia dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. TERCERO. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA SÍ QUEDÓ DEMOSTRADA. Es cierto el acto que la parte quejosa reclama al Director del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto Número Uno del Estado de Michoacán, con sede en Charo, no obstante haber negado su existencia al rendir su informe con justificación, pues, de las consideraciones que expresa en su informe se advierte que sí existe, por cuyo motivo, procede tener por desvirtuada dicha negativa y como cierto el acto que se les atribuye, ya que, expresa que el quejoso permaneció recluido en ese centro carcelario para el cuidado y vigilancia de la sanción que se le impuso dentro de la diversa causa penal 241/2017, y a disposición del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán. Situación que se corrobora con las copias certificadas allegadas por la responsable, vinculadas con el acto reclamado, entre las que se encuentra: La cumplimentación de orden de aprehensión por reclusión de Gerardo Bedolla García, de veinte de octubre de dos mil veinte, en atención a la orden girada por el Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. Oficio CJPF/MICH/J2/10227/2020, en el que se comunicó a la autoridad penitenciaria la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al quejoso. Oficio CJPF/MICH/J2/283/2021, a través del cual, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, le informó a la autoridad penitenciaria responsable, que el quince de abril de dos mil veintiuno, dictó sentencia condenatoria en contra de Gerardo Bedolla García, en la que se le impuso una pena de dos años, seis meses de prisión. Solicitud de inicio de procedimiento de ejecución (SIPE) 276/2021, en contra de dicho sentenciado. Oficio CSPEMO/CASDAI/103/2021, consistente en la solicitud de pronunciamiento respecto al procedimiento de ejecución (SIPE) 276/2021. Partida de antecedentes penales del quejoso. Oficio CJPF/MICH/J2/283/2021, mediante el que la autoridad jurisdiccional federal de referencia, requirió a la autoridad penitenciaria para que coordine enlace tecnológico con el aquí quejoso. En concordancia con las que fueron remitidas por la asistente de despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán: Copia certificada del procedimiento de ejecución (SIPE) 276/2021, en contra del sentenciado Gerardo Bedolla García. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni este órgano de control constitucional la advierte de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que este juzgado federal advierta algún motivo para suplir sus deficiencias, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el caso a consideración, resulta pertinente tomar en cuenta los antecedentes que se coligen de la demanda de amparo, del informe justificado y constancias que en copia certificada allegó la autoridad responsable: El diecinueve de agosto de dos mi veinte fue detenido Gerardo Bedolla García y el veintidós siguiente se le dictó prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal 1141/2020, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, por la comisión de los delitos de privación de la libertad y lesiones calificadas, por lo que, a través del procedimiento abreviado se le dictó sentencia al imputado y se le impuso como sanción pena de prisión por un año. El veintidós de enero de dos mil veintiuno, el juez de Ejecución de Sanciones Penales, de la región Morelia, emitió un acuerdo en el que señaló como fecha de inicio de la pena de prisión, el diecinueve de agosto de dos mil veinte y como fecha de conclusión el diecinueve de agosto del año que transcurre. Derivado de lo anterior, el director del centro penitenciario citado, en esta última fecha notificó a Gerardo Bedolla García que se decretaba su libertad por lo que ve a la causa penal 1141/2020, por haber compurgado la pena correspondiente, pero que quedaba a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en relación con la diversa causa penal 241/2017 (Siendo esta determinación la que se combate a través del presente juicio de amparo). Por su parte, de las constancias que en copia certificada remitió la asistente de despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, consistente en el procedimiento de ejecución (SIPE) 276/2021, en contra del sentenciado, aquí quejoso, entre las que destaca la versión escrita de sentencia condenatoria derivada del procedimiento abreviado, de las que se advierte lo siguiente Audiencia de terminación anticipada del proceso consistente en procedimiento abreviado, relativo a la causa penal 241/2017, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, que se instruyó a Gerardo Bedolla García, por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. En audiencia de uno de julio de dos mil diecisiete, se libró orden de aprehensión en su contra. En audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se reaperturó el proceso suspendido, se vinculó a proceso a Gerardo Bedolla García y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, se impuso al quejoso la pena de dos años, seis meses de prisión y cuarenta y un días multa; la defensa pública del sentenciado manifestó que no solicitaba el beneficio ni los sustitutivos a que se refiere el Código Penal Federal; se declaró que dicho fallo causó estado y quedó firme e irrevocable para los efectos legales correspondientes. En determinación de diecinueve de abril del año en curso, la juez de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, dictó auto de inicio correspondiente al procedimiento ordinario de ejecución de la sentencia dictada contra el aquí quejoso y, respecto de la ejecución de la sentencia, decretó que ésta debería ser compurgada en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número Uno, con sede en Charo, Michoacán. En auto de nueve de septiembre del año en curso, la propia juez de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal, determino, entre otras cosas, que la pena de prisión impuesta en la causa penal 241/2017 (276/2021), de la estadística de ese órgano jurisdiccional, se tendría por cumplida hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, salvo que se ordenara su libertad derivado de la eventual concesión de algún beneficio preliberacional (lo cual no se advierte de autos). Ahora, como quedó de manifiesto, el objeto de reclamo por el promovente consiste en la retención -a su decir injustificada- o cualquier acto que implique privación y/o restricción de su libertad personal, con motivo de la causa penal 241/2017, que se sigue en su contra por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. En relación con lo anterior, la parte quejosa manifestó en sus conceptos de violación, lo siguiente: Que la autoridad penitenciaria violentó en su perjuicio, sus derechos a la libertad personal y seguridad jurídica, al impedir que éste fuera puesto en libertad con motivo de haber compurgado la pena que le fue impuesta en la causa penal 1141/2020, que se llevaba ante el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán. Que, no obstante que la autoridad carcelaria manifestó que debía subsistir la privación de su libertad en virtud de que no se había resuelto su situación jurídica dentro de la diversa causa penal 241/2017, dentro de dicho proceso no existía alguna medida cautelar decretada en contra del quejoso, ni se había celebrado la audiencia inicial, siendo que solo las autoridades jurisdiccionales podrían decretar alguna medida restrictiva de la libertad, no así la penitenciaria. El anterior argumento es infundado. Al respecto, el artículo 14 de la Constitución federal, establece que: . "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". En tanto que el dispositivo 16 del propio texto constitucional prevé, en lo conducente, lo siguiente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..." En concordancia con lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 14, establece lo siguiente: ".Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario". Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre la interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con la protección del derecho humano a la libertad personal. En el amparo directo en revisión 6024/2014 la Primera Sala retomó las directrices jurídicas establecidas en el amparo directo 14/2011, a partir de la interpretación del artículo 16, párrafos tercero a séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objeto de establecer los supuestos constitucionales que justifican la afectación al derecho humano de libertad personal. En este sentido, el Alto Tribunal indicó que la libertad personal de los individuos no puede ser restringida, salvo por los supuestos claramente establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal y, que, sobre esta premisa, en el orden jurídico constitucional vigente, la posibilidad de afectación al derecho a la libertad personal, solamente puede actualizarse en tres supuestos. El primer supuesto configura la única regla general, que exige la preexistencia de una resolución emitida por autoridad judicial, que tenga el carácter de orden de aprehensión, cuya expedición cumpla con los presupuestos exigidos por la norma constitucional. A saber, esté precedida por una denuncia o querella, respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Los restantes supuestos, en estricto sentido, son las únicas excepciones admisibles frente a la regla general. Se trata de las detenciones por flagrancia y caso urgente. Así, de acuerdo con el orden constitucional, estableció que la primera se actualiza, cuando el indiciado es detenido por cualquier persona o agentes de alguna autoridad del Estado, (1) al momento en que esté cometiendo un delito o (2) inmediatamente después de haberlo cometido. Precisó que para efecto de tener como válida una detención en flagrancia (es decir, guardar correspondencia formal y material con la normativa) tiene que ceñirse al concepto constitucional de flagrancia que fue delimitado por la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal. Lo que implica la actualización de alguno de los siguientes supuestos: La persona o agente de alguna autoridad del Estado que realice la detención del aparente autor del delito haya observado directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante. La persona o agente de alguna autoridad del Estado puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo un delito. En tanto que, al fallar el amparo directo en revisión 3506/2014 determinó las características ontológicas, normativamente previstas en la Constitución Federal, relativas a la detención por caso urgente, ejecutoria que en lo que interesa adujo que: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga de la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión. Es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones y, debe estar, siempre, precedida de una orden por parte del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Que una vez acreditados concurrentemente los tres requisitos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar la detención de la persona, bajo su más estricta responsabilidad, fundando y expresando los indicios que motiven su decisión. Esto significa que sólo mediante una orden -que constituye una resolución- emitida previamente por el Ministerio Público, que se encuentre debidamente fundada y motivada, podrá ejecutarse la detención posterior de una persona. En el mismo sentido, del marco normativo invocado se advierte que corresponde al Poder Ejecutivo federal o local, según su competencia, a través de las autoridades penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales. Los anteriores parámetros permiten advertir a este juzgado que, en el presente asunto, la permanencia del quejoso en el centro penitenciario resulta legal, pues se efectuó bajo los supuestos constitucionalmente válidos para la afectación a su derecho a la libertad personal, pues, en el caso que se analiza, no se advierte vulneración al derecho de libertad personal ni seguridad jurídica del quejoso, en su vertiente a una encarcelamiento arbitrario o restricción de su libertad. Así, en oposición a lo argumentado por el promovente del amparo, Gerardo Bedolla García debía permanecer recluido en el centro carcelario en virtud de un mandamiento decretado por autoridad judicial federal, esto es, el juez de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Michoacán. En ese sentido, se llevó a cabo la cumplimentación de orden de aprehensión por reclusión de Gerardo Bedolla García, de veinte de octubre de dos mil veinte, en atención a la orden girada por el dicha autoridad jurisdiccional federal. También se evidencia de la sentencia dictada el quince de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal 241/2017, en la que se impuso al quejoso la pena de dos años, seis meses de prisión y cuarenta y un días multa, determinación que, en la propia fecha causó estado y quedó firme e irrevocable. Además, como se dijo, en determinación de diecinueve de abril del año en curso, la juez de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, dictó auto de inicio correspondiente al procedimiento ordinario de ejecución de la sentencia emitida contra el aquí quejoso y, respecto de la ejecución de la sentencia, decretó que ésta debería ser compurgada en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número Uno, con sede en Charo, Michoacán. Máxime que, por auto de nueve de septiembre de este año, la propia juez de federal determinó que la pena de prisión impuesta al quejoso en la causa penal 241/2017 (276/2021), de la estadística de ese órgano jurisdiccional, se tendría por cumplida hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés (salvo que se ordenara su libertad derivado de la eventual concesión de algún beneficio preliberacional, lo que no se advierte de las constancias que haya acontecido). En ese contexto, queda de manifiesto para este órgano de control constitucional que, contrario a lo aducido por la parte promovente, la autoridad penitenciaria responsable no estaba en condiciones legales de dejar en libertad material al quejoso Gerardo Bedolla García, en virtud de la pena que éste debía compurgar con motivo de la sanción que se le impuso en la causa penal 241/2017, en relación con el inicio de procedimiento de ejecución (SIPE) 276/2021, que se sigue en su contra por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, cometido en agravio de la sociedad. Por lo tanto, la autoridad responsable, al retener privado de su libertad al quejoso, no vulneró sus derechos a la libertad personal ni a la seguridad jurídica, puesto que actuó en ejercicio de sus facultades constitucionales, bajo la vigencia de un diverso proceso penal y un procedimiento de ejecución tramitados en su contra, de los que derivó una sanción traducida en pena de privación de la libertad que se encuentra en curso de compurgación, impuesta por la autoridad jurisdiccional federal competente. De ahí lo infundado de sus argumentos, por lo tanto, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso Gerardo Bedolla García. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega el amparo y la protección de la justicia federal a Gerardo Bedolla García, contra el acto reclamado a la autoridad, director del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto Número Uno del Estado de Michoacán, con sede en Charo, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.

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