Gerardo Bautista Reyes

Expediente 311/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
311/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Gerardo Bautista Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de dieciocho de febrero de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Número de expediente: 1075/2016 Acuerdo: VII. Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Luis Roberto Ruy-Sánchez Guerrero, mediante el cual diversas manifestaciones en relación a que se encuentra imposibilitado para sufragar el costo económico de los edictos ordenados en autos, por lo que solicita se ordenen los edictos acosta del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a los anterior; hágase del conocimiento a la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en atención a que no exhibe documental alguna para acreditar la falta de capacidad económica que afirma tener para cubrir los gastos por concepto de las publicaciones de edictos para emplazar a juicio al aquí tercero interesado. En efecto, en el caso no se colman los extremos que justifiquen la imposibilidad que aducen tener el agraviado para pagar la publicidad de los edictos ordenados para el llamamiento a juicio del tercero interesado Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.P.I, de Capital Variable, pues al no adjuntar algún documento que evidencie contundentemente que el quejoso carece de medios para sufragar esa carga procesal, sus manifestaciones resultan insuficientes para demostrar lo pretendido, es decir, que no cuenta con recursos económicos suficientes. Incluso, en el presente sumario constitucional fueron designados juristas particulares, esto es, profesionistas ajenos a una defensoría pública, institución que se convierte en indicio para efectos de acreditar su solvencia. Lo anterior es importante, pues si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos ordenados en auto de veintiséis de enero del presente año y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura Federal, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos, hipótesis ésta última que no se colmó en estos autos como se apreció en párrafos precedentes. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.3º.C.973 C., consultable en la página 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguiente: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En mérito de lo anterior, dígase al impetrante de amparo que subsiste el requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que en caso de no exhibir los edictos en el plazo otorgado para tal efecto, se hará efectivo el apercibimiento realizado y por ende, se sobreseerá en el juicio de amparo, con términos del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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