Gerardo Bárcenas Santana
Expediente 527/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2018
Partes del expediente
- Gerardo Bárcenas Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el escrito de cuenta aparentemente signado por la parte quejosa , mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y autoriza a Norma Anzaldo Juárez, para recogerlas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes; empero, tomando en consideración que la firma que calza el escrito que se atiende, difiere notablemente de la plasmada en la demanda de amparo (foja 9). Ahora, tomando en consideración lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ratifique el contenido del escrito de cuenta, ello con base en las diferencias que existen entre las firmas ya mencionadas en el párrafo que antecede, advertido de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, apercibido que de ser omiso a lo anterior, no se tendrá por presentado el escrito que se atiende. Una vez que acontezca lo anterior, se proveerá lo que en derecho corresponda sobre el ocurso de que se trata.
- Principal
Se hace efectivo apercibimeinto contenido en aviso de dieciséis de marzo del año en curso, y se notifica por lista a la parte quejosa acuerdo de catorce de marzo del año en curso, que dice: Visto el escrito de cuenta aparentemente signado por la parte quejosa , mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y autoriza a Norma Anzaldo Juárez, para recogerlas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes; empero, tomando en consideración que la firma que calza el escrito que se atiende, difiere notablemente de la plasmada en la demanda de amparo (foja 9). Ahora, tomando en consideración lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ratifique el contenido del escrito de cuenta, ello con base en las diferencias que existen entre las firmas ya mencionadas en el párrafo que antecede, advertido de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, apercibido que de ser omiso a lo anterior, no se tendrá por presentado el escrito que se atiende. Una vez que acontezca lo anterior, se proveerá lo que en derecho corresponda sobre el ocurso de que se trata.
- Principal
VII) Toluca, México; veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia acorde con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, (fojas 571 y 572) se requirió a la autoridad señalada como responsable Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, a efecto que remitiera copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto tildado de inconstitucionalidad en esta instancia, respecto a la ampliación de la demanda de amparo. En mérito a lo expuesto, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo que es obligación de este órgano constitucional impartir justicia en forma pronta, completa e imparcial y, de igual manera preservar que los juicios de amparo no se paralicen, y tomando en consideración que este juzgador cuenta con facultades para recabar las pruebas que estime necesarias para la resolución de los asuntos que se le planteen, atento a lo dispuesto por los artículos 75 tercero párrafo y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, por única ocasión, a efecto de que en el plazo de tres días, remita copia certificada y legible la totalidad de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto tildado de inconstitucionalidad en esta instancia, respecto a la ampliación de demanda. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ocho, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de mil novecientos noventa y siete, con número de registro 199454, que establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Medida que se toma en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 75 y 117 de la ley de la materia, para un mejor análisis de la cuestión debatida en el presente juicio, este órgano jurisdiccional estima necesario tener a la vista las documentales de referencia. Es aplicable la tesis XIX.1°.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 701, del Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 201495, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO. ARTICULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA. LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE SE CUMPLE CABALMENTE SOLICITÁNDOLAS POR CONDUCTO DE LAS RESPONSABLES O DEL QUEJOSO PUES LA LEY DE AMPARO NO IMPONE EN ESTE ASPECTO LIMITACIÓN ALGUNA A LOS JUECES DE DISTRITO. Una recta interpretación del artículo 149, párrafos segundo y tercero, en relación con el 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, permite establecer que cuando el acto impugnado ante la potestad federal no es en sí mismo violatorio de garantías y la responsable al rendir su informe lo hace sin remitir las copias certificadas correspondientes, el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente todas aquellas pruebas que estime necesarias para la solución del asunto siempre y cuando hubieren sido rendidas ante la responsable y no obren en autos y para cumplir con tal deber la ley no le impone limitación o restricción alguna, por lo que puede obtenerlas bien sea por conducto de las responsables o del quejoso; máxime si se considera que en casos como el presente corresponde a este último demostrar la ilegalidad del acto y que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley en consulta, puede solicitar a las responsables la expedición de las copias certificadas correspondientes por lo que fue correcto y ajustado a derecho el requerimiento que en tal sentido se le hizo." Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Por otra parte, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentado en este órgano de control constitucional el diecinueve del mes y año en curso, registrado en el libro de correspondencia con el número de orden 008315, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando y solicita se amplíe el termino concedido con el objeto de desahogar el requerimiento formulado en el referido acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Como lo solicita la autoridad oficiante con apoyo en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede un término de diez días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, a fin de no violar las reglas fundamentales que rigen en el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se señalan las once horas con veinticinco minutos del once de mayo de dos mil diecisiete, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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