Gerardo Barcenas Cuando

Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
771/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Barcenas Cuando

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja número Q.A. 59/2022, en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por el Tribunal Colegiado citado. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja por las razones jurídicas contenidas en el último considerando de esta resolución. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contendió y acúsese el recibo correspondiente. Toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en representación de la Titular, ambas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remitido en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, en atención al requerimiento de dieciocho de abril del año en curso, informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector e informa que el superior jerárquico directo de la autoridad directamente obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos es el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como su superior jerárquico, han sido omisos en desahogar el requerimiento de dieciocho de abril de dos mil veintidós, no obstante estar debidamente notificados del citado proveído, tal como se advierte de las constancias de notificación respectivas que obran en autos. En ese sentido, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se REQUIERE al Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: ?Proceda a dar contestación por escrito y con libertad de jurisdicción a la solicitud de modificación del título concesión DGZF-837/07, presentada por la quejosa el treinta de octubre de dos mil diecinueve, además de hacerlo de su conocimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la citada Secretaría, para que en su calidad de superior jerárquico del directamente responsable Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de dicha dependencia, dé cumplimiento al fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a la persona física que ocupen los cargos señalados, una multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, se hace del conocimiento el contenido del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja Q.A. 158/2022 de su índice, por el Magistrado Presidente del citado Tribunal, en el que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a la solicitud de suspensión del procedimiento en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, formulada por la autoridad recurrente Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se determina lo siguiente: El artículo 102 de la Ley de la Materia, dispone: Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación está facultado para suspender el procedimiento, hecha la excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. El artículo transcrito establece la facultad del Juez de Distrito de suspender el procedimiento del juicio de amparo, por la interposición del recurso de queja previsto en el artículo 97, de la Ley de Amparo. Así, de dicho precepto, se advierte que esa suspensión del procedimiento se puede decretar cuando las resoluciones recurridas cumplan con los siguientes requisitos: a) Sean dictadas durante la tramitación del juicio de amparo. b) Que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes. Ahora, del aludido artículo, también se advierte que el legislador no dispuso una regla absoluta, es decir, no estableció que en todos los casos se deba suspender el procedimiento en la tramitación del juicio de amparo, aun cuando las resoluciones recurridas cumplan con los requisitos anteriores; se llega a esa conclusión, con la redacción de la citada norma, en la parte en la que se precisa, que la suspensión se puede ordenar, siempre que a juicio del Juez de Distrito, se estime que la resolución que se dicte en el recurso de queja, pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. Lo anterior hace patente que la ley de la materia estableció una regla que admite excepciones, y por lo tanto, se debe realizar una valoración del caso concreto, para determinar si es procedente o no la suspensión del procedimiento del juicio de amparo. Lo anterior, máxime que de interpretar el artículo 102, de la Ley de Amparo, como una regla absoluta, implicaría desconocer tanto la naturaleza sumaria del juicio de garantías como el principio de celeridad procesal tutelado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, para la suspensión del procedimiento del trámite del juicio de amparo, con motivo de la interposición del recurso de queja, será necesario someter a juicio del Juez de Distrito sí resulta o no procedente, considerando si la resolución que se emita en el recurso de queja, puede influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. No pasa desapercibido para el suscrito juzgador la jurisprudencia número P./J. 4/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 6, en la que se dispuso lo siguiente: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia. Sin embargo, se considera que ese criterio jurisprudencial, no resulta aplicable al presente caso, ya que la interpretación y determinación ahí adoptado por el Pleno del Alto Tribunal, fue del artículo 101, de la Ley de Amparo abrogada; el cual, a diferencia del numeral 102, de la ley de la materia vigente, no permitía alguna excepción a la regla de suspender el procedimiento por la interposición del recurso de queja, como se verá a continuación: "ARTICULO 101.- En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja." Puntualizado lo anterior, en el caso particular, la autoridad responsable, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida en contra del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", de manera específica el inciso a), punto PRIMERO, inciso a), así como el punto SEGUNDO de dicho acuerdo, en relación con el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México. Al respecto, se impone destacar que la recurrente se queja, principalmente, de que indebidamente se admitió la demanda, no obstante que, en su opinión, se actualiza una causal de improcedencia. En consecuencia, con base en las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores y, en uso de la facultad potestativa que prevé el artículo 102, de la Ley de Amparo, se determina que en el caso concreto, no resulta procedente la suspensión del procedimiento del trámite del presente juicio de amparo; ya que la resolución recurrida no tiene una naturaleza trascendental y grave que pueda causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes; además, se estima que aun cuando de resolverse en lo principal, no se harían nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. Lo anterior es así, ya que, como se evidenció, lo que la recurrente pretende es que se analice la posible actualización de una causal de improcedencia respecto de los actos reclamados; no obstante, conforme a los artículos 62 y 63, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público, este Juzgado de Distrito está obligado al estudio de las causas de improcedencia, en la sentencia que se dicte, incluso, antes de la celebración de la audiencia constitucional, en los casos en los que ésta se actualice de manera notoria y manifiesta; lo que implica que, aun de dictarse sentencia en este juicio, no se harían nugatorios los derechos de la parte recurrente, pues, de plantearse las causales de improcedencia que estimen actualizadas, éstas serán analizadas en la sentencia respectiva. Por lo tanto, como se adelantó, no es procedente suspender el procedimiento, con la finalidad de atender el principio de celeridad procesal previsto en el artículo 17 constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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