Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan

Expediente 339/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
339/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio el diecinueve de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el diecinueve de junio del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 339/2019-VI, promovido por Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, contra actos del Presidente Municipal de San Luis Potosí y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada ese día a este Juzgado, Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que hizo consistir en: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI CON DOMICILIO EN MARIANO OTERO 685 COL. TEQUISQUIAPAN, C.P 78250 SAN LUIS POTOISI S.L.P., PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI LlC XAVIER NAVA PALACIOS, LIC. SEBASTIAN PEREZ GARCIA SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS PTOSI, CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO PATRICIA RODRIGUEZ ALVAREZ Y CATASTRO, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI CON DOMICILIO EN AV. DR, SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580, EL SANTUARIO, 78380 SAN LUIS. S L P." "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión de EJECUTAR las medidas precautorias y cautelares emitidas por la Comisión Estatal De Derechos Humanos de San Luis Potosí derivada de la queja presenta (sic) de fecha 18 de diciembre de 2018 contra actos deliberados por Autoridades Municipales..." Por auto de tres de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo 331/2019-V, se ordenó separar de oficio los autos, remitiendo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el oficio 5906/2019, con el fin de registrarla y turnarla al Juzgado de Distrito que correspondiera, tocando conocer de la misma a este Juzgado el cuatro de abril siguiente, únicamente respecto del Presidente Municipal, Secretario General, Cabildo, Directora de Desarrollo Urbano y Subdirector de Administración de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de quienes se reclamó: La omisión de ejecutar la medida precautoria emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en el expediente 1VQU-0040/19, del índice de esta última. Y como consecuencia (i) haberle impedido atender el citatorio con número de oficio 00098, que se le entregó con el fin de que se presentara en las oficinas de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, ubicadas en la unidad administrativa municipal San Luis Potosí, el trece de febrero de dos mil diecinueve en punto de las doce horas, y (ii) la suspensión de la obra que se realiza en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad, la cual se ejecutó el veintidós de marzo del presente año. Por auto de cinco de abril del año en curso, se recibió el citado oficio, registrándose el número de juicio de amparo 339/2019-VI, y se admitió a trámite dicho asunto. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 8, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se aperturó el incidente de suspensión solicitado, se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En virtud que el acto que por esta vía reclama el quejoso es de naturaleza omisiva, este juzgador considera que no es necesario que en tal supuesto se realice el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que la abstención de actuar por parte de la responsable, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la tesis III.5o.C.21 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1451, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar del Presidente Municipal, Secretario General, Cabildo, Directora de Desarrollo Urbano y Subdirector de Administración de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí: La omisión de ejecutar la medida precautoria emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en el expediente 1VQU-0040/19, del índice de esta última. Y como consecuencia (i) haberle impedido atender el citatorio con número de oficio 00098, que se le entregó con el fin de que se presentara en las oficinas de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, ubicadas en la unidad administrativa municipal San Luis Potosí, el trece de febrero de dos mil diecinueve, el trece de febrero de dos mil diecinueve en punto de las doce horas, y (ii) la suspensión de la obra que se realiza en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad, la cual se ejecutó el veintidós de marzo del presente año. CUARTO. Antecedentes de la omisión reclamada. De la lectura integral del asunto en que se actúa, se advierten como antecedentes de las omisiones reclamadas: 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, determinó en favor del aquí quejoso la medida cautelar 1VQU-0004/19, la cual consistía en que se garantizara el acceso y libre tránsito al aquí quejoso, a las instalaciones de uso común de la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, dentro de los horarios de atención al público establecidos y lineamientos municipales que contribuyan a la prestación correcta del servicio público. 2. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso recibió el citatorio con número de oficio 000988, a través del cual se le requirió para que a las doce horas del trece de febrero de dos mil diecinueve, se presentara en las oficinas de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal de este municipio. 3. Atendiendo a lo anterior, el aquí quejoso acudió a la hora y data señaladas, a la referida Unidad Administrativa Municipal; al llegar a la entrada principal de las instalaciones de ésta, elementos de la policía municipal le impidieron el acceso únicamente a él, argumentando que les habían dado la orden de no dejarlo pasar, haciendo mención el ahora agraviado, que no era la primera vez que se le impedía el libre acceso a dichas instalaciones. 4. En esa misma data, Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de formular queja para denunciar la violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades municipales, la cual fue remitida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. 5. El veintidós de marzo del año en curso, una persona del sexo masculino, quien se ostentó empleado del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se presentó a la obra que realizaba el aquí quejoso, en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad, respecto de la que dice tener la correspondiente licencia de construcción, con folio 66164, de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de ejecutar la suspensión de la obra decretada sobre tal inmueble. El punto 1 se desprende de los oficios que obran en copia certificada a fojas 55 y 56, y los diversos 2, 3, 4 y 5, el quejoso los manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. QUINTO. Actos inexistentes. El Primer Síndico integrante del Cabildo Municipal; Subdirector de Administración y Desarrollo Urbano; y Directora de Catastro y Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, al rendir sus informes con justificación manifestaron expresamente que no son ciertas las omisiones que se les reclaman, ya que no fueron notificados de las recomendaciones emitidas en el expediente 1VQU-0040/19, del índice de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a que se hace referencia en el escrito de demanda. Ahora bien, de conformidad con las jurisprudencias (V Región) 2o. J/2 (10a.), de rubro "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA." , y 2a./J. 99/2018 (10a.) intitulada "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." , ambas de aplicación obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para que exista una omisión por parte de una autoridad, primero ésta debe conocer de la condición que la coloque en la obligación de proceder en ciertos términos, a efecto de que el gobernado le pueda exigir un actuar. Por lo que ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de actuar. En otro orden, el quejoso hace depender las omisiones reclamadas de los hechos acontecidos el trece de febrero y veintidós de marzo del presente año, consistentes en esencia, que en la primera data se le prohibió el acceso a la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, a efecto de atender el citatorio 000988, y en virtud de ello en la segunda fecha referida un trabajador de dicho ayuntamiento suspendió la obra que se realizaba en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad. En el presente caso, el quejoso ofertó como pruebas de su parte, copias simples de: 1. Escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Oficina Foránea de San Luis Potosí, con sello de recepción de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, de la Quinta Visitaduría General Oficina Regional en San Luis Potosí. 2. Misiva destinada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, con sello de recibo del trece de febrero de dos mil dieciocho. 3. Citatorio con número de oficio 000988, signado por el Inspector de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí, dirigido al propietario o responsable del inmueble ubicado en Zeus, número 170, en Villa Magna. 4. Petición dirigida al Director de Concertación Política del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con sellos de recibo del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, de la Secretaría General y Dirección de Concertación Social de dicho ayuntamiento. 5. Oficio 1VAA-0005/19 dirigido a Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, signado por el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 6. Escrito dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, con sello de recepción del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 7. Misiva destinada a la Directora de Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con sello de recibo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 8. Recibo de entero A 1489489, expedido el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho por la Tesorería del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 9. Constancia con folio 0000066164, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, revisada por Imelda Benavente Leija, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, relativa al inmueble ubicado en Zeus, número 170, en Villa Magna. Tales documentales al ser copias simples, por sí solas carecen de valor probatorio, de ahí que no tienen el alcance para acreditar lo pretendido por el promovente del amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 71/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, que dispone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". Así como la diversa jurisprudencia 193 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 132, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Y por último el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, consultable con el número 194, en la página 133, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa". De lo hasta aquí expuesto resulta inconcuso que en el presente asunto no se encuentra acreditado que el Cabildo Municipal; Subdirector de Administración y Desarrollo Urbano; y Directora de Catastro y Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, tuvieran conocimiento de recomendaciones (medida precautoria) emitidas en el expediente 1VQU-0040/19, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. De ahí que, al no existir constancia que demuestre que previo a la promoción de la demanda, tales autoridades tuvieron conocimiento de la medida cautelar otorgada en su favor en el expediente administrativo citado, luego entonces no es dable atribuirles las omisiones que se les reclaman, pues ante tal falta de conocimiento por parte de las autoridades de tales recomendaciones [de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) antes invocada] no se encontraban obligados a actuar en los términos que pretende el promovente del amparo. No es óbice a lo anterior que el promovente exhibiera diversas copias simples con su escrito de demanda, toda vez que atendiendo a la debida valoración realizada en párrafos que preceden, sí solas carecen de valor probatorio, de ahí que no tienen el alcance para acreditar lo anterior. En otro orden, el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, al rendir los informes de ley que se le requirieron al Secretario General y Presidente Constitucional, ambos del citado ayuntamiento, expresó que las omisiones reclamadas de éstos son inexistentes, toda vez que en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, se expidieron los oficios 405/2019 y 406/2019, ambos signados por el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de los cuales se giraron instrucciones al Director de Concertación Social y Director de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, para que garantizaran el acceso y libre tránsito del promovente del amparo a las instalaciones de uso común de dicha autoridad. Y a efecto de acreditar su dicho exhibió copia certificada de tales comunicaciones oficiales, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones , mismas que no fueron objetadas por las partes, de las que se advierte lo antes informado, así como que éstas se notificaron a dichas autoridades el veintinueve de enero del año en curso (fojas 56 y 57). Lo expuesto conlleva a concluir que el veinticinco de enero del año en curso, el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ordenó al Director de Concertación Social y Director de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, giraran las instrucciones correspondientes al personal a su cargo a fin de que garantizaran el acceso y libre tránsito al aquí quejoso a las instalaciones de uso común de la Unidad Administrativa Municipal, siempre y cuando dicha persona cumpla con el marco de respeto a la normatividad interna dentro de los horarios de atención al público establecidos y lineamientos municipales que contribuyen a la prestación correcta del servicio público, y con ello acatar en sus términos las recomendaciones emitidas en el expediente 1VQU-0040/19, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. De lo anterior resulta evidente que en la fecha últimamente indicada el Secretario General y Presidente Constitucional, ambos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, emitieron las órdenes dirigidas a acatar las recomendaciones (medida precautoria) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, ya que libraron las comunicaciones oficiales al personal a su cargo para que actuaran en los términos ya apuntados. Lo que se traducía en garantizar el acceso y libre tránsito al aquí quejoso a las instalaciones de uso común de la Unidad Administrativa Municipal, siempre y cuando cumpliera con el marco de respeto a la normatividad que regula la atención al público. En cambio, Máxime que en autos no se encuentra acreditado que tales autoridades desobedecieran o incumplieran dicha medida cautelar, en los precisos términos que refiere el promovente del amparo en su demanda, esto es que el trece de febrero del año en curso, se le prohibió el acceso a la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, a efecto de atender el citatorio 000988, y en virtud de ello el veintidós de marzo siguiente, un trabajador de dicho ayuntamiento suspendió la obra que se realizaba en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad. De ahí que si en autos existe prueba plena que acredita que el Secretario General y Presidente Constitucional, ambos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, emitieron diversas comunicaciones oficiales a las áreas administrativas respectivas de dicha administración pública a efecto de permitir el libre tránsito al aquí quejoso en sus instalaciones, con las restricciones que a toda persona del público en general se le imponen (horario, debido comportamiento, etc), y no existe probanza que demuestre los hechos referidos por el promovente, que aduce acaecieron el trece de febrero del presente año, es dable concluir que no existen las omisiones reclamadas de dichas autoridades responsables. Solo a efecto de robustecer lo anterior, se reitera que las documentales que exhibió el promovente del amparo a su demanda son copias simples, las cuales por sí solas carecen de valor probatorio. En torno a los razonamientos anteriormente expuestos, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe, hoy diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 339/2019-VI, promovido por Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, contra actos del Presidente Municipal de San Luis Potosí y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada ese día a este Juzgado, Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que hizo consistir en: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI CON DOMICILIO EN MARIANO OTERO 685 COL. TEQUISQUIAPAN, C.P 78250 SAN LUIS POTOISI S.L.P., PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI LlC XAVIER NAVA PALACIOS, LIC. SEBASTIAN PEREZ GARCIA SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS PTOSI, CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO PATRICIA RODRIGUEZ ALVAREZ Y CATASTRO, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI CON DOMICILIO EN AV. DR, SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580, EL SANTUARIO, 78380 SAN LUIS. S L P." "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión de EJECUTAR las medidas precautorias y cautelares emitidas por la Comisión Estatal De Derechos Humanos de San Luis Potosí derivada de la queja presenta (sic) de fecha 18 de diciembre de 2018 contra actos deliberados por Autoridades Municipales..." Por auto de tres de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo 331/2019-V, se ordenó separar de oficio los autos, remitiendo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el oficio 5906/2019, con el fin de registrarla y turnarla al Juzgado de Distrito que correspondiera, tocando conocer de la misma a este Juzgado el cuatro de abril siguiente, únicamente respecto del Presidente Municipal, Secretario General, Cabildo, Directora de Desarrollo Urbano y Subdirector de Administración de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de quienes se reclamó: La omisión de ejecutar la medida precautoria emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en el expediente 1VQU-0040/19, del índice de esta última. Y como consecuencia (i) haberle impedido atender el citatorio con número de oficio 00098, que se le entregó con el fin de que se presentara en las oficinas de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, ubicadas en la unidad administrativa municipal San Luis Potosí, el trece de febrero de dos mil diecinueve en punto de las doce horas, y (ii) la suspensión de la obra que se realiza en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad, la cual se ejecutó el veintidós de marzo del presente año. Por auto de cinco de abril del año en curso, se recibió el citado oficio, registrándose el número de juicio de amparo 339/2019-VI, y se admitió a trámite dicho asunto. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 8, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se aperturó el incidente de suspensión solicitado, se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En virtud que el acto que por esta vía reclama el quejoso es de naturaleza omisiva, este juzgador considera que no es necesario que en tal supuesto se realice el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que la abstención de actuar por parte de la responsable, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la tesis III.5o.C.21 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1451, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar del Presidente Municipal, Secretario General, Cabildo, Directora de Desarrollo Urbano y Subdirector de Administración de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí: La omisión de ejecutar la medida precautoria emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en el expediente 1VQU-0040/19, del índice de esta última. Y como consecuencia (i) haberle impedido atender el citatorio con número de oficio 00098, que se le entregó con el fin de que se presentara en las oficinas de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, ubicadas en la unidad administrativa municipal San Luis Potosí, el trece de febrero de dos mil diecinueve, el trece de febrero de dos mil diecinueve en punto de las doce horas, y (ii) la suspensión de la obra que se realiza en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad, la cual se ejecutó el veintidós de marzo del presente año. CUARTO. Antecedentes de la omisión reclamada. De la lectura integral del asunto en que se actúa, se advierten como antecedentes de las omisiones reclamadas: 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, determinó en favor del aquí quejoso la medida cautelar 1VQU-0004/19, la cual consistía en que se garantizara el acceso y libre tránsito al aquí quejoso, a las instalaciones de uso común de la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, dentro de los horarios de atención al público establecidos y lineamientos municipales que contribuyan a la prestación correcta del servicio público. 2. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso recibió el citatorio con número de oficio 000988, a través del cual se le requirió para que a las doce horas del trece de febrero de dos mil diecinueve, se presentara en las oficinas de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal de este municipio. 3. Atendiendo a lo anterior, el aquí quejoso acudió a la hora y data señaladas, a la referida Unidad Administrativa Municipal; al llegar a la entrada principal de las instalaciones de ésta, elementos de la policía municipal le impidieron el acceso únicamente a él, argumentando que les habían dado la orden de no dejarlo pasar, haciendo mención el ahora agraviado, que no era la primera vez que se le impedía el libre acceso a dichas instalaciones. 4. En esa misma data, Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de formular queja para denunciar la violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades municipales, la cual fue remitida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. 5. El veintidós de marzo del año en curso, una persona del sexo masculino, quien se ostentó empleado del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se presentó a la obra que realizaba el aquí quejoso, en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad, respecto de la que dice tener la correspondiente licencia de construcción, con folio 66164, de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de ejecutar la suspensión de la obra decretada sobre tal inmueble. El punto 1 se desprende de los oficios que obran en copia certificada a fojas 55 y 56, y los diversos 2, 3, 4 y 5, el quejoso los manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. QUINTO. Actos inexistentes. El Primer Síndico integrante del Cabildo Municipal; Subdirector de Administración y Desarrollo Urbano; y Directora de Catastro y Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, al rendir sus informes con justificación manifestaron expresamente que no son ciertas las omisiones que se les reclaman, ya que no fueron notificados de las recomendaciones emitidas en el expediente 1VQU-0040/19, del índice de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a que se hace referencia en el escrito de demanda. Ahora bien, de conformidad con las jurisprudencias (V Región) 2o. J/2 (10a.), de rubro "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA." , y 2a./J. 99/2018 (10a.) intitulada "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." , ambas de aplicación obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para que exista una omisión por parte de una autoridad, primero ésta debe conocer de la condición que la coloque en la obligación de proceder en ciertos términos, a efecto de que el gobernado le pueda exigir un actuar. Por lo que ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de actuar. En otro orden, el quejoso hace depender las omisiones reclamadas de los hechos acontecidos el trece de febrero y veintidós de marzo del presente año, consistentes en esencia, que en la primera data se le prohibió el acceso a la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, a efecto de atender el citatorio 000988, y en virtud de ello en la segunda fecha referida un trabajador de dicho ayuntamiento suspendió la obra que se realizaba en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad. En el presente caso, el quejoso ofertó como pruebas de su parte, copias simples de: 1. Escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Oficina Foránea de San Luis Potosí, con sello de recepción de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, de la Quinta Visitaduría General Oficina Regional en San Luis Potosí. 2. Misiva destinada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, con sello de recibo del trece de febrero de dos mil dieciocho. 3. Citatorio con número de oficio 000988, signado por el Inspector de la Subdirección de Administración y Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí, dirigido al propietario o responsable del inmueble ubicado en Zeus, número 170, en Villa Magna. 4. Petición dirigida al Director de Concertación Política del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con sellos de recibo del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, de la Secretaría General y Dirección de Concertación Social de dicho ayuntamiento. 5. Oficio 1VAA-0005/19 dirigido a Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, signado por el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 6. Escrito dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, con sello de recepción del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 7. Misiva destinada a la Directora de Catastro y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con sello de recibo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 8. Recibo de entero A 1489489, expedido el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho por la Tesorería del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 9. Constancia con folio 0000066164, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, revisada por Imelda Benavente Leija, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, relativa al inmueble ubicado en Zeus, número 170, en Villa Magna. Tales documentales al ser copias simples, por sí solas carecen de valor probatorio, de ahí que no tienen el alcance para acreditar lo pretendido por el promovente del amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 71/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, que dispone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". Así como la diversa jurisprudencia 193 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 132, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Y por último el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, consultable con el número 194, en la página 133, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa". De lo hasta aquí expuesto resulta inconcuso que en el presente asunto no se encuentra acreditado que el Cabildo Municipal; Subdirector de Administración y Desarrollo Urbano; y Directora de Catastro y Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, tuvieran conocimiento de recomendaciones (medida precautoria) emitidas en el expediente 1VQU-0040/19, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. De ahí que, al no existir constancia que demuestre que previo a la promoción de la demanda, tales autoridades tuvieron conocimiento de la medida cautelar otorgada en su favor en el expediente administrativo citado, luego entonces no es dable atribuirles las omisiones que se les reclaman, pues ante tal falta de conocimiento por parte de las autoridades de tales recomendaciones [de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) antes invocada] no se encontraban obligados a actuar en los términos que pretende el promovente del amparo. No es óbice a lo anterior que el promovente exhibiera diversas copias simples con su escrito de demanda, toda vez que atendiendo a la debida valoración realizada en párrafos que preceden, sí solas carecen de valor probatorio, de ahí que no tienen el alcance para acreditar lo anterior. En otro orden, el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, al rendir los informes de ley que se le requirieron al Secretario General y Presidente Constitucional, ambos del citado ayuntamiento, expresó que las omisiones reclamadas de éstos son inexistentes, toda vez que en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, se expidieron los oficios 405/2019 y 406/2019, ambos signados por el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de los cuales se giraron instrucciones al Director de Concertación Social y Director de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, para que garantizaran el acceso y libre tránsito del promovente del amparo a las instalaciones de uso común de dicha autoridad. Y a efecto de acreditar su dicho exhibió copia certificada de tales comunicaciones oficiales, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones , mismas que no fueron objetadas por las partes, de las que se advierte lo antes informado, así como que éstas se notificaron a dichas autoridades el veintinueve de enero del año en curso (fojas 56 y 57). Lo expuesto conlleva a concluir que el veinticinco de enero del año en curso, el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ordenó al Director de Concertación Social y Director de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, giraran las instrucciones correspondientes al personal a su cargo a fin de que garantizaran el acceso y libre tránsito al aquí quejoso a las instalaciones de uso común de la Unidad Administrativa Municipal, siempre y cuando dicha persona cumpla con el marco de respeto a la normatividad interna dentro de los horarios de atención al público establecidos y lineamientos municipales que contribuyen a la prestación correcta del servicio público, y con ello acatar en sus términos las recomendaciones emitidas en el expediente 1VQU-0040/19, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. De lo anterior resulta evidente que en la fecha últimamente indicada el Secretario General y Presidente Constitucional, ambos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, emitieron las órdenes dirigidas a acatar las recomendaciones (medida precautoria) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, ya que libraron las comunicaciones oficiales al personal a su cargo para que actuaran en los términos ya apuntados. Lo que se traducía en garantizar el acceso y libre tránsito al aquí quejoso a las instalaciones de uso común de la Unidad Administrativa Municipal, siempre y cuando cumpliera con el marco de respeto a la normatividad que regula la atención al público. En cambio, Máxime que en autos no se encuentra acreditado que tales autoridades desobedecieran o incumplieran dicha medida cautelar, en los precisos términos que refiere el promovente del amparo en su demanda, esto es que el trece de febrero del año en curso, se le prohibió el acceso a la Unidad Administrativa Municipal de San Luis Potosí, a efecto de atender el citatorio 000988, y en virtud de ello el veintidós de marzo siguiente, un trabajador de dicho ayuntamiento suspendió la obra que se realizaba en el inmueble localizado en calle Zeus, número 170, colonia Villa Magna, en esta ciudad. De ahí que si en autos existe prueba plena que acredita que el Secretario General y Presidente Constitucional, ambos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, emitieron diversas comunicaciones oficiales a las áreas administrativas respectivas de dicha administración pública a efecto de permitir el libre tránsito al aquí quejoso en sus instalaciones, con las restricciones que a toda persona del público en general se le imponen (horario, debido comportamiento, etc), y no existe probanza que demuestre los hechos referidos por el promovente, que aduce acaecieron el trece de febrero del presente año, es dable concluir que no existen las omisiones reclamadas de dichas autoridades responsables. Solo a efecto de robustecer lo anterior, se reitera que las documentales que exhibió el promovente del amparo a su demanda son copias simples, las cuales por sí solas carecen de valor probatorio. En torno a los razonamientos anteriormente expuestos, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe, hoy diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del juzgado. "

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, a través del cual realiza diversas manifestaciones, las cuales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen en vía de alegatos, mismos que podrán ser tomados en cuenta en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de que se haga relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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