Gerardo Armando García Guadarrama

Expediente 776/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
776/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Armando García Guadarrama
  • Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que la misma causa ejecutoria. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gerardo Armando García Guadarrama, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando.

  3. Principal

    agréguese el oficio firmado por la Presidente de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con el cuál rinde el informe justificado solicitado; lo que hace en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley de la materia, por lo que dése vista a las partes para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por********************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese bajo el juicio de amparo 776/2019-VI. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga lugar la audiencia constitucional; sin necesidad de tramitar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe; apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y además, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. Para tal fin, remítase copia simple de la demanda, como anexo al oficio con que se notifique este auto, toda vez que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 5 fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público Federal la intervención que le corresponde. En términos del artículo 5 fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada al Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo que, con la finalidad de no contravenir las reglas del procedimiento, se ordena emplazarlas con las formalidades debidas, por medio de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la propia ley, entregándole copia simple de la demanda de amparo, notificándole la fecha de la audiencia constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la ley de la materia. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que obre en autos el informe justificado solicitado a la autoridad responsable y se tenga la certeza de los actos reclamados, y se esté en aptitud de analizar si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, de la ley de la materia, le resulta tal carácter a persona alguna. Con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les aplicará multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se tiene por anunciada y aportada como prueba de la parte quejosa la documental que anexa a su demanda, consistente en un escrito firmado por José Arturo Molina Mendoza, representante legal del quejoso en el expediente laboral 854/2019, de donde se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó a la Junta Especial Número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que se realizara el cierre de instrucción y se turnaran los autos a fin de que se dictara el laudo correspondiente, la cual se desahoga desde luego, dada su naturaleza, en el entendido que deberá ser relacionada al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número********************, colonia ********************, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados José Arturo Molina Mendoza y Jorge Emiliano Salayandía Olivas Hernández, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, aparecen cédulas profesionales registradas a su nombre y únicamente para oír y recibir notificaciones a la licenciada Clarissa Terrazas Castañeda, por no contar con dicho registro y únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel Humberto González Martínez, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se autoriza a la secretaria firmar los oficios correspondientes. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

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