Gerardo Aparicio Osorio
Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Aparicio Osorio
Actuaciones
- Principal
---el oficio remitido vía interconexión y signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través del cual, informa las tomadas para la diligenciación del exhorto 228/2022 (...
- Principal
... Quejosa solicita copias. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, y hágase entrega de las mismas a la ocursante, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. Asimismo, se informa al promovente, que de conformidad con el memorándum SEA/CAR/ARXAL/ 34/2020, signado por el Administrador Regional ********************, relacionado con las medidas administrativas correspondientes para la entrega de copias, deberán comunicarse a los teléfonos ******************** y/o al correo electrónico asoc.jubpen_pjf@yahoo.com.mx, con la finalidad de programar su cita para la generación de las copias por parte del personal dentro del centro de fotocopiado con cuarenta y ocho horas de anticipación, la cual será responsabilidad de la parte interesada que coincida con la que genere para la entrada a las instalaciones de la sede del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad. Por otra parte, dígase al promovente que en términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obran en aquél, y que las mismas se consideran como copias certificadas electrónicamente, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, por lo que podrán realizar las impresiones necesarias. Luego, corresponde directamente a los justiciables obtener las constancias electrónicas relativas al expediente electrónico, las cuales podrán descargar en su equipo de cómputo mismas que se consideran como copias certificadas cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica....
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Aparicio Osorio, por propio derecho, contra actos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 1007/2022/VII-A. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "a). El Oficio No. UTGZ/AG/103/2022 de fecha 22 de Septiembre del año en curso, que viola el artículo 1°, 3° y 4°, Del capítulo I del Reglamento para la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Según el Decreto por el que se Crea la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora en íntima relación con los artículos 1°. 4°. 5°. 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b). La omisión de respetar mis derechos de audiencia y debido proceso para realizar el acto de privación de mi derecho a ejercer el nombramiento por tiempo indeterminado de fecha 16 de Septiembre del ario 2014 como Docente, en el levantamiento del acta administrativa realizada en fecha 08 de Septiembre del ario en curso y que da origen, al acto que determina suspender la relación de manera unilateral, que nos une con la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, el cual viola el artículo 1°, 3°, y 4, Del capítulo I del Reglamento para la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Según el Decreto por el que se Crea la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora en íntima relación con los artículos 10. 4°. 5°. 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c). La inconstitucional discriminación que hizo respecto de mi persona, en la determinación, de terminar con la relación jurídica constitucional que me unía o une como Docente con 35 horas semana mes de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA. d). Del Mtro. RONALD CASTRO ORTIZ, en su Carácter de Abogado General, de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA. La ejecución y consecuencias que traen aparejada los actos que reclamo de la de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, relativas al ordenar y a haber dejado de pagar mis emolumentos, así como el pago de la cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social. e). Del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reclamo: La ejecución que traen aparejada los actos que reclamo de las demás autoridades responsables, la cual se materializa en el hecho de dejar de prestar los servicios médicos y de asistencia médica a la que tengo derecho junto con mi familia." Desechamiento. Ahora, el artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Gerardo Aparicio Osorio, señala como acto reclamado medularmente, el oficio número UTGZ/AG/103/2022 de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se le hace de su conocimiento que a partir de esa fecha, se suspende su relación laboral como docente con la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, por causas imputadas al aquí quejoso, con motivo de una investigación que se instauró en su contra, en relación a diversa documentación que se le requirió por parte del Centro Escolar precisado, sin que se hubiera presentado. Expresiones que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. (...) Precisado lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia ZOILA FLOR JUAREZ SAN MARTIN 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.31.2e 25/05/24 18:00:00 prevista en los artículos 612, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I3, y 54, fracción II de la Ley de Amparo, y 1035, fracción I de la Constitución Federal. De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, por esa razón, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y en el presente asunto, la parte quejosa manifiesta que desde el veintidós de septiembre del año en curso, se le hizo de su conocimiento a través del oficio UTGZ/AG/103/2022, que a partir esa fecha se suspendía la relación laboral que tenía como docente en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, por causas imputadas al aquí quejoso Gerardo Aparicio Osorio. Así, el acto que reclama el quejoso, de ninguna manera configura el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público); pues sólo se afectan derechos que pudieran corresponder al promovente, que en todo caso, inciden directamente en el ámbito laboral, porque derivan de la relación de trabajo que existe entre el quejoso y su patrón (Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora), tal y como lo reconoce en su demanda de amparo y acredita a través de la copia simple del oficio número UTGZ/AG/103/2022 de fecha veintidós de septiembre del año en curso, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que a partir esa fecha, se le suspende de la relación laboral que tenía entablada con la mencionada institución educativa, en la que se desempeñaba como docente así como las consecuencias legales que pudiera traer la suspensión de relación obrero patronal. Lo anterior pone de manifiesto que, para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5°, fracción II de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquella que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición del quejoso como docente no es la de un gobernado sino de empleado, por virtud de la celebración de un contrato que en su momento llevó a cabo con dicha Institución educativa, es decir con la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, en donde fungía como docente. Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación. Lo anterior, ya que el acto reclamado no deriva del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no se produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. Es por ello que, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre el aquí quejoso y un ente de la administración pública; esto es, la autoridad que designó actúa como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio, por lo que al suspender su relación laboral como docente, no está actuando con facultades de imperio sino en su carácter de patrón frente a uno de sus trabajadores. Por lo que, no es un acto susceptible de controvertirse en sede constitucional como lo pretende la quejosa, ya que en todo caso podría impugnarlo ante la autoridad laboral respectiva. Conclusión. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del dispositivo 61, que analizada junto con el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Guadalupe Mosqueda Herrera, Yathra Alicia Campuzano Cazarín, Abraham Rodríguez Hernández y Gerónimo Gabriel Polo Navarro, en virtud de que de la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédulas profesionales. Medios de contacto. Conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medios de contacto de la parte promovente, el correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente para que los actuarios judiciales tengan comunicación y se les facilite realizar las notificaciones en este juicio. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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