Gerardo Antonio Torres Mena y Otros.

Expediente 620/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
620/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2015

Partes del expediente

  • Gerardo Antonio Torres Mena y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan estos autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gerardo Antonio Torres Mena, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando cuarto del presente fallo. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, de las constancias que integran este asunto, se observa lo siguiente: a) El veinticinco de abril de dos mil catorce, se dictó sentencia en este asunto, y se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, realizará todas aquellas diligencias necesarias de manera expedita y haciendo efectivos los medios de apremio correspondientes, para que el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, diera total cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 196/2008; y, en caso de resistencia realizara de forma inmediata el procedimiento de embargo establecido en la legislación burocrática aplicable, así como todas aquellas medidas que a su juicio fueran procedentes para lograr el pago íntegro de las prestaciones adeudadas (fojas 298 a 316). b) El treinta de mayo de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, y se requirió su cumplimiento a la referida autoridad responsable (foja 361). c) En diversas ocasiones se ha requerido al Tribunal responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este asunto (fojas 371, 381, 388, 394, 395, 409 y 432), siendo el último requerimiento de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince (foja 493). d) Asimismo, mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, se solicitó al Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, informara si fue aprobada la ampliación presupuestal o la creación de una partida suficiente para cubrir la cantidad de dinero que se adeuda al aquí quejoso (fojas 502 y 503); y en respuesta a ello, mediante oficio de nueve de abril de dos mil quince (foja 510), el Síndico Único y Representante Legal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, informó que se encuentra contemplado un apartado presupuestal que contiene recursos para cumplir con las obligaciones de carácter laboral; por lo que dependiendo de la recepción de los Recursos que la Federación otorgue a ese rubro se estará en condiciones de cumplir con el laudo a favor de Mario Eliut Hernández Gamoneda (foja 510). De lo anterior, se advierte que si bien el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ha atendido a los múltiples requerimientos que se le han efectuado, lo cierto es que el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, reitera que se encuentra analizando las vías que existen de acuerdo a sus ingresos para dar cumplimiento al laudo al que se le condenó y cuyo incumplimiento dio origen a la concesión del amparo en este juicio; sin que a la fecha se advierta una acción concreta y objetiva tendiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en los puntos quinto, fracción IV, y décimo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta procedente remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo. Cabe destacar que el artículo 194 de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable a efecto de que constriña a ésta a cumplir con el fallo protector y que, ante el incumplimiento de ambos (la autoridad responsable y su superior jerárquico), se forme incidente de inejecución de sentencia y se envíe el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; sin embargo, en el caso, la autoridad responsable es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, quien no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo; de ahí que se estime pertinente remitir el asunto en inejecución de sentencia al Tribunal colegiado de Circuito que Corresponda. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008147 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 63/2014 (10a.) Página: 6 CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Con independencia de lo anterior, atendiendo al derecho humano de justicia pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS legalmente computado, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o en su defecto, comunique las medidas que adopte con tal finalidad o el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN A MIL DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Comuníquese esta determinación al Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, con residencia en esa ciudad, mediante oficio que al efecto se libre, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por las autoridades responsables, residentes en Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado en autos. Por otro lado, como solicitan las autoridades oficiantes, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que señalan.

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